En la zona de
El Sur de Acapulco – 23 de febrero de 2008.
Ezequiel Flores Contreras
Chilpancingo
Miembros de organizaciones sociales, sindicales y organismos no gubernamentales acordaron ayer que el próximo 9 de marzo constituirán el Frente Estatal Contra
El director del Taller de Desarrollo Comunitario, Javier Monroy informó que aún no se termina el documento base que se enfoca en exigir la libertad de los presos políticos, respaldar el movimiento opositor a la presa, así como defender la normal rural de Ayotzinapa.
Dijo que se han agregado puntos como el reivindicar los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de los ciudadanos y de los pueblos debido a que en el país y en la entidad no existen leyes secundarias para obligar a que las autoridades garanticen los derechos a la salud, la educación, el trabajo y la preservación del medio ambienteconsagrados en
Ayer se reunieron una veintena de representantes de organizaciones sociales, sindicales y organismos defensores de derechos humanos no gubernamentales en la sede de la congregación de las misioneras cruzadas, ubicada en la avenida Juan N. Alvarez de esta capital.
Al término de la misma también se informó que se espera que a la constitución formal del Frente Estatal Contra
Al lugar acudieron el doctor Pablo Sandoval en representació n de
Javier Monroy explicó que otro de los puntos que se agregó al documento base es el tema de la pobreza desde el punto de vista de los derechos humanos, debido a que mientras no existan programas sociales efectivos que reviertan la situación de marginación y miseria que se vive en la entidad, las autoridades de los tres niveles de gobierno tendrán responsabilidad ante la falta de desarrollo de las ciudades y comunidades.
Difusión-Cencos México D. F. a 5 de febrero de 2008
Boletín de Prensa
Presentación de la Campaña Nacional
“
En México, desde hace varios años, venimos viviendo un proceso en el cual se equipara y trata como delincuentes a las personas y organizaciones que realizan protestas sociales. Esta política se acompaña de un discurso que apela a la legalidad y al Estado de derecho.
Desde
En la actualidad el Estado mexicano frente a las acciones organizadas de protesta social responde de forma represiva, bajo algunas de las siguientes modalidades: cierre de los espacios de diálogo, represión policial, descalificación de quienes se manifiestan y protestan, militarización de la vida civil y propiamente la criminalización de la protesta social.
La criminalización de la protesta social consiste en llevar los conflictos sociales a la arena judicial, encarcelar a los integrantes de los movimientos y obligarlos a enfrentar largos y adversos procesos. Esta política de criminalización es en realidad una política de control del descontento social, empleando cada vez más la legislación penal para enfrentar dicha inconformidad.
Propiamente la criminalización se manifiesta en:
•Detenciones arbitrarias
•Equiparar a los luchadores sociales con delincuentes
•Agravar las acusaciones, imputándoles delitos políticos o contra la seguridad nacional.
•Ilegalizar la protesta social
•Falta de un debido proceso legal
Frente a esta política imperante
Debemos insistir en que la protesta social es la garantía social de los derechos humanos frente a gobiernos que incumplen con garantizar los mismos; por lo cual a la protesta social se le reconoce como autotutela de derechos, que son formas de acción en las que los propios titulares emplean vías directas para reclamar o defender un derecho.
En México, desde hace muchos años la protesta social ha sido uno de los medios para exigir el cumplimiento de los derechos humanos y, en muchos casos, se ha convertido en la única vía de reclamo de derechos para los menos privilegiados, y quienes son discriminados.
Ante estas protestas algunos sectores sociales piden la aplicación de todo el peso de la ley y el respeto a los “derechos” de terceros. Se habla, por ejemplo de confinar, las marchas a lugares donde no afecten la circulación vehicular.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que las marchas, plantones y cierres de calles son acciones de desafío a los poderes públicos como formas de llamar la atención de la sociedad sobre la existencia de injusticias profundas y de exigir políticas correctivas, es decir poner a la discusión pública los problemas que se viven en diferentes lugares del país.
Al respecto la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos considera que en una sociedad democrática el espacio urbano no es sólo un ámbito de circulación, sino también un espacio de participación. Es necesario reconocer, por tanto, que la protesta social en sus diferentes manifestaciones no solamente constituyen el ejercicio de derechos y una forma de luchar por los mismos, sino que también son un aporte a la calidad democrática.
Por tanto la campaña contra la criminalización contra la protesta social que hoy iniciamos tiene como primer objetivo el aportar elementos al debate y mostrar que la protesta social es una acción legitima y necesaria en sociedades tan injustas como la nuestra y que es también una herramienta indispensable en la lucha por hacer que se respeten y cumplan los derechos humaos. Para esto contamos con el documento: “La protesta es un derecho, la represión un delito”
El segundo objetivo es mostrar que dicha criminalización integra una política de los actuales gobiernos, los cuales ante su incapacidad de garantizar los derechos humanos de las personas, prefieren proscribir la protesta social y darle trato de delincuentes a quienes ejercen su derecho a la protesta. Para lo cual presentamos la sistematización de setenta casos registrados por las organizaciones que conforman
La campaña que emprendemos a partir de hoy tendrá la mayor parte de sus acciones en los estados, regiones y comunidades donde realizan su trabajo cotidiano los grupos de
En una próxima etapa estaremos difundiendo materiales educativos para reivindicar la protesta social como un derecho y el ejercicio de la misma como indispensable en una sociedad realmente democrática. Todo esto lo secundaremos con materiales gráficos que refuercen estos planteamientos.
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos
“Todos los derechos para todas y todos”
Acción de los Cristianos para
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
A LAS ORGANIZACIONES DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS, NO GUBERNAMENTALES
AL PUEBLO EN GENERAL
El 25 de mayo de 2007, hace 9 meses; como denunciamos entonces, sujetos no identificados detuvieron, sin mostrar orden de aprehensión, en las instalaciones de
Como acostumbran los cuerpos policiacos, le aplicaron tortura física y psicológica de las once de la mañana a las cuatro de la tarde.
Que haya sido el mismo día que desaparecieron a Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, luchadores sociales que el Partido Democrático Popular Revolucionario reclama como sus militantes, no nos parece coincidencia; sobre todo porque el compañero Daniel Santiago Matías era regidor en el cabildo de San Agustín Loxicha cuando en 1996, el gobierno de Diódoro Carrasco Altamirano y Ernesto Zedillo Ponce de León, desataron la más feroz represión contra los indígenas zapotecos de
Es extraño que lo hayan detenido precisamente en esa fecha y no cuando nos entrevistamos con el Procurador General de Justicia, Dr. Evencio Nicolás Martínez Ramírez o con el Secretario General de Gobierno, Ing. Manuel García Corpus en el mes de abril; reuniones donde se habían comprometido a respetar nuestros Derechos Humanos.
Pero lo que más atrae la atención es la insistencia en acusarlo de estar relacionado con el EPR y que confesara actividades que nunca ha tenido con dicho grupo armado revolucionario, es decir, que si hubieran encontrado el menor indicio de alguna relación con Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez habría corrido la misma suerte.
Es innegable que los funcionarios antes mencionados conocieron de estos hechos, porque fue el Comandante de
Sabemos extraoficialmente que el Secretario General de Gobierno tuvo conocimiento de la detención de Daniel Santiago Matías, es decir, los servicios de inteligencia, las corporaciones policiacas locales y federales actuaron coordinadamente para tener toda la información no sólo de Daniel Santiago Matías sino también de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.
Es mentira que los desaparecidos no hayan sido perseguidos, pues si el Estado Mexicano no tiene elementos de prueba para perseguir a los luchadores sociales, los inventa.
Resultaría ocioso hablar de la ejecución del jefe policiaco Alejandro Barrita Ortiz, si en el afán de borrar evidencias no se hubiera asesinado a tres personas más y si en ese mismo intento no se hubiera dado la "desaparición" de otro Policía Ministerial.
Es decir, cada día se le complica más el caso al Estado Mexicano; la responsabilidad apunta directamente a Ulises Ruiz Ortiz y Felipe Calderón y más cuando le han sumado, el primero; la desaparición de las indígenas Triquis Virginia y Daniela Ortiz Ramírez y el indígena Chatino Lauro Juárez; encarcelamientos, torturas, persecución y asesinatos de pueblo organizado; el segundo la desaparición de Francisco Paredes Ruiz en Michoacán y más en el país; igual que tortura, represión y muerte a lo largo y ancho de nuestra patria; ha esto hay que agregarle, mantener como rehenes a presos políticos y de conciencia en las cárceles mexicanas, en Oaxaca desde hace casi 12 años a los indígenas zapotecos de
Por tanto agravio al pueblo de México, exigimos:
¡Presentación con vida de las y los desaparecidos!
¡Libertad a las y los presos políticos y de Conciencia!
¡Castigo a los responsables de la represión!
¡Ley de Amnistía para las y los presos y perseguidos políticos y de conciencia!
¡Justicia y libertad para Loxicha!
¡Porque vivos se los llevaron, Vivos los queremos!
Juan Sosa Maldonado
Coordinación Estatal del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo.
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