El homicidio de los líderes indígenas, por acusar a soldados: Nava
MARLEN CASTRO
CHILPANCINGO, 23 DE FEBRERO. Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, presidente y secretario de la Organización para el Futuro de los Pueblos Indígenas Mixtecos (OFPM), quienes aparecieron muertos el pasado sábado con visibles huellas de tortura luego ocho días de desaparecidos, eran sobrevivientes de la masacre de El Charco, en Ayutla, ocurrida la madrugada del 7 de junio de 1998, recordó el dirigente de la Organización de los Pueblos y Colonias de Guerrero (OPCG), Pedro Nava Rodríguez.
Nava Rodríguez añadió que este elemento histórico no puede ignorarse en el caso de los indígenas na savi, quienes desaparecieron juntos el viernes 13 de febrero, pues desde la masacre de El Charco, perpetrada por el Ejército, “nunca se les quitó la vigilancia de encima”.
Esa madrugada del 7 de junio de 1998, policías estatales y soldados atacaron a un grupo de personas que dormía en la primaria de esa comunidad na savi, y mataron a 11 de ellas.
En el décimo aniversario de esa masacre, el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) admitió por primera vez en un comunicado que en esa ocasión cayeron cuatro de sus combatientes, entre ellos el capitán José, quien encabezaba la columna guerrillera, aceptando también que habían tenido ahí una reunión “con pobladores que buscaban la solución a muchos de sus problemas”.
Lucas Lucía y Ponce Rosas, cuando aún pertenecían a la Organización del Pueblo Indígena Mixteco y Tlapaneco (OPIMT) –las que se separaron en 2002 para la mejor atención de cada nación indígena y formaron entonces la OPIM y la OFPM– fueron de los pocos que sobrevivieron a la masacre de El Charco.
Luego de exigir el esclarecimiento de los asesinatos de los dirigentes de la OFPM, y de recordar el dato de que se trataba de dos sobrevivientes de una de las dos grandes masacres ocurridas en Guerrero en los años recientes, Nava Rodríguez insistió en que la desaparición y el homicidio de líderes sociales no pueden considerarse un hecho común.
Consideró inadmisible la forma cómo los responsables de la seguridad pública de Ayutla, conjuntamente con las autoridades ministeriales, permitieron que los autores materiales actuaran a pesar de las denuncias oportunas para exigir que los encontraran.
Nava Rodríguez apuntó que no le queda duda de que la detención, la tortura y asesinato de Lucas y Ponce sean consecuencia de la lucha que venían encabezando en defensa de los indígenas de la zona.
De manera recurrente, ambos dirigentes denunciaban los abusos que cometían los militares contra la población na savi, además de que organizaban a las comunidades para frenar tales excesos por las vías legales, recordó Nava.
Destacó que la vigilancia policiaca sobre Lucas Lucía y Ponce Rosas se incrementó a partir de la visita de integrantes de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU sobre Derechos Humanos, pues aportaron mucha información sobre las violaciones a las garantías individuales cometidas por militares en la zona, por lo que consideró imposible que con tanta atención sobre ambos líderes las autoridades no tengan pistas sobre la identidad de los asesinos.
También el dirigente de la Unión de Agrónomos del Estado de Guerrero, Eloy Romero Gatica, entrevistado junto con Nava Rodríguez, exigió a la dependencia buscar y castigar a los responsables del doble crimen.
Fuente: La Jornada de Guerrero
MARLEN CASTRO
CHILPANCINGO, 23 DE FEBRERO. Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, presidente y secretario de la Organización para el Futuro de los Pueblos Indígenas Mixtecos (OFPM), quienes aparecieron muertos el pasado sábado con visibles huellas de tortura luego ocho días de desaparecidos, eran sobrevivientes de la masacre de El Charco, en Ayutla, ocurrida la madrugada del 7 de junio de 1998, recordó el dirigente de la Organización de los Pueblos y Colonias de Guerrero (OPCG), Pedro Nava Rodríguez.
Nava Rodríguez añadió que este elemento histórico no puede ignorarse en el caso de los indígenas na savi, quienes desaparecieron juntos el viernes 13 de febrero, pues desde la masacre de El Charco, perpetrada por el Ejército, “nunca se les quitó la vigilancia de encima”.
Esa madrugada del 7 de junio de 1998, policías estatales y soldados atacaron a un grupo de personas que dormía en la primaria de esa comunidad na savi, y mataron a 11 de ellas.
En el décimo aniversario de esa masacre, el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) admitió por primera vez en un comunicado que en esa ocasión cayeron cuatro de sus combatientes, entre ellos el capitán José, quien encabezaba la columna guerrillera, aceptando también que habían tenido ahí una reunión “con pobladores que buscaban la solución a muchos de sus problemas”.
Lucas Lucía y Ponce Rosas, cuando aún pertenecían a la Organización del Pueblo Indígena Mixteco y Tlapaneco (OPIMT) –las que se separaron en 2002 para la mejor atención de cada nación indígena y formaron entonces la OPIM y la OFPM– fueron de los pocos que sobrevivieron a la masacre de El Charco.
Luego de exigir el esclarecimiento de los asesinatos de los dirigentes de la OFPM, y de recordar el dato de que se trataba de dos sobrevivientes de una de las dos grandes masacres ocurridas en Guerrero en los años recientes, Nava Rodríguez insistió en que la desaparición y el homicidio de líderes sociales no pueden considerarse un hecho común.
Consideró inadmisible la forma cómo los responsables de la seguridad pública de Ayutla, conjuntamente con las autoridades ministeriales, permitieron que los autores materiales actuaran a pesar de las denuncias oportunas para exigir que los encontraran.
Nava Rodríguez apuntó que no le queda duda de que la detención, la tortura y asesinato de Lucas y Ponce sean consecuencia de la lucha que venían encabezando en defensa de los indígenas de la zona.
De manera recurrente, ambos dirigentes denunciaban los abusos que cometían los militares contra la población na savi, además de que organizaban a las comunidades para frenar tales excesos por las vías legales, recordó Nava.
Destacó que la vigilancia policiaca sobre Lucas Lucía y Ponce Rosas se incrementó a partir de la visita de integrantes de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU sobre Derechos Humanos, pues aportaron mucha información sobre las violaciones a las garantías individuales cometidas por militares en la zona, por lo que consideró imposible que con tanta atención sobre ambos líderes las autoridades no tengan pistas sobre la identidad de los asesinos.
También el dirigente de la Unión de Agrónomos del Estado de Guerrero, Eloy Romero Gatica, entrevistado junto con Nava Rodríguez, exigió a la dependencia buscar y castigar a los responsables del doble crimen.
Fuente: La Jornada de Guerrero
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