Después de que el presidente de la Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia, confirmó -en su tercer día de análisis- que la mayoría de ministros del alto tribunal llegó a la conclusión de que sí se registraron violaciones graves de garantías en los operativos registrados en la comunidad de San Salvador Atenco, el 3 y 4 de mayo de 2006, el Pleno comenzó a revisar la actuación que tuvieron cada uno de los funcionarios involucrados en los hechos.
De entrada, el primero en referirse a este tema fue el ministro Góngora Pimentel, quien, en primer término, le pidió a sus compañeros que la Corte haga "un señalamiento expreso de las autoridades responsables y de las conductas que le son atribuibles".
Góngora cuestionó la propuesta que presentó su compañero el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, como encargado del caso, en el sentido de sólo emitir un punto resolutivo en el que se diga que sí hubo violaciones graves de garantías, sino decir quienes las cometieron o qué participación tuvieron en su comisión.
"Me parece -dijo Góngora- que en el proyecto se soslaya la importancia de los mandos superiores, bajo el argumento de que no hubo instrucciones de ejercer violencia", siendo que, agregó, "las omisiones denotan tolerancia hacia conductas que lesionan a las víctimas y a la sociedad y que impide el desarrollo normal de una sociedad democrática".
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