Genaro Bautista / AIPIN
En un aparatoso operativo, a eso de las 10:30 de la mañana de este 29 de agosto, funcionarios de la Comisión Federal de Telecomunicaciones así como de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, respaldados por unos 25 militares adscritos a la Policía Federal Preventiva (PFP), policías del agrupamiento estatal y de transito local, irrumpieron en la Radio Comunitaria Indígena “La Rabiosa”, del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (CACTUS), asentada en el territorio Mixteco de Huajuapan de León, Oaxaca.
La radiodifusora indígena "La Rabiosa" forma parte de la Red de Radios y TV Comunitarias Indígenas del Sureste de México, el mismo grupo a la que pertenece la Radio Triqui "La Voz que Rompe el Silencio" de San Juan Copala, cuyas locutoras Felicitas Martínez y Teresa Bautista fueron asesinadas apenas en Abril pasado.
En el momento del asalto de los funcionarios mexicanos, la emisora, transmitía –como parte de su barra programática-- contenidos educativos, culturales y sociales en esta zona indígena mixteca.
Un operativo de corte militar fue lo que vivieron los locutores y colaboradores de la radio indígena, presentes en el momento de la acción policíaca.
Los comunicadores indígenas, informaron que en fechas anteriores, habían solicitado tanto a Luis H. Alvarez titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), como al Diputado Federal Marcos Matías Alonso, presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas, se estableciera una tregua para las radios comunitarias mientras se definía una nueva regulación legal.
Sin embargo esta tregua no llegó pero si el desmantelamiento de radios indígenas quienes en los últimos meses han sufrido el decomiso de su equipo u otras acciones de hostigamiento.
Es público que en Oaxaca varias radios comunitarias indígenas -cuenten o no con permiso-, han padecido la agresión en los últimos años por grupos caciquiles priistas (afines al Gobernador Ulises Ruiz), o por operativos realizados por la policía estatal o por policías federales, que actúan de manera arbitraria e ilegal.
En el mes de julio del 2007, la Suprema Corte de Justicia de La Nación (SCJN), acusó al Congreso de la Unión mexicano de violar los derechos de los pueblos indígenas de éste país, al no efectuar las modificaciones legislativas necesarias, que garanticen el derecho a la comunicación e información de las sociedades originarias, a fin de que cuenten con sus propios medios informativos.
Derivado de este señalamiento, la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados, con su símil en el senado y otras instancias civiles y públicas, convocaron al Congreso Nacional de Comunicación Indígena (CNCI), en septiembre pasado, de donde emanaron exigencias como que el ejecutivo federal estableciera una tregua para evitar el desmantelamiento de los medios indígenas como “La Rabiosa”, en tanto el legislativo efectúa las enmiendas necesarias, pero al parecer esto quedó en el limbo.
La mencionada tregua que tanto el Grupo Plural de Senadores responsable de la redacción de una nueva Ley de Medios, de la Comisión de Asuntos Indígenas e incluso de la CDI, no ha sido tomada en cuenta por la Secretaría de Gobernación, la Cofetel y la SCT, quienes de manera prepotente, se encuentran reprimiendo a las radios indígenas.
El acto oficial, desacata el dictamen de la SCJN, del respeto de los pueblos indígenas a contar con sus propios medios.
En México, el marco legal existente en materia de medios viola este precepto en clara violación al derecho que tienen los pueblos indios a contar con sus propios medios de comunicación, reconocido en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos los Pueblos Indígenas, aprobada por su Asamblea General el 13 de septiembre del 2007.
El hecho policiaco, ha motivado la protesta de organismos entre ellos la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI), la Asamblea de Radios Libres y Comunitarias de Oaxaca, la Agencia Internacional de Prensa Indígena (AIPIN) y el mismo Congreso Nacional Indígena (CNI), quienes exigen al gobierno mexicano, la devolución del equipo decomisado a la Radio Comunitaria La Rabiosa y exige al Gobierno Federal, garantizar al derecho que tienen los pueblos indígenas a operar sus propios medios de comunicación.
Las organizaciones de periodistas y pueblos indígenas, demandan que el gobierno atienda reclamos de la ciudadanía como la violencia extrema y deje de perseguir a los comunicadores. Los agraviados recuerdan que mientras este abuso contra la radioemisora indígena se perpetra, el crimen de las locutoras triquis Teresa Bautista y Felicitas Martínez permanece impune a pesar de que la Procuraduría General de la República (PGR), atrajo el caso obligado por la presión del gremio periodístico.
En el operativo contra “La Rabiosa”, se encontraba personal de la radiodifusora, un locutor y un programador en cabina, el director de la estación Alfredo Landa y el coordinador de CACTUS Omar Esparza, quien después de ser avisados de la confiscación del transmisor, una computadora, mezcladora, micrófonos, audífonos, material discográfico y útiles varios de audio, discutieron con los oficiales, por no haber sido notificados.
Esparza, expuso a Pedro Daniel Reyes Gómez, Alfonso Azpeitia y Moisés Burgos Gregarios de la SCT y COFETEL, que la trasmisión de la radio estaba en fase de prueba.
No obstante, los oficiales quienes se identificaron como Inspectores-Verificadores adujeron ejecutar una orden en base a la Ley Federal de Telecomunicaciones. En un acto intimidatorio, señalaron que los comunicadores estaban cometiendo un delito Federal y que era un acto administrativo, pero que si había oposición pedirían la intervención de un Ministerio Publico Federal para efectuar la detención del personal.
El director general de "La Rabiosa" a su vez, coordinador de la Red de Radios Caracol en la región mixteca y triqui, Fredy Landa, abundó en torno al caso, manifestó que agentes PFP se presentaron en el municipio de Huajuapan de León para llevarse los equipos.
"Llegaron sin una orden, ni notificación, sólo nos dijeron que si nos oponíamos traerían al agente del Ministerio Público y se llevaron todo, transmisor, equipo de cómputo, antenas, todo el equipo, nos dejaron en cero", relató.
Landa agregó que este desmantelamiento se da en vísperas del Encuentro de Radios Comunitarias y Libres, que se realizaría los días 30 y 31 de Agosto de 2008 en el municipio de Zaachila, en los Valles Centrales de Oaxaca.
Explicó que estas difusoras de radio pertenecen al Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (CACTUS) y transmitían contenidos educativos, culturales y sociales en esta zona indígena mixteca.
El operativo, acusan los afectados, se inscribe en una escalada nacional contra las radios comunitarias, que incluye desde campañas negras que las acusan de "radios piratas" hasta el asalto y saqueo de las estaciones a cargo de fuerzas federales y locales, en operativos fuertemente armados. Uno de los blancos de esta escalada han sido las emisoras de organizaciones adherentes a La Otra Campaña, particularmente las radios indígenas.
La Rabiosa, ubicada en la ciudad de Huajuapan de León, en la Mixteca Oaxaqueña, transmitía en el 103.5 de FM, en etapa de prueba, desde hace cinco meses, declaró Omar Esparza.
El artículo 2 de la Constitución Mexicana señala que la Federación, los estados y los municipios tienen la obligación de: "Establecer condiciones para que los pueblos y las comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación, en los términos que las leyes de la materia determinen." A pesar del mandato las autoridades de los tres niveles de gobierno no solo incumplen su obligación, sino que reprimen, golpean, saquean y boicotean los intentos y propuestas de los pueblos indígenas para ejercer su derecho a tener sus propios medios de comunicación, en este caso una radio comunitaria, cultural, educativa y social, acusan los comunicadores.
Ahora los periodistas, esperan una reacción decidida del Congreso de La Unión, a fin de que estos agravios no queden impunes y les restablezcan las garantías para seguir transmitiendo recuperando para ello sus herramientas de trabajo.
Toca a los presidentes de las Comisiones de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados y de Senadores, los legisladores Marcos Matías Alonso y Andrés Galván respectivamente, actuar en consecuencia pero en esto también se espera la participación de sus símil de Radio y Televisión de ambas cámaras, Carlos Sotelo y Verónica Velasco.
Un hecho así no puede quedar en el olvido, confiemos en que los parlamentarios asuman sus responsabilidades y compromisos con los pueblos indígenas.
En un aparatoso operativo, a eso de las 10:30 de la mañana de este 29 de agosto, funcionarios de la Comisión Federal de Telecomunicaciones así como de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, respaldados por unos 25 militares adscritos a la Policía Federal Preventiva (PFP), policías del agrupamiento estatal y de transito local, irrumpieron en la Radio Comunitaria Indígena “La Rabiosa”, del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (CACTUS), asentada en el territorio Mixteco de Huajuapan de León, Oaxaca.
La radiodifusora indígena "La Rabiosa" forma parte de la Red de Radios y TV Comunitarias Indígenas del Sureste de México, el mismo grupo a la que pertenece la Radio Triqui "La Voz que Rompe el Silencio" de San Juan Copala, cuyas locutoras Felicitas Martínez y Teresa Bautista fueron asesinadas apenas en Abril pasado.
En el momento del asalto de los funcionarios mexicanos, la emisora, transmitía –como parte de su barra programática-- contenidos educativos, culturales y sociales en esta zona indígena mixteca.
Un operativo de corte militar fue lo que vivieron los locutores y colaboradores de la radio indígena, presentes en el momento de la acción policíaca.
Los comunicadores indígenas, informaron que en fechas anteriores, habían solicitado tanto a Luis H. Alvarez titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), como al Diputado Federal Marcos Matías Alonso, presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas, se estableciera una tregua para las radios comunitarias mientras se definía una nueva regulación legal.
Sin embargo esta tregua no llegó pero si el desmantelamiento de radios indígenas quienes en los últimos meses han sufrido el decomiso de su equipo u otras acciones de hostigamiento.
Es público que en Oaxaca varias radios comunitarias indígenas -cuenten o no con permiso-, han padecido la agresión en los últimos años por grupos caciquiles priistas (afines al Gobernador Ulises Ruiz), o por operativos realizados por la policía estatal o por policías federales, que actúan de manera arbitraria e ilegal.
En el mes de julio del 2007, la Suprema Corte de Justicia de La Nación (SCJN), acusó al Congreso de la Unión mexicano de violar los derechos de los pueblos indígenas de éste país, al no efectuar las modificaciones legislativas necesarias, que garanticen el derecho a la comunicación e información de las sociedades originarias, a fin de que cuenten con sus propios medios informativos.
Derivado de este señalamiento, la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados, con su símil en el senado y otras instancias civiles y públicas, convocaron al Congreso Nacional de Comunicación Indígena (CNCI), en septiembre pasado, de donde emanaron exigencias como que el ejecutivo federal estableciera una tregua para evitar el desmantelamiento de los medios indígenas como “La Rabiosa”, en tanto el legislativo efectúa las enmiendas necesarias, pero al parecer esto quedó en el limbo.
La mencionada tregua que tanto el Grupo Plural de Senadores responsable de la redacción de una nueva Ley de Medios, de la Comisión de Asuntos Indígenas e incluso de la CDI, no ha sido tomada en cuenta por la Secretaría de Gobernación, la Cofetel y la SCT, quienes de manera prepotente, se encuentran reprimiendo a las radios indígenas.
El acto oficial, desacata el dictamen de la SCJN, del respeto de los pueblos indígenas a contar con sus propios medios.
En México, el marco legal existente en materia de medios viola este precepto en clara violación al derecho que tienen los pueblos indios a contar con sus propios medios de comunicación, reconocido en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos los Pueblos Indígenas, aprobada por su Asamblea General el 13 de septiembre del 2007.
El hecho policiaco, ha motivado la protesta de organismos entre ellos la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI), la Asamblea de Radios Libres y Comunitarias de Oaxaca, la Agencia Internacional de Prensa Indígena (AIPIN) y el mismo Congreso Nacional Indígena (CNI), quienes exigen al gobierno mexicano, la devolución del equipo decomisado a la Radio Comunitaria La Rabiosa y exige al Gobierno Federal, garantizar al derecho que tienen los pueblos indígenas a operar sus propios medios de comunicación.
Las organizaciones de periodistas y pueblos indígenas, demandan que el gobierno atienda reclamos de la ciudadanía como la violencia extrema y deje de perseguir a los comunicadores. Los agraviados recuerdan que mientras este abuso contra la radioemisora indígena se perpetra, el crimen de las locutoras triquis Teresa Bautista y Felicitas Martínez permanece impune a pesar de que la Procuraduría General de la República (PGR), atrajo el caso obligado por la presión del gremio periodístico.
En el operativo contra “La Rabiosa”, se encontraba personal de la radiodifusora, un locutor y un programador en cabina, el director de la estación Alfredo Landa y el coordinador de CACTUS Omar Esparza, quien después de ser avisados de la confiscación del transmisor, una computadora, mezcladora, micrófonos, audífonos, material discográfico y útiles varios de audio, discutieron con los oficiales, por no haber sido notificados.
Esparza, expuso a Pedro Daniel Reyes Gómez, Alfonso Azpeitia y Moisés Burgos Gregarios de la SCT y COFETEL, que la trasmisión de la radio estaba en fase de prueba.
No obstante, los oficiales quienes se identificaron como Inspectores-Verificadores adujeron ejecutar una orden en base a la Ley Federal de Telecomunicaciones. En un acto intimidatorio, señalaron que los comunicadores estaban cometiendo un delito Federal y que era un acto administrativo, pero que si había oposición pedirían la intervención de un Ministerio Publico Federal para efectuar la detención del personal.
El director general de "La Rabiosa" a su vez, coordinador de la Red de Radios Caracol en la región mixteca y triqui, Fredy Landa, abundó en torno al caso, manifestó que agentes PFP se presentaron en el municipio de Huajuapan de León para llevarse los equipos.
"Llegaron sin una orden, ni notificación, sólo nos dijeron que si nos oponíamos traerían al agente del Ministerio Público y se llevaron todo, transmisor, equipo de cómputo, antenas, todo el equipo, nos dejaron en cero", relató.
Landa agregó que este desmantelamiento se da en vísperas del Encuentro de Radios Comunitarias y Libres, que se realizaría los días 30 y 31 de Agosto de 2008 en el municipio de Zaachila, en los Valles Centrales de Oaxaca.
Explicó que estas difusoras de radio pertenecen al Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (CACTUS) y transmitían contenidos educativos, culturales y sociales en esta zona indígena mixteca.
El operativo, acusan los afectados, se inscribe en una escalada nacional contra las radios comunitarias, que incluye desde campañas negras que las acusan de "radios piratas" hasta el asalto y saqueo de las estaciones a cargo de fuerzas federales y locales, en operativos fuertemente armados. Uno de los blancos de esta escalada han sido las emisoras de organizaciones adherentes a La Otra Campaña, particularmente las radios indígenas.
La Rabiosa, ubicada en la ciudad de Huajuapan de León, en la Mixteca Oaxaqueña, transmitía en el 103.5 de FM, en etapa de prueba, desde hace cinco meses, declaró Omar Esparza.
El artículo 2 de la Constitución Mexicana señala que la Federación, los estados y los municipios tienen la obligación de: "Establecer condiciones para que los pueblos y las comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación, en los términos que las leyes de la materia determinen." A pesar del mandato las autoridades de los tres niveles de gobierno no solo incumplen su obligación, sino que reprimen, golpean, saquean y boicotean los intentos y propuestas de los pueblos indígenas para ejercer su derecho a tener sus propios medios de comunicación, en este caso una radio comunitaria, cultural, educativa y social, acusan los comunicadores.
Ahora los periodistas, esperan una reacción decidida del Congreso de La Unión, a fin de que estos agravios no queden impunes y les restablezcan las garantías para seguir transmitiendo recuperando para ello sus herramientas de trabajo.
Toca a los presidentes de las Comisiones de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados y de Senadores, los legisladores Marcos Matías Alonso y Andrés Galván respectivamente, actuar en consecuencia pero en esto también se espera la participación de sus símil de Radio y Televisión de ambas cámaras, Carlos Sotelo y Verónica Velasco.
Un hecho así no puede quedar en el olvido, confiemos en que los parlamentarios asuman sus responsabilidades y compromisos con los pueblos indígenas.
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