Los legisladores en el Senado siguen el guión diseñado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para aprobar la reforma privatizadora de Pemex. “Política de consenso” le llama el FMI. Hay avances, dicen los senadores. Sí, los hay, pero ese “consenso” es privatizador.
“Política de consenso”
Según el FMI, es “es urgente” para México “lograr una buena política de consenso” que permita reformas en la industria petrolera. Es decir, el Fondo vuelve a urgir la aprobación de la reforma energética privatizadora de Pemex y de todas las fuentes de energía.
Para ese organismo financiero del imperialismo, “fortalecer” el sector petrolero es indispensable para complementar el paquete de medidas anunciadas por Calderón el 8 de octubre, que, supuestamente, hacen frente a la crisis financiera internacional.
Ese día, se anunció un paquete de medidas para enfrentar un entorno de menor crecimiento, cuyo pronóstico de aumento del Producto Interno Bruto (PIB) disminuirá en 2009 del 3 al 1.8 por ciento. “Entre las acciones consideradas está un aumento del gasto por 90 mil 200 millones de pesos, de los que 78 mil 300 serán obtenidos con la contratación de deuda y 12 mil millones del fondo de estabilización de Petróleos Mexicanos. De ese total de recursos, 53 mil 100 millones serán usados para gasto en infraestructura, 12 mil millones para construir una refinería en un sitio por definir y 25 mil 100 millones de pesos para compensar la caída en los ingresos esperados por la exportación de petróleo. El déficit fiscal ampliado crecerá de 0.8 a 1.8 por ciento del PIB” (González R., en La Jornada 11 oct 2008).
El plan anticrisis del gobierno federal es sumamente débil. La reducción en el crecimiento económico, a casi la mitad, anuncia la gravedad de los efectos de la crisis en México. Pero, las respuestas oficiales están peores. Las acciones serán financiadas en un 87% por la contratación de deuda y, el restante 13%, saldrá de los recursos generados previamente por Pemex.
Por otra parte, los ingresos del Estado seguirán dependiendo básicamente de Pemex que, en 2008, ha llegado a aportar al fisco el 46% de los recursos recibidos por éste.
En esas condiciones, insistir en la reforma energética para privatizar, abierta o encubiertamente, a Pemex raya en el nivel del crimen.
Aplicación de la reforma desde ahora
El plan de Calderón significa la aplicación en Pemex de sus propuestas de regresivas de reformas. En la iniciativa de Ley Orgánica de Pemex, presentada por el PAN, un asunto crucial es el otorgamiento de “autonomía de gestión”. Lo mismo, proponen el PRI y el FAP. Allí está el veneno de la privatización.
A esas coincidencias el FMI les llama “consenso”. Con diferentes versiones, todos los partidos coinciden en esa “autonomía de gestión y presupuestal”, que implicaría la facultad de la paraestatal para formular su propio presupuesto y ejercerlo, sin la intervención del gobierno federal. Con ello, entre cuatro paredes, los consejeros “independientes” que se incorporarían al Consejo de Administración de Pemex, junto con los representantes del gobierno en turno y charros del sindicato petrolero, podrán decidir todo al margen de la nación.
La supuesta cancelación de la deuda debida a los Proyectos de inversión en el registro del gasto (Pidiregas) no es tal. Esa deuda la asumirá Pemex no el gobierno. Con ello, en la práctica se le está obligando a Pemex a “ejercer” su autonomía para hacerle frente a sus compromisos. Por el momento, la paraestatal asumirá la mitad de esa deuda, pronto hará lo mismo con la otra mitad. Para ello tiene autonomía y recursos, dirán los funcionarios.
Pero, “el pasivo de los Pidiregas que tenía Pemex se contabilizará en el apartado de deuda presupuestaria de la paraestatal”. Con ello, empieza muy mal la tal “autonomía”. Para Jesús Reyes Heroles, enemigo de Pemex, “con la autonomía de gestión que se obtiene (sic), la paraestatal podrá hacer mejor uso de sus recursos” (Carriles L., en ww.mileniodiario.com 10 oct 2008).
Esta medida tomada por el gobierno federal es una forma para “imponer” las decisiones en el Senado acerca de las reformas a la Ley Orgánica de Pemex. Con o sin reforma, la tal “autonomía” se aplicaría. Luego, todos los partidos que han propuesto ese concepto dirán que lograron un acuerdo “por consenso”.
Otra de las medidas de privatización compulsiva es el anuncio para “construir” una refinería, hecho al que se había negado sistemáticamente el gobierno bajo el argumento de carecer de recursos. Ahora, en medio de la debacle financiera, Calderón dijo que se destinarán 12 mil millones para esa refinería, exactamente, el monto del fondo de estabilización de Pemex.
Construir una refinería es correcto, actualmente se necesitan cinco, desde 1979 no se ha construido ninguna nueva y, al momento, el 43% de las gasolinas que se consumen en el país se importan. Esa refinería debió construirse hace mucho.
¿Porqué ahora el cambio en la apreciación del gobierno? Para imponer en los hechos sus propuestas de reforma energética. Según Reyes Heroles “la nueva refinería que construirá Petróleos Mexicanos se realizará ciento por ciento con inversión presupuestal y en lo que resta del año se preparará el calendario de las licitaciones que se necesitan para iniciarla durante 2009”.
Es decir, los recursos saldrán del único lugar que los genera: Pemex. La paraestatal pagará pero, ¿quién diseñará la refinería? ¿quién la construirá? ¡Los contratistas! Otra vez, la aplicación de la “autonomía” pervierte a ese concepto. Las burocracias quieren a esa autonomía solamente para decidir el otorgamiento de contratos, en vez de realizar las funciones por administración directa.
Con este anuncio, se pretende lograr otro “consenso”. Será Pemex quien “construirá” la refinería no el sector privado, dirán. Se trata de un engaño, quien lo hará será el sector privado. Pero el anuncio servirá para llegar a más acuerdos, “por consenso”, entre los partidos. Las modalidades llevarán al PAN a matizar sus planteamientos originales, finalmente ya lograron lo que querían: la autonomía para Pemex. El PRI apoya esa propuesta y, el FAP, propone que se extienda a “todas” (sic) las entidades del sector. El FMI ha de estar feliz por esa “buena política de consenso”.
México es una nación no es sucursal del FMI
Es evidente que los organismos financieros del imperialismo, como el FMI, están sumamente activos. De allí la prisa de los legisladores. El imperialismo, en plena y fraudulenta crisis de alcance mundial, busca aprovechar el momento para “resolver” respecto a la reforma energética y entrar al negocio apropiándose del petróleo de los mexicanos.
El “consenso” que han logrado los senadores es privatizador. Así lo indican los primeros cuatro dictámenes, que hoy abordarán, mismos que el FTE rechaza en todos sus términos.
Frente de Trabajadores de la Energía, de México
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