Andrea Becerril y Víctor Ballinas
La Jornada On Line (08:13) Senadores de PRI y PRD frenaron anoche el dictamen sobre reformas secundarias en materia de seguridad y justicia penal, al rechazar las propuestas de Felipe Calderón que, a su juicio, crean un “Estado policiaco”, “un Frankenstein que nadie va a poder controlar”.
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Pedro Joaquín Coldwell, advirtió que los priístas no permitirán que la disputa que se ha dado en el gabinete entre la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, pretenda dirimirse en la ley al crear una policía con facultades “desmesuradas” que esté por encima del Ministerio Público Federal (MPF).
Durante la reunión de comisiones dictaminadoras, los perredistas Pablo Gómez, Tomás Torres y Ricardo Monreal advirtieron que la llamada miscelánea penal de Calderón requiere de “cirugía mayor”, con el propósito de que no vulnere garantías individuales, al dar atribuciones legales a las corporaciones de seguridad pública para atropellar derechos ciudadanos.
Al comenzar ayer la discusión, la oposición objetó cuatro artículos y el debate se centró en los cambios propuestos al tercero de la Ley Federal de Procedimientos Penales, en el cual se faculta a las policías a realizar actividades de investigación, verificar diligencias, recibir denuncias y solicitar al MP que requiera a las autoridades competentes informes y documentos para fines de averiguación de delitos y otras competencias, que, afirmaron los perredistas, están por encima de las que les confiere la Constitución.
Tomás Torres calificó ese artículo de “oscurantista e inquisitorio” y consideró inconcebible que en el ejercicio de esa facultad investigadora se pueda mentir en relación a si existe o no indagatoria.
Monreal destacó que “es muy peligroso que la policía pueda recibir denuncias, efectuar detenciones, realizar investigaciones, además de tomar las declaraciones de los detenidos, lo que reduce la labor del MP a simple supervisión”.
El senador Joaquín Coldwell advirtió que en la propuesta de Calderón existe la pretensión de llevar al marco jurídico la supremacía de la SSP, lo que la bancada del PRI no puede permitir. “Vamos a evitar que se trastoquen las instituciones, no podemos contribuir al desmantelamiento de la PGR”.
Por esa razón, recalcó, se hará una revisión cuidadosa de las iniciativas y procuraremos una legislación que permita combatir los delitos sin trastocar derechos constitucionales, porque “no se trata de sobredimensionar los derechos de las policías”.
Los senadores del PRI defenderán que la policía actué bajo el mando del MPF, porque “de otra manera vamos a tener un Frankenstein que no va a servir para combatir el crimen organizado, pero sí para cometer atropellos contra los ciudadanos”.
Pablo Gómez recalcó que no aprobarán que se establezca un “Estado policiaco” ni a otorgar toda clase de facultades a las policías por encima de los derechos de los ciudadanos, establecidos en la Carta Magna. “Como Calderón declaró una guerra contra los delicuentes, quiere ahora un Estado policiaco, pero los cien millones de mexicanos no somos delincuentes”, insistió.
El dictamen preparado por el panista Alejandro González Alcocer fue objetado y deberá modificarse. PRI y PRD advirtieron que en caso de que gobierno y PAn no flexibilicen su postura, las reformas no serán aprobadas.
La Jornada On Line (08:13) Senadores de PRI y PRD frenaron anoche el dictamen sobre reformas secundarias en materia de seguridad y justicia penal, al rechazar las propuestas de Felipe Calderón que, a su juicio, crean un “Estado policiaco”, “un Frankenstein que nadie va a poder controlar”.
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Pedro Joaquín Coldwell, advirtió que los priístas no permitirán que la disputa que se ha dado en el gabinete entre la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, pretenda dirimirse en la ley al crear una policía con facultades “desmesuradas” que esté por encima del Ministerio Público Federal (MPF).
Durante la reunión de comisiones dictaminadoras, los perredistas Pablo Gómez, Tomás Torres y Ricardo Monreal advirtieron que la llamada miscelánea penal de Calderón requiere de “cirugía mayor”, con el propósito de que no vulnere garantías individuales, al dar atribuciones legales a las corporaciones de seguridad pública para atropellar derechos ciudadanos.
Al comenzar ayer la discusión, la oposición objetó cuatro artículos y el debate se centró en los cambios propuestos al tercero de la Ley Federal de Procedimientos Penales, en el cual se faculta a las policías a realizar actividades de investigación, verificar diligencias, recibir denuncias y solicitar al MP que requiera a las autoridades competentes informes y documentos para fines de averiguación de delitos y otras competencias, que, afirmaron los perredistas, están por encima de las que les confiere la Constitución.
Tomás Torres calificó ese artículo de “oscurantista e inquisitorio” y consideró inconcebible que en el ejercicio de esa facultad investigadora se pueda mentir en relación a si existe o no indagatoria.
Monreal destacó que “es muy peligroso que la policía pueda recibir denuncias, efectuar detenciones, realizar investigaciones, además de tomar las declaraciones de los detenidos, lo que reduce la labor del MP a simple supervisión”.
El senador Joaquín Coldwell advirtió que en la propuesta de Calderón existe la pretensión de llevar al marco jurídico la supremacía de la SSP, lo que la bancada del PRI no puede permitir. “Vamos a evitar que se trastoquen las instituciones, no podemos contribuir al desmantelamiento de la PGR”.
Por esa razón, recalcó, se hará una revisión cuidadosa de las iniciativas y procuraremos una legislación que permita combatir los delitos sin trastocar derechos constitucionales, porque “no se trata de sobredimensionar los derechos de las policías”.
Los senadores del PRI defenderán que la policía actué bajo el mando del MPF, porque “de otra manera vamos a tener un Frankenstein que no va a servir para combatir el crimen organizado, pero sí para cometer atropellos contra los ciudadanos”.
Pablo Gómez recalcó que no aprobarán que se establezca un “Estado policiaco” ni a otorgar toda clase de facultades a las policías por encima de los derechos de los ciudadanos, establecidos en la Carta Magna. “Como Calderón declaró una guerra contra los delicuentes, quiere ahora un Estado policiaco, pero los cien millones de mexicanos no somos delincuentes”, insistió.
El dictamen preparado por el panista Alejandro González Alcocer fue objetado y deberá modificarse. PRI y PRD advirtieron que en caso de que gobierno y PAn no flexibilicen su postura, las reformas no serán aprobadas.
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