MARTÍN HERNÁNDEZ ALCÁNTARA
Una ciudadana denunció diversos delitos e irregularidades cometidos en su contra por la Procuraduría General de Justicia (PGJ), entre ellos que elementos de la Policía Judicial de Puebla pasaron por alto un amparo que le concedió el Juzgado Sexto de Distrito y no sólo la detuvieron con lujo de violencia, sino que la torturaron.
La señora Martha Elena Ramírez Sosa acudió a las instalaciones de esta casa editorial para contar las vejaciones que ha sufrido. Relató que su ex suegra, María Elena Suárez Medel, presentó una denuncia por fraude ante la agencia del Ministerio Público investigador de la delegación ubicada en la colonia La Popular, en la capital poblana. La querella quedó asentada en la averiguación previa 2026/2009, pero las imputaciones no fueron comprobadas.
Suarez Medel se inconformó, y la averiguación previa fue remitida a la Dirección Consultiva y de Estudios Legislativos de la Procuraduría General de Justicia, la cual resolvió archivar las pesquisas respecto al delito de fraude, pero que se indagara a Ramírez Sosa por un posible delito de falsificación de documentos y consignarla ante el Juzgado Séptimo de lo Penal, que así inició el proceso 295/2007
A pesar de no existir pruebas en contra de Ramírez Sosa que la inculparan por el delito de falsificación de documentos, el representante social ejerció acción penal contra ella, quien enterada del asunto, promovió el 19 de enero del presente año un juicio de amparo indirecto, que le concedió el Juez Sexto de Distrito, Rafael González Castillo.
La audiencia incidental del juicio de garantías se programó para el 22 de enero. El juez González Castillo solicitó a la titular del Juzgado Séptimo de lo Penal, Rosalva Elena Zárate, que le informara si había obsequiado una orden de aprehensión contra Martha Ramírez Sosa, pero aquella no respondió en los tiempos legales y el amparo fue concedido. Un día después, el 23 de enero, se notificó a los titulares de la procuraduría General de Justicia y de la Policía Judicial, Rodolfo Igor Archundia Sierra y Hugo Isaac Arzola Muñoz que no podían detener a la amparada.
Empero, la mañana del 26 de enero, Ramírez Sosa fue detenida frente a la escuela de su hija, con un despliegue de fuerza desbordado para tratarse de una acusada de falsificación: por principio de cuentas, el abogado notificó a las autoridades sobre la arbitrariedad que cometían, pues su representada estaba amparada, pero no le hicieron caso. La acción fue realizada por elementos pertenecientes a la Dirección de Investigaciones sobre Delincuencia Organizada (DIEDO) –acostumbrados a tratar con narcotraficantes y secuestradores–, quienes usaron una grúa para llevarse a la mujer con todo y su vehículo.
En las instalaciones de la Dirección de Investigaciones sobre Delincuencia Organizada fue esposada, golpeada y humillada por los agentes, quienes le cubrieron la cara durante la tortura y le tomaron fotografías semidesnuda. Cuando el abogado de la víctima exhibió las copias certificadas del juicio de amparo 47/2009, la dirección jurídica ordenó que se devolviera su libertad a Ramírez, quien durante cinco horas fue vejada.
Fuente: La Jornada de Oriente (Puebla)
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