Repudio generalizado de organizaciones
MARGENA DE LA O Y CITLAL GILES
Chilpancingo, 22 de febrero. El coordinador del centro de derechos humanos Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, declaró que el asesinato de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas fue una “doble ejecución extrajudicial”, y culpó a los tres niveles de gobierno por no intervenir a tiempo para salvarles la vida a los dos defensores de los derechos humanos.
Por su parte, el abogado del centro Vidulfo Rosales Sierra, calificó el doble asesinato de “crimen de Estado” y también reprobó que las autoridades no hayan investigado la desaparición, a pesar de los diversos recursos que interpusieron.
En tanto, la ex secretaria de Derechos Humanos del PRD estatal, Aurora Muñoz Martínez, consideró que la ejecución de los indígenas es un claro mensaje para intimidar a las organizaciones defensoras de los derechos humanos.
Abel Barrera afirmó que los dirigentes fueron desaparecidos por ministeriales. Al respecto, el director de la Ministerial, Erit Montúfar Mendoza, se deslindó de las acusaciones, y aseveró que investigarán para dar con los responsables, y demostrar que no están relacionados con este caso.
Rosales Sierra lamentó las declaraciones del procurador de Justicia, Eduardo Murueta Urrutia, al adelantarse a señalar que los dirigentes de la OFPM habían sido levantados, para vincularlos con la delincuencia organizada.
Sobre el caso, el arzobispo, Felipe Aguirre Franco, alertó que la violencia “se está enseñoreando” en casi toda la entidad, pero rechazó que las acciones del estado sean superadas por la delincuencia organizada y exhortó a la población a confiar en el Ejército.
Postura de otras organizaciones
El dirigente de la ACNR, Arturo Miranda Ramírez, repudió el doble crimen y trasladó este episodio a la “negra etapa de la guerra sucia”; culpó a los tres niveles de gobierno de utilizar nuevas medidas de criminalización de la lucha social.
Mientras que el dirigente de la CETEG, Jorge García Hernández, se dijo consternado por el doble homicidio, porque la lucha social está siendo acallada.
La Jornada de Guerrero
MARGENA DE LA O Y CITLAL GILES
Chilpancingo, 22 de febrero. El coordinador del centro de derechos humanos Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, declaró que el asesinato de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas fue una “doble ejecución extrajudicial”, y culpó a los tres niveles de gobierno por no intervenir a tiempo para salvarles la vida a los dos defensores de los derechos humanos.
Por su parte, el abogado del centro Vidulfo Rosales Sierra, calificó el doble asesinato de “crimen de Estado” y también reprobó que las autoridades no hayan investigado la desaparición, a pesar de los diversos recursos que interpusieron.
En tanto, la ex secretaria de Derechos Humanos del PRD estatal, Aurora Muñoz Martínez, consideró que la ejecución de los indígenas es un claro mensaje para intimidar a las organizaciones defensoras de los derechos humanos.
Abel Barrera afirmó que los dirigentes fueron desaparecidos por ministeriales. Al respecto, el director de la Ministerial, Erit Montúfar Mendoza, se deslindó de las acusaciones, y aseveró que investigarán para dar con los responsables, y demostrar que no están relacionados con este caso.
Rosales Sierra lamentó las declaraciones del procurador de Justicia, Eduardo Murueta Urrutia, al adelantarse a señalar que los dirigentes de la OFPM habían sido levantados, para vincularlos con la delincuencia organizada.
Sobre el caso, el arzobispo, Felipe Aguirre Franco, alertó que la violencia “se está enseñoreando” en casi toda la entidad, pero rechazó que las acciones del estado sean superadas por la delincuencia organizada y exhortó a la población a confiar en el Ejército.
Postura de otras organizaciones
El dirigente de la ACNR, Arturo Miranda Ramírez, repudió el doble crimen y trasladó este episodio a la “negra etapa de la guerra sucia”; culpó a los tres niveles de gobierno de utilizar nuevas medidas de criminalización de la lucha social.
Mientras que el dirigente de la CETEG, Jorge García Hernández, se dijo consternado por el doble homicidio, porque la lucha social está siendo acallada.
La Jornada de Guerrero
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