PRIVATIZACIÓN significa vulnerar el principio constitucional que hace de la Nación la propietaria de los recursos del subsuelo, en especial de los hidrocarburos, y reducir o afectar la exclusividad de Pemex en la explotación de los recursos petroleros de la Nación, afectando la soberanía nacional y el presente y el futuro de los mexicanos.
A la convocatoria de los legisladores para un debate amplio sobre la reforma energética, los miembros del Comité de Intelectuales en Defensa del Petróleo respondimos afirmativamente en nuestro carácter de ser uno más de los numerosos grupos y personas interesados en uno de los asuntos fundamentales del desarrollo nacional. A la invitación primera no siguieron propuestas del gobierno federal sobre las formas y los métodos del debate y, en abierta contradicción con la propuesta, el Partido Acción Nacional dio por inexistente el llamado a discutir y anunció que serían ellos, y no el Poder Ejecutivo, quien enviara el proyecto a las Cámaras. Como se sabe, a final de cuentas fue el Poder Ejecutivo, a través de la secretaria de Energía Georgina Kessel, quien turnó dicho proyecto. Por su parte, y en sentido complementario, el senador Manlio Fabio Beltrones había decidido que no hacía falta debate alguno y que ya todo estaba en manos de expertos. Eso es, de modo tajante, el llamado a la privatización del conocimiento, sin más. Los expertos tienen, necesariamente, la última palabra, pero en una democracia, esa última palabra se integra por las decisiones informadas de la colectividad.
Suponíamos y suponemos que el Ejecutivo tiene por razón natural una información abundante sobre el petróleo, muy superior a la de Acción Nacional, pero cada grupo decide cómo distribuye sus costos políticos. Y, también, es curioso que el PRI, por voz de su líder, decida que a los ciudadanos, en su calidad de no expertos, les toca callar y obedecer.
Como también se sabe, el Frente Amplio Progresista (FAP) ha impedido que, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, se lleven a cabo las sesiones de trabajo en las que otras fracciones parlamentarias buscaban dar pie a un debate acotado en tiempo, número y composición de participantes, que no fuese más allá del presente período ordinario de sesiones.
Confiamos en las virtudes críticas de un debate amplio, incluyente y suficiente, de carácter nacional, y por eso insistimos en mantenerlo como salida racional. Esas características, de todo punto indispensables, no pueden cumplirse en un plazo tan breve como el que inicialmente se había considerado, y tampoco en el de cincuenta días, contrapropuesto por las fracciones parlamentarias opuestas al FAP.
Por su carácter crucial, el debate en torno a los temas energéticos debe hacerse con paciencia, amplitud y observando un carácter inclusivo, para así evitar una toma precipitada de decisiones trascendentales para el país. ¿Cuál es la prisa?
A la convocatoria de los legisladores para un debate amplio sobre la reforma energética, los miembros del Comité de Intelectuales en Defensa del Petróleo respondimos afirmativamente en nuestro carácter de ser uno más de los numerosos grupos y personas interesados en uno de los asuntos fundamentales del desarrollo nacional. A la invitación primera no siguieron propuestas del gobierno federal sobre las formas y los métodos del debate y, en abierta contradicción con la propuesta, el Partido Acción Nacional dio por inexistente el llamado a discutir y anunció que serían ellos, y no el Poder Ejecutivo, quien enviara el proyecto a las Cámaras. Como se sabe, a final de cuentas fue el Poder Ejecutivo, a través de la secretaria de Energía Georgina Kessel, quien turnó dicho proyecto. Por su parte, y en sentido complementario, el senador Manlio Fabio Beltrones había decidido que no hacía falta debate alguno y que ya todo estaba en manos de expertos. Eso es, de modo tajante, el llamado a la privatización del conocimiento, sin más. Los expertos tienen, necesariamente, la última palabra, pero en una democracia, esa última palabra se integra por las decisiones informadas de la colectividad.
Suponíamos y suponemos que el Ejecutivo tiene por razón natural una información abundante sobre el petróleo, muy superior a la de Acción Nacional, pero cada grupo decide cómo distribuye sus costos políticos. Y, también, es curioso que el PRI, por voz de su líder, decida que a los ciudadanos, en su calidad de no expertos, les toca callar y obedecer.
Como también se sabe, el Frente Amplio Progresista (FAP) ha impedido que, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, se lleven a cabo las sesiones de trabajo en las que otras fracciones parlamentarias buscaban dar pie a un debate acotado en tiempo, número y composición de participantes, que no fuese más allá del presente período ordinario de sesiones.
Confiamos en las virtudes críticas de un debate amplio, incluyente y suficiente, de carácter nacional, y por eso insistimos en mantenerlo como salida racional. Esas características, de todo punto indispensables, no pueden cumplirse en un plazo tan breve como el que inicialmente se había considerado, y tampoco en el de cincuenta días, contrapropuesto por las fracciones parlamentarias opuestas al FAP.
Por su carácter crucial, el debate en torno a los temas energéticos debe hacerse con paciencia, amplitud y observando un carácter inclusivo, para así evitar una toma precipitada de decisiones trascendentales para el país. ¿Cuál es la prisa?
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