Conservadores y progresistas

Adolfo Sánchez Rebolledo

Conservadores y progresistas

Invocar el pensamiento conservador del pasado para combatir a los adversarios del presente es una de esas típicas salidas sin imaginación a las que son tan afectos algunos intelectuales críticos de la izquierda. En el afán de probar el falso progresismo de las izquierdas recurren al viejo recurso de eludir los contextos para quedarse en las similitudes formales de las analogías históricas: no les importa el ropaje con el que visten sus afirmaciones, sino el efecto entre sus lectores. Se acusa a la izquierda de reinventarse, para el caso de la reforma petrolera, una causa sustentada en el reconocimiento de un absoluto –la nación–, equiparable a la afirmación de la religión en el pensamiento conservador. Pero el intento es desmesurado, si de lo que se trata es de a) apuntalar con el beneficio de la duda la reforma enviada por el gobierno, y sobre todo por la pretensión de b) denunciar (en nombre de la izquierda ideal con la cual Calderón en sueños juguetea) el conservadurismo antidemocrático de los partidos que tomaron la tribuna del Congreso.

Me refiero al primer asunto. Digamos que, en efecto, la piedra angular de la actitud de la izquierda en la cuestión petrolera parte de las tesis contenidas en el artículo 27 constitucional. Muchos vemos en ese texto una herramienta vigente para diseñar el futuro de México. Otros sostienen que la defensa del petróleo es una causa conservadora porque, a querer o no, está aferrada a la letra de un principio constitucional envejecido e inútil, es decir, a un arcaísmo jurídico incompatible con el mundo real moderno. No descubro nada diciendo que ése es el debate que está por darse y cuya omisión en los años recientes sólo ha servido para aumentar la confusión y cierto cinismo del Estado en cuanto a la debida constitucionalidad de las leyes secundarias. ¿Por qué el PAN, siempre rápido para cobrar multas ajenas, no plantea su opinión?

Cierto es que hay razones de correlación de fuerzas (y simple oportunismo político) que impiden plantear su derogación, cuando es obvio que todo el andamiaje crítico de nuestros neoliberales se eleva a partir del rechazo al ordenamiento, considerado la fuente jurídica de los obstáculos al libre desenvolvimiento del capitalismo, sin trabas estatales ni circuitos sociales comunitarios. Todo el supuesto “progresismo modernizador” se concentra jurídicamente hablando en la necesidad de echar abajo tales fórmulas “conservadoras”, las cuales restringen la libre expansión de los negocios privados en la era de la globalización, según la entienden algunos de sus capitostes.

La denuncia del pasado ocupa, pues, lugar importante en estas reflexiones acerca del conservadurismo de la izquierda. ¿Pero hay alguien que plantee en serio la vuelta atrás, la restauración de un orden económico y político semejante al existente durante el apogeo de la revolución institucionalizada? Obviamente que no, pero creo que el rechazo a dar una respuesta clara es parte de la demagogia con que se conducen la derecha y sus aliados intelectuales para evitar un debate nacional constructivo y, en cierta forma, fundacional.

Cierto es que el régimen priísta congeló el sentido de los principios constitucionales para fortalecer no al Estado nacional, sino una forma particular de estatismo, compatible con el despliegue salvaje de los negocios privados. Junto a grandes logros, las empresas en manos del Estado –vía el contratismo, la deformación de sus objetivos o por el saqueo de los corruptos– contribuyeron a crear el Estado burocrático, autoritario, sin interés en la promoción de un sector público moderno, con alta capacidad de gestión y al servicio irrestricto de la sociedad. Es verdad que, a pesar de sus deficiencias, ese Estado consiguió crear mecanismos de seguridad social, dispositivos para mantener la estabilidad durante largos periodos, pero a cambio de clausurar las libertades públicas y la autonomía de las organizaciones de masas.

Es un hecho que la reacción antiestatista (impulsada por el gobierno, el empresariado, el Departamento de Estado y las trasnacionales) que marcó la reforma estructural del Estado se colgó de esa imagen de catástrofe productiva y gerencial para lanzar una ofensiva a fondo contra la empresa pública, mitificando el significado liberador de las privatizaciones, asociándolo a una concepción que hace de la “libertad de empresa” la fuente de todos los derechos ciudadanos.

Amén de la experiencia cardenista, jamás se atendieron las voces del sector social, especialmente del sindicalismo democrático de Rafael Galván, para “reorientar el sector nacionalizado”, depurándolo del lastre burocrático que, si bien impedía aprovecharlo como palanca de desarrollo, aseguraba la consolidación de una clase empresarial subsidiaria, indispuesta a pagar impuestos y servil en sus relaciones con los centros financieros del exterior. Y ésta es la hora en que los partidarios de las reformas pro capitalistas más ortodoxas siguen sin hacer balance de las privatizaciones, de los “costos” que el país seguirá pagando por la entrega a precios de remate de empresas y servicios vitales.

Ahora, la derecha se rasga las vestiduras para salvarnos de ese pasado impresentable y trata de convencer al público de que el viejo debate doctrinario carece de sentido. La reforma posible es la que dictan, dicen, las necesidades tecnológicas, las exigencias más apremiantes ante una crisis devastadora. No hay izquierda ni derecha. La sola noción de “proyecto nacional” resuena como un anacronismo impronunciable. El camino, ya se sabe, es abrir las compuertas a la expansión de los capitales privados, incluso hacia las áreas que la Constitución reserva al Estado y sin importar la coyuntura de precios favorables que determina ingresos millonarios al fisco, aunque la empresa padezca por tamañas exacciones. Sin embargo, cuando se les cuestiona cómo es posible que el supuesto “rescate” de Pemex se plantee sin diseñar un mecanismo fiscal apropiado, aparecen las letras pequeñas de un planteamiento sin vuelos estratégicos: quieren hacer negocios y pronto, disponer de mayores recursos “frescos” para asegurar la maltrecha gobernabilidad de un Estado cada vez más mediocre y vuelto de espaldas a las necesidades de una sociedad empobrecida y polarizada. Otra vez, como en 2006, la derecha mexicana cierra filas bajo el paraguas ideológico que cubre al segmento “liberal” y a los representantes del totalitarismo de corte integrista y antiliberal.

P.D. Se secuestran personas y vehículos con violencia; el golpismo no clausura recintos ni aplasta poderes del Estado. El lenguaje también engaña, provoca, enciende. Y aunque no gusten los métodos, allí, donde se discuten y aprueban leyes, el Congreso no ha desaparecido. Seamos serios. A la defensa del petróleo conviene una solución pronta, antes de que la fractura del PRD contamine las opciones.

Liga de La Jornada