Utopía

Pasta de Conchos: impunidad

Eduardo Ibarra Aguirre

Casi tres años después, a cumplirse el 19 de febrero de 2009, de que 65 mineros perdieron la vida en una explosión en Pasta de Conchos, Coahuila, y de que 63 cuerpos siguen abandonados en el socavón de la mina, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos envió a la Procuraduría General de la República la recomendación 64/2008.
Remitido a Eduardo Medina-Mora Icaza, el documento de la CNDH sostiene que debido a “las omisiones y deficiencias” --en la indagatorias-- en que incurrieron funcionarios de lo que ahora se autodenomina representación social y bajo el priato abogado de la nación, el expediente fue enviado a la reserva, “lo cual significa dar impunidad a los responsables de la tragedia”.
Impunidad es un concepto y una práctica claves en un Estado como el mexicano, desbordado por los ilícitos que a plena luz del día cometen el narcotráfico y el crimen organizado en una macabra espiral de violencia que arroja diariamente cuotas y dosis impensables.
Más aún cuando Felipe de Jesús Calderón Hinojosa los sortea con piezas oratorias de corte patriotero en las que fabrica héroes por todos lados, como antes lo hizo ridículamente con su amigo Juan Camilo Mouriño Terrazo. Y el general Enrique Alonso Garrido Abreu leyó un mensaje de Enrique Galván Galván en el que aseguran que “usarán todo el poder del instituto armado“ contra los asesinos de los ocho militares decapitados en Chilpancingo, Guerrero.
El combate a la impunidad, por todas las vías legales, es indispensable cuando sólo uno de cada 10 delitos se denuncia. Y de los denunciados sólo 1.24 son consignados. ¡La impunidad, en México, es de 98.76 por ciento!
En el país de los impunes es de particular importancia la recomendación de José Luis Soberanes Fernández, no sólo porque reivindica el valor de la vida de los 65 obreros ante la indolencia y hasta connivencia del gobierno federal a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social –encabezada por Javier Lozano Alarcón-- y la PGR, frente a lo que diversos actores sociales consideran un crimen industrial, sino también porque parecieran intocables, sagrados, los intereses plutocráticos de Industrial Minera México, empresa filial de Grupo México, propiedad ambas de Germán Larrea Mota Velasco.
Con la inaceptable, por parcial, conducta de la PGR “se da impunidad a los responsables de la catástrofe, que mantiene sepultados en la mina a 63 trabajadores (en lo) que según las evidencias fue un hecho que pudo evitarse de haberse aplicado las normas de seguridad establecidas por la correcta operación del socavón”, sostiene el doctor Fernández y lo han documentado múltiples organizaciones, empezando por el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, las viudas y deudos de Pasta de Conchos y José Raúl Vera López.
La petición de la CNDH para que la PGR saque el caso de la reserva tiene como base que existen violaciones a los derechos básicos de acceso a la legalidad y a la seguridad jurídica en contra de los fallecidos hace 34 meses y sus familias, así como otros atropellos por el ejercicio indebido de la función pública y la deficiente integración de la averiguación previa, atribuible a servidores de la PGR.
El alegato y los argumentos jurídicos del mal llamado ombudsman (defensor del pueblo) nacional (sic) no tienen desperdicio y lo acercan un poco más con los agraviados de siempre por el poder público y los poderes fácticos, practicantes y promotores privilegiados de la impunidad para salvaguardar sus mezquinos intereses y sus alianzas impresentables.
¡Mejor año! Nos reencontramos el 7 de enero.
Acuse de recibo
Al buzón electrónico de Utopía llegan generosos mensajes navideños y por el fin de 2008. Agradezco y correspondo a los deseos de Wilbert Alonzo-Cabrera, periodista de Nueva York; Anne Marie Weiss-Armush, de Dallas, Texas; Eduardo Quezada, periodista de Los Ángeles, California, Estados Unidos; el arquitecto Omar Berengeno, director de Auditorium Shopping Peatonal, de Mar del Plata, Argentina; la antiabortista Alternativa Española, de Madrid, España; Alicia Huerta López, de Epicentro Cultural Manuelita Sáenz; José Manuel Gómez Porchini, articulista de El Porvenir de Monterrey, Nuevo León; Gerardo Fernández Casanova, colaborador de La Jornada Morelos; el doctor Américo Saldívar Valdés, de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional; la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos; Razonesdeser, de Torreón, Coahuila; el consultor Daniel Zavala Estrada, desde la misma ciudad lagunera; la sexóloga María Isabel Saro Fernández; Grupo Editorial Planeta; el equipo que hace posible Perspectivas Periodísticas; Andrés Alejandres Hernández, editor de México en Síntesis; Xavier Araiza, director de la electrónica Revista Pantagruélica; el periodista Rafael Luviano Delgado, del Grupo María Cristina; el licenciado Arturo Zama Escalante; Eugenio Castillo, de Producciones Musicales; la solidaria lectora Silvie Corona y las empresarias María Elena y Alejandra Bouchez Noyé.
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