El gobierno mexicano libra su lucha contra la delincuencia organizada basado en investigaciones hechas por Estados Unidos, revelan documentos oficiales de ese país. Entre las pesquisas más recientes destacan los casos de Zhenli Ye Gon, la Reina del Pacífico, el Mochomo y Casa de Cambio Puebla. En este último, un involucrado acusa tortura en interrogatorio donde estuvieron presentes agentes de la DEA
Nancy Flores
Documentos intercambiados entre la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR), y la embajada de Estados Unidos en México dan cuenta de las investigaciones referentes a la delincuencia organizada y el lavado de dinero que realizan aquí instituciones del país vecino.
La “guerra contra el narcotráfico” emprendida por el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa –y que ha cobrado más de 4 mil 500 vidas de civiles y más de 500 de militares y policías en lo que va del actual sexenio– se basa en los resultados de esas indagatorias, hechas por la Drug Enforcement Administration o Agencia Antidrogas (DEA) y el departamento del Tesoro.
Informes elaborados por dichas instituciones estadunidenses revelan que el papel de las dependencias mexicanas, encargadas formalmente de las averiguaciones, se reduce a “aplicar la ley” una vez identificados los supuestos responsables.
El International narcotics control strategy report 2008, realizado por la DEA con datos de 2007, descubre que en estas condiciones se habrían dado los casos de “Zhenli Ye Gon, un importante traficante de metanfetaminas; Alfredo Beltrán (Leyva, alias el Mochomo), y Sandra Ávila (Beltrán), conocida como la Reina del Pacífico”.
Mientras que los documentos de la embajada estadunidense, de los que Contralínea posee copia, evidencian las indagatorias de la misma DEA respecto de Casa de Cambio Puebla, institución supuestamente involucrada en operaciones con recursos de procedencia ilícita en los circuitos financieros de México y Estados Unidos.
Más recientemente, el pasado 5 de agosto, el Departamento del Tesoro (Department of the Treasury) publicaba los nombres de 14 empresas y 17 individuos mexicanos vinculados con Rigoberto Gaxiola Medina, a quienes también relaciona con el trasiego de drogas y el lavado de dinero derivado de ese negocio ilícito.
Casa de Cambio Puebla
Considerado por la PGR como uno de los casos más relevantes en materia de combate a las operaciones con recursos de procedencia ilícita, la investigación de Casa de Cambio Puebla fue hecha en su totalidad por la DEA, descubren notas diplomáticas. La institución financiera fue vinculada con el cártel del Pacífico, encabezado por Joaquín el Chapo Guzmán.
El 16 de mayo de 2007, la Agencia Antidrogas congeló 11 millones de dólares dosificados en 23 cuentas bancarias que la institución financiera mantenía en el banco estadunidense Wachovia. Ello, tras conseguir una orden expedida por la fiscal adjunta del distrito sur de Florida, Andrea Hoffman.
La reacción de las autoridades mexicanas se dio seis meses después: el 7 de noviembre integrantes de la SIEDO catearon oficinas de Casa de Cambio Puebla y detuvieron a nueve personas, entre éstas Pedro Alfonso Alatorre Damy o Pedro Barraza Urtusuástegui, el Piri, supuesto operador financiero del cártel del Pacífico.
El operativo fue impulsado por la propia DEA, que solicitó a través de notas diplomáticas la captura de el Piri. Los documentos están firmados por David L. Gaddis, director regional para México, Centroamérica y Canadá de dicha agencia, y están dirigidos a Noé Ramírez Mandujano, extitular de la SIEDO.
El oficio MX-08-0017, con fecha del 31 de octubre de 2007 y sello de la embajada de Estados Unidos en México, revela que –entre el 24 de agosto y el 3 de octubre de ese año– la Drug Enforcement Administration entregó a la PGR los resultados de su investigación sobre Casa de Cambio Puebla.
Dicha documentación constó de “aproximadamente 2 mil 130 páginas relativas a contratos de venta, correos electrónicos, transferencias electrónicas, instrucciones para la compra de aeronaves, estados de cuentas bancarias e instituciones relacionadas con esta investigación”.
La nota diplomática refiere que los documentos entregados a la SIEDO “señalan cómo fueron adquiridas las aeronaves e indican cuáles personas y empresas están involucradas”. Agrega: “Estamos trabajando para recolectar inteligencia adicional, una vez (que) la tengamos y sea verificada le informaremos inmediatamente. Si dentro de su investigación solicitan algún otro documento e información los haremos disponibles al momento que se requieran”.
Lavado de dinero
De acuerdo con el boletín de prensa 572/07 de la PGR, publicado el 8 de noviembre de ese año, Casa de Cambio Puebla es responsable de blanquear capitales, al incumplir el “régimen de prevención, detección y alerta de operaciones con recursos de procedencia ilícita a la que está obligada como toda institución financiera del país”.
Tal como lo adelantaba la DEA en su comunicación MX-08-0017, del 31 de octubre, la PGR incriminó a la institución financiera en la compra de activos utilizados en actividades ilícitas: “Como la aeronave DC9 matrícula N900SA, localizada en Campeche el 10 de abril de 2006, en la que se encontraron 5 mil 658 kilos de cocaína provenientes de Venezuela; y la aeronave matrícula N987SA que se estrelló en Mérida, Yucatán, y que fue asegurada tras descubrir que transportaba aproximadamente 3 mil 300 kilos de cocaína”.
Hasta la fecha, ninguno de los principales ejecutivos de Casa de Cambio Puebla ha sido aprehendido por los supuestos delitos que persigue la procuraduría. Más aún, según las autoridades federales mexicanas, el responsable de todas las operaciones sería Alatorre Damy, quien fuera gerente de una de las 18 sucursales de dicha institución.
Entre los accionistas de Casa de Cambio Puebla se encuentran: Juan Manuero Romero García, presidente del Consejo de Administración; Juan Antonio Gutiérrez de Velasco Hoyos, representante legal; Gilberto Marín Quintero, también dueño de la productora de pañales Mabe, SA de CV, y presidente del capítulo México del Consejo Empresarial para América Latina; los dueños de la empresa galletera Italpasta, José Cernicchiaro Maimone y José Antonio Cernicchiaro Farazo.
Además, de acuerdo con el diario poblano Síntesis, estarían el expresidente municipal de Boca del Río, Veracruz, José Ramón Gutiérrez Velasco de Hoyos y su esposa Irma de Hoyos González de Pérez Gil; Eusebio San Martín Fuentes, dueño de Beer Factory; Julián Gerardo García Carrera; Ángel Gerardo Barroso Pérez, dueño de la empresa constructora Fomento Inmobiliario de Tehuacán; Francisco Bada Sánchez, director del Crown Plaza Puebla; Willi Werner Steiner Herling, dueño de Victorinox México, SA de CV; los hermanos Santiago y Nicolás Alfredo Suárez Sevilla; Marcelino Noval Garrido; Xavier Noval Suárez; y José Antonio González Fernández, dueño de la Empacadora San Marcos.
El comunicado de prensa de la PGR asegura que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), monitoreó “en forma permanente la situación financiera de Casa de Cambio Puebla”, y practicó “una visita de investigación a la mencionada entidad, en la que se detectaron numerosas infracciones a las disposiciones de carácter general que le son aplicables en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y de financiamiento al terrorismo”.
Añade que “en virtud de la gravedad de las infracciones en que se presume incurrió dicho intermediario, la SHCP, con opinión de la CNBV, determinó notificar en esta misma fecha (8 de noviembre de 2007) el inicio del procedimiento para revocar su autorización para operar como casa de cambio”.
El doctor en derecho Mauricio Moreno, abogado defensor de Alatorre Damy, explica que en su momento, es decir en 2005, ni la CNBV, ni la SHCP, ni la PGR se pronunciaron respecto de las operaciones financieras, que sí fueron reportadas por Casa de Cambio Puebla. Añade que con este proceso, la DEA busca hacer “una cacería de brujas” en el sector financiero, arguyendo que no hay suficientes controles.
El pasado 18 de julio, la PGR cateó las casas de cambio Catorce y Dicambio, a las que señala como probables responsables de operaciones con recursos de procedencia ilícita por más de 50 millones de dólares, según la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIORPIFAM/008/2008, informó la dependencia.
Aunque en su informe Illicit finance national drug threat assessment 2008, la DEA indica que la forma de blanqueo de capitales que más se ha incrementado es el contrabando de dinero en efectivo, sobre todo en el sureste de la frontera estadunidense, admite que una vez trasegados los recursos a México, éstos se introducen en el sistema financiero, incluidos los bancos.
Ello, explica, porque “la diversificación es un componente vital en las operaciones de blanqueo de dinero relacionado con el tráfico de drogas en Estados Unidos”. El análisis describe que una vez que el efectivo cruza la frontera sur suelen ocurrir una o varias de las siguientes hipótesis:
“El dinero se deposita en las instituciones financieras (bancos, casas de cambio y centros cambiarios) de México; luego se hacen transferencias electrónicas a: Estados Unidos, otras instituciones financieras mexicanas, otros países de América Latina para su colocación en los sistemas financieros respectivos, otros países como Panamá, Corea, China, Taiwán y Hong Kong, donde se utiliza para facilitar el cambio de moneda en el mercado negro.
“El dinero es repatriado a México por medio de instituciones financieras; con posterioridad, se reintroduce a través de éstas al sistema financiero de Estados Unidos.
“El efectivo es traficado a granel hacia países del sur: Guatemala, Panamá, Colombia u otros países de América Latina.
“El dinero se utiliza en México para gastos operativos.”
Agrega que “funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en Chicago, Estados Unidos, estiman que entre 10 millones y 24 millones de dólares en efectivo a granel, producto del tráfico de drogas, se desplazan de esa ciudad cada mes, destinados a diversos lugares del suroeste de la frontera”.
El informe Illicit finance national drug threat assessment 2008 especifica que los mercados de drogas más importantes son Atlanta, Carolina del Norte, Chicago, Denver, Detroit, Miami y Nueva York.
Operación “pato”
Para el doctor en derecho Mauricio Moreno, las autoridades mexicanas no sólo están subordinadas a las estadunidenses, sino que permiten que la DEA viole la soberanía mexicana con operaciones encubiertas no autorizadas.
Ejemplifica con el caso de otro de sus defendidos: Jorge Patricio Asaf-Gómez, acusado de trasegar drogas a Estados Unidos y sometido a un proceso de extradición que en breve será resuelto.
Moreno sostiene que, en este caso, la DEA operó sin autorización del gobierno mexicano, al introducir a México a un testigo protegido de nacionalidad colombiana, José Guzmán Morales, quien estuvo encargado de dar supuesto seguimiento a las actividades de Asaf-Gómez.
El abogado señala que este sólo hecho viola la soberanía mexicana, por lo que el proceso de extradición es irregular y resulta improcedente. No obstante, indica que la presión del gobierno de Estados Unidos podría incidir en la decisión del juez.
Agrega que en el expediente, que muestra durante la entrevista, sobresalen más anomalías que prueban la inocencia de Jorge Patricio: “Las supuestas fechas de reunión entre Patricio y el narcotraficante colombiano Álvaro Ardila se dan, según el testigo protegido, cuando Ardila ya había sido apresado en Colombia”.
Según los reportes del testigo protegido, Ardila y Patricio se habrían reunido en México el 25 de julio de 2005. No obstante, el mismo expediente de averiguación previa revela que, a petición de la DEA, Ardila había sido capturado el 21 de julio de ese año.
De acuerdo con el International narcotics control strategy report 2007, elaborado por la DEA, la lucha contra la delincuencia organizada que México libró en 2006 tuvo entre sus más importantes logros “la fuerte cooperación bilateral en interdicción de drogas y las detenciones de varios de los principales traficantes de drogas, como (…) Jorge Patricio Asaf, quien habría negociado el trasiego y distribución de 1.5 toneladas métricas de cocaína”.
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