viernes, 9 de enero de 2009

Denuncian ONG colusión entre sicarios y el Ejército

Casos Mojica y Torres lo evidencian

MARLEN CASTRO

CHILPANCINGO, 7 DE ENERO. El coordinador en Guerrero del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, Bertoldo Martínez Cruz, denunció que la detención del dirigente de la Organización Tierra y Libertad, Máximo Mojica Delgado, la ejecutó un nuevo grupo paramilitar al servicio del gobernador Zeferino Torreblanca Galindo.

En conferencia de prensa, Martínez Cruz, acompañado de representantes de otras organizaciones integradas en el Frente Guerrerense contra la Represión e Impunidad (FGRI), sostuvo que quienes detuvieron a Mojica pertenecen a “un grupo nuevo que opera en la oscuridad” y negó rotundamente que haya sido la Policía Ministerial, como sostiene el gobierno del estado.

Más aún, el coordinador del Comité de Familiares y Amigos de Desaparecidos, Secuestrados y Asesinados, Javier Monroy Hernández, denunció que en las detenciones de Mojica y del campesino ecologista Javier Torres Cruz se pusieron en evidencia los lazos que mantienen las autoridades con grupos paramilitares y el Ejército la delincuencia organizada.

Monroy Hernández señaló que Torres Cruz, quien desapareció durante 10 días en diciembre, fue detenido en un retén militar entre La Morena y Petatlán, en la Costa Grande, pero lo entregaron a sicarios, quienes lo torturaron y lo dieron por muerto con todos los balazos que le tiraron cuando iba huyendo, luego de que en un descuido se les escapó.

En el caso de Mojica, Monroy Hernández aseguró que éste fue detenido por paramilitares y ellos lo entregaron a la ministerial. El dirigente social estuvo desaparecido cinco días, también en diciembre; reapareció en las instalaciones de la Procuraduría, de Justicia en Acapulo.

Martínez Cruz agregó que cuando platicaron con Mojica y les mostró los golpes que recibió, les informó que lo había detenido “gente de un grupo extraño”.

Los representantes acusaron al gobierno federal y estatal de detenciones ilegales.

Martínez Cruz acusó que con el pretexto del combate a la llamada delincuencia organizada se está utilizando a los grupos paramilitares para detener a los luchadores sociales.

“En Guerrero, las autoridades trabajan de manera coordinada con esos grupos, y en general, así lo hace también el gobierno federal”, asentó.

Por todo lo anterior, Arturo Miranda Ramírez, dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero y Luis Muñoz, de la CETEG, demandaron la salida del Ejército de las calles y que se terminen los operativos del instituto armado.

Miranda Ramírez resaltó que los operativos militares “son para justificar el Plan Mérida, el que implica una intromisión directa del gobierno estadunidense en nuestro país”.

Fuente: La Jornada de Guerrero.

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