lunes 13 de agosto de 2007
Por acuerdo unánime, la asamblea de los Bienes Comunales de Cacahuatepec resolvió rechazar el proyecto La Parota y terminar con el juicio agrario que está pendiente. Entre la sorpresa y el pasmo, el enviado de la CFE, Eugenio Laris Alanís le dijo a Marco Antonio Suástegui que lo felicitaba por haber logrado la cancelación de la presa pero le advirtió que sobre su conciencia quedaría el que estos poblados no tuvieran desarrollo y sigan en la miseria.FOTO: GONZALO PEREZ
Rechazan en Aguacaliente a La Parota; PA resolverá validez: CFE
Se acuerda no volver a hacer otra junta que tenga que ver con el proyecto
El punto fue sacado por el Cecop en la parte de asuntos generales y aprobado por unanimidad
ROBERTO RAMIREZ BRAVO
Por acuerdo unánime, la asamblea de los Bienes Comunales de Cacahuatepec resolvió rechazar el proyecto hidroeléctrico La Parota, terminar con el juicio agrario que está pendiente y no volver a realizar una asamblea más que tenga algo que ver con este proyecto, y particularmente con la ocupación previa, cambio de uso de suelo y de expropiación de las tierras.
El tema fue abordado en la parte de asuntos generales luego de que los principales responsables del proyecto por parte de la Comisiónn Federal de Electricidad (CFE) expusieran las bondades del mismo, de que los especialistas invitados por el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a La Parota (Cecop) expusieran sus argumentos en contra y de que los propios comuneros, de manera individual, hicieran comentarios. Al término, Eugenio Laris aseguró que el resolutivo no fue legal porque se había convocado a sólo una asamblea informativa, pero dijo que le corresponde a la autoridad agraria declarar su validez o no.
El 25 de julio pasado, luego de un proceso de diálogo entre el comisariado presidido por Jesús Crisanto Arellano, simpatizante, y el Cecop, que incluyó varias reuniones entre ambos, se emitió de manera conjunta la convocatoria para un asamblea informativa en la que se pediría a la CFE que acudiera a dar información a los comuneros sobre todo el proyecto.
Ayer se realizó esa asamblea con un pase de lista y un registro minucioso de los asistentes, en los cuales se excluyó al subsecretario de Asuntos Políticos del gobierno del estado, Guillermo Ramírez Ramos, a quien no se le dejó entrar, y al líder cenecista Evencio Romero Salgado, quien fue obligado a retirarse a punta de empujones e incluso un golpe en el rostro.
Estuvieron, por parte de la CFE, el director de proyectos inversión financiada, Eugenio Laris Alanís; el subdirector de construcción, Benjamín Granados Domínguez; el coordinador de proyectos hidroeléctricos, Humberto Marengo; el coordinador de Proyectos Hidroeléctricos, el biólogo Francisco Hernández Alvarez; el representante sindical Luis Díaz Vargas, y el coordinador del proyecto hidroeléctrico, Gerardo Cruz Vázquez.
Durante tres horas se llevaron a cabo las exposiciones de los funcionarios de la CFE, de los especialistas invitados por el Cecop, Octavio Klimek Alcaraz y Angelberto Martínez Gómez, asesores de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, Andrés Barreda, coordinador del Centro de Análisis Social, y el diputado federal José Antonio Almazán González y las participaciones individuales.
Las posiciones fueron encontradas, pues para los funcionarios el problema de la presa se reduce a 250 personas afectadas y un número reducido de tierras inundadas, a cambio de un proyecto que generará desarrollo, empleo y prosperidad; mientras para los especialistas la obra sólo es un pretexto para la privatización de la CFE y del agua, y es un proyecto que afectará el entorno ecológico, las tierras, la cultura y toda la forma de vida de los campesinos. Para estos últimos, no hay ninguna opción de que el proyecto se realice.
A las 14 horas el vocero del Cecop, Marco Antonio Suástegui, pasó a los asuntos generales y, ya a punto de terminar la asamblea, leyó un “convenio de conciliación” previsto, dijo, en el artículo 185, fracción sexta de la Ley Agraria, en relación con el juicio 242/2007 que se ventila en el Tribunal Unitario Agrario. En este convenio participan por una parte el comisariado con su presidente Jesús Crisanto, su secretario Angel Hernández Quiñones y el tesorero Alfredo Humberto Elasio, como demandados por las asambleas del 6 y 20 de mayo, y por el otro, como acusadores, los comuneros José Venus Hernández Nicanor, Facundo Hernández Angel y Alfonso García Vázquez.
El convenio establece que el comisariado se compromete en lo futuro a no emitir otra convocatoria para una asamblea general que contenga asuntos relacionados con el proyecto, como consecuencia de que el máximo órgano de decisión del comunal, una vez que fue informado sobre las ventajas y desventajas del mismo, “resolvió que éste no es benéfico para los bienes comunales de Cacahuatepec, sino que al contrario, traerá consigo costos sociales, ambientales y culturales de imposible reparación”. En consecuencia, y con fundamento en la Ley Agraria, “la asamblea rechaza todo convenio de ocupación previa con fines de expropiación”.
También se establece que por acuerdo de las partes, el convenio será homologado a categoría de sentencia ejecutoria dentro del juicio agrario 242/2007. Con ello, afirmó Suástegui Muñoz, “se rechaza la expropiación”.
Laris Alanís –que no ocultaba su asombro y preocupación– se dirigió a los comuneros y les recordó que la asamblea había sido convocada como exclusivamente informativa, e insistió en que rechazarla implica perder varios beneficios.
Consultado después, afirmó que La Parota sigue siendo un proyecto importante y necesario, y reiteró la invalidez de la asamblea pero afirmó que la CFE no la impugnará porque no tiene facultades para ello. Dijo que los del Cecop “mayoritearon” pero se pudo hacer la exposición sin problemas, y las autoridades agrarias determinarán si es una asamblea legal o no.
El procedimiento está previsto en la Ley Agraria: Tlachinollan
La figura de convenio de conciliación en un juicio agrario, utilizada por los comuneros de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, está prevista en el artículo 185, fracción sexta de la Ley Agraria, que establece que en cualquier momento de un juicio agrario antes de que haya pronunciamiento del fallo, previo acuerdo de las partes, “se suscribirá el convenio respectivo, que una vez calificado, y en su caso aprobado por el tribunal, tendrá carácter de sentencia”.
El juicio 242/2007 que mantienen los comuneros y el Cecop por las asambleas del 6 y 20 de mayo pasado, quedó anulado, de acuerdo con este artículo, por la voluntad expresada entre las partes. De paso, en sus cláusulas quedó también asentado el compromiso de no volver a convocarse a una asamblea similar y el rechazo del máximo órgano del comunal al proyecto La Parota.
Según explicó el abogado del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, Mario Patrón Sánchez, la asamblea está facultada para incluir este tipo de convenios en su orden del día, y en este caso se aplicó el punto de asuntos generales y se firmó una vez que los funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad informaron los pros y contras del proyecto hidroeléctrico La Parota.
Con esta medida, queda prácticamente desechada la posibilidad de una expropiación, al menos en los bienes comunales de Cacahuatepec, de acuerdo con el artículo 95 de la misma ley, que establece que “queda prohibido autorizar la ocupación previa de tierras aduciendo que, respecto de las mismas, se tramita expediente de expropiación, a menos que los ejidatarios afectados o la asamblea, si se trata de tierras comunales, aprueben dicha ocupación”.
Según explicó Patrón Sánchez, el año pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una jurisprudencia en el sentido de que no se puede expropiar sin respetar el derecho de audiencia antes del decreto expropiatorio y que en materia agraria, es la asamblea general de comuneros la que tiene que dar su anuencia o su rechazo a la expropiación.
“Se cayó La Parota, compañeros, se cayó; ni una asamblea más”
El Cecop comenzará otra lucha, ahora contra proyectos como La Yesca, anuncian
ROBERTO RAMIREZ BRAVO
Con las manos en la cintura, el director de proyectos inversión financiada de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Eugenio Laris Alanís, observaba, demundado y con los ojos como si fueran a saltar de sus órbitas, al vocero del Cecop, Marco Antonio Suástegui, en el momento en que terminaba de leer el acuerdo de la asamblea de los Bienes Comunales de Cacahuatepec para rechazar el proyecto hidroeléctrico La Parota.
“¡Se cayó La Parota, compañeros, literalmente se cayó; ni una asamblea más!”, exclamó Suástegui.
Laris apenas ocultaba el temblor de su barbilla mientras unas tres mil personas reunidas en Aguacaliente lanzaban mueras a la CFE.
Era casi el final de una jornada en la que el funcionario de la paraestatal y los principales operadores del proyecto –el subdirector de construcción, Benjamín Granados Domínguez; el coordinador de proyectos hidroeléctricos, Humberto Marengo; el coordinador de proyectos hidroeléctricos, el biólogo Francisco Hernández Alvarez, el representante sindical Luis Díaz Vargas, y el coordinador del proyecto La Parota, Gerardo Cruz Vázquez–, llegaron sonrientes y entraron al sitio de la asamblea por la puerta principal, pero salieron por un costado, entre el lodo de aguas negras y los excrementos de perros, seguidos por los gritos de los campesinos.
Fue, también, el fin de un proceso de tres meses en el que las partes enfrentadas legalmente desde hace cuatro años, el comisariado y el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras al proyecto La Parota (Cecop), fueron acercando sus posiciones hasta lograr el acuerdo de ayer, concebido como “convenio de conciliación” en torno al litigio 242/2007 que se sigue en el Tribunal Unitario Agrario por las asambleas del 6 y 20 de mayo pasado, en el que se asienta el rechazo a la expropiación de las tierras para el proyecto, y se pacta que no volverá a haber otra asamblea para tratar ese asunto.
De la sorpresa y el pasmo, Laris Alanís pasó a un contraataque tibio: en el oído, le dijo a Suástegui, quien sostenía el micrófono mientras los miembros del comisariado y del Cecop firmaban el convenio de conciliación, que lo felicitaba por haber logrado la cancelación de la presa pero le advirtió que sobre su conciencia quedaría el que estos poblados no tuvieran desarrollo y sigan en la miseria. “¿Es una amenaza?”, le preguntó el vocero, tras narrar por micrófono la plática.
Pero ya era tarde, porque de buen talante el presidente del comisariado, Jesús Crisanto Arellano, había firmado, igual que su secretario Angel Hernández Quiñones y su tesorero Alfredo Humberto Elasio. El funcionario se dirigió a los asambleístas: “es un proyecto nacional y hay autoridades sobre mí que tienen que tomar la decisión, pero sí les digo que será con la voluntad de ustedes, no en contra de su voluntad”. Luego intentó irse, pero Suástegui le recordó que debía esperar a que todo acabara, hasta que el abogado Mario Patrón, del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, le sugirió que los despidiera porque la asamblea es un asunto de los comuneros, y los funcionarios ya habían informado.
Así se permitió la salida a los funcionarios, para quienes se abrió un boquete en la malla ciclónica que rodeaba el predio, por un terreno baldío lleno de aguas negras y con excrementos de animal. De salida, Alanís concedió dos entrevistas, en la primera explicó que la CFE se reservaría la acción que pudiera tomar en virtud de que la asamblea se había convocado sólo con carácter informativo, y en la segunda afirmó que corresponderá a las autoridades agrarias definir si tenía validez o no.
Para ese momento los comuneros ya festejaban y se abrazaban. Marco Antonio Suástegui aseguró que no la batalla, sino la guerra, se había ganado. Anunció que el Cecop comenzaría otra lucha, ahora por la cancelación de otros proyectos, como La Yesca.
“Menos el de atrás”
Desde las 8 horas el acceso al poblado fue restringido por el Cecop, que colocó un retén humano en la entrada, y un metro después un cordón atravesado en la carretera.
El vocero Marco Antonio Suástegui, el comerciante Gustavo Téliz y gente de la comunidad, vigilaban el ingreso al pueblo con resultado de algunos incidentes menores. Suástegui decretó: no entrarán Televisa, El Sol de Acapulco ni Novedades, y a ninguno de los tres medios se les permitió el acceso; en cambio, entraron sin problema agentes de Gobernación que decían ser reporteros de desconocidos medios de información.
Un grupo de simpatizantes, encabezado por Hildeberto Guadalupe Elasio, de Barrio Nuevo de los Muertos, se quedó sin poder entrar porque algunos traían credenciales muy nuevas que, aseguró Suástegui Muñoz, habían sido solicitadas con domicilios en los bienes comunales sólo para la asamblea.
Poco antes de las 10 llegó Laris con sus funcionarios y un grupo de apoyo, e ingresaron sin problemas. Invitado por ellos iba, en último lugar de la fila, tratando de pasar desaparecibido, el subsecretario de Asuntos Políticos. Guillermo Ramírez Ramos.
–¡El no pasa! –dijo un comunero al identificarlo. Y el funcionario se quedó atrás de la valla, donde permaneció una media hora y luego se fue.
En el centro de Aguacaliente se instalaron las mesas donde los comuneros que habían pasado el primer filtro se inscribían a la asamblea, que se realizaría en un terreno baldío, del lado del río, donde fue recibido el subcomanndante Marcos.
Cuando estaba por cerrarse el registro, unos comuneros vieron al cenecista Evencio Romero Sotelo, aguerrido promotor del proyecto, y lo corrieron a gritos, pero como no se iba empezaron a empujarlo y jalonearlo, hasta que un puño se estrelló contra su rostro. Ya en franca huida, Romero fue interceptado por un reportero de televisión que le preguntó qué estaba pasando y aquel contestó que no intentaba entrar a la asamblea.
–¿Cómo lo trataron? –inquirió el reportero, cuando el cenecista se sobaba la mejilla golpeada.
–¿Qué no estás viendo? –le contestó antes de subir a su camioneta y alejarse del pueblo a toda prisa.
En el recinto había unas maquetas de la presa bajo un toldo y un registro de tres mil asistentes, explicó el secretario del Cecop. Laris y su equipo estaban tranquilos. Platicaron con reporteros y denunciaron que al profesor de la UAG Alfonso Guzmán, contratado por la CFE para hacer estudios socioeconómicos en la zona, se le impidió el acceso; Laris dijo que también se han gastado 200 millones de pesos en estudios y obras menores para el proyecto, e insistió en que sólo hay 250 afectados a los que habría que pagarles, los demás sólo tendrían los beneficios que se acordaran con las autoridades comunales.
Al comenzar la asamblea, a las 11:25, pasaron su primer rato amargo, pues Suástegui Muñoz les pidió que se presentaran y los comuneros le gritaron de todo. Laris sonreía; sus acompañantes no.
Laris Alanís fue el primero en exponer su parte. “No esperamos que ahora aprueben o no el proyecto”, les dijo de entrada, pero las respuestas fueron gritos: “¡fuera, fuera!”, “¡tengan vergüenza, cabrones!”. Rechazó los argumentos que han circulado previamente: no se va a secar el río, sí habrá agua para Acapulco, no se afectará a ningún poblado abajo de la cortina, dijo.
–¡Controla tus nervios! –le gritó una mujer.
Es que Alanís temblaba. Se veía el esfuerzo por controlar el movimiento del mentón y de sus manos. La presa, insistió, “se hará cuando los comuneros estén de acuerdo”, y desató los gritos en su contra.
–¡Tú eres el culpable de los muertos, asesino!
Ofreció pagar las afectaciones por encima de los avalúos del gobierno o de los mismos comuneros, pero sólo a los 250 afectados, y pidió “que se decidan si están por el proyecto, o (por) que se mantengan las condiciones de miseria en que están”. Y otra vez los gritos.
Marengo Mogollón tomó la palabra pero sólo duró tres minutos, porque tras repetir lo que su jefe, los abucheos arreciaron. Gerardo Cruz Velázquez –“¡otro mañoso!”, le espetaron– tampoco tuvo mucha suerte porque insistió en lo mismo, pero afirmó que ya hay un lugar donde se reubicarían a los 810 afectados de 14 poblados y que la mayor parte ya dio su aprobación.
–¡No entiendes, burro: la tierra no se vende!
De repente, sin terminar el discurso, dijo: “Bueno, muchas gracias”.
Laris retomó la palabra para calmar los ánimos, pero sólo alcanzó a decir: “entiendo que son ustedes un grupo de la Cecop muy agresivo y convencidos de que la obra no se haga; lo dejo en su conciencia”.
Los ánimos estaban caldeados, los comuneros se habían levantado y se acercaban al templete donde estaban funcionarios y organizadores. Laris hizo el intento de ir a sentarse pero Suástegui lo atajó: “hey, ¿a dónde vas? párate ahí”, le ordenó, y señaló un lugar. El funcionario intentó resistir pero el comunero repitió el mandato, y tuvo que obedecer. Entonces Suástegui le reclamó por los que están procesados y le exigió ante la asamblea retirar cargos, Laris encontró su oportunidad y dijo que no podía porque no era la CFE quien había acusado, sino un funcionario en particular.
Después participaron los expertos invitados por el Cecop: Octavio Klimek Alcaraz y Angelberto Martínez Gómez, asesores de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, y el diputado José Antonio Alcaraz Hernández, quienes repitieron su exposición en los foros sobre el tema organizados en Acapulco y la ciudad de México.
Hablaba Angelberto Martínez cuando un simpatizante de la presa, Mauricio Velarde, de El Ranchito, en evidente estado de ebriedad subió al templete pidiendo el uso de la palabra. Gustavo Téliz trepó también de un brinco y primero le ordenó salir, pero como aquél no obedeció, lo empujó. “¿Qué quieres, hijo de la chingada?”, le gritaba el comerciante. El comunero, ya abajo del templete, lo retó: “¡tú conmigo, cabrón, bájate!”, pero Téliz ya no insistió. Luego Velarde fue expulsado y afuera lo recibieron policías, que se lo llevaron.
Después, Laris Alanís intervino para replicar, rechazó los argumentos de los expertos y pidió a los campesinos no dejarse manipular por gente que viene de fuera.
Eso fue lo último, porque después de él hablaron los comuneros, y en dos ocasiones se pidió levantar la mano a quienes estuvieran en favor y en contra del proyecto. Una vez hubo unos 20 que se pronunciaron a favor, después, ninguno. Al último, ya en asuntos generales, lo que se votó fue un convenio de conciliación entre el Cecop y el comisariado, pero con cláusulas que marcan con claridad el rechazo a la presa La Parota.
La Parota no es viable ambiental ni socialmente, dice Colegio de Agrónomos
No es comprensible que primero causen un daño y después busquen remediarlo, dicen
SERGIO OCAMPO ARISTA
CHILPANCINGO, 12 DE AGOSTO. La Asociación Civil de Ingenieros Agrónomos Democráticos de Guerrero ratificó su rechazo a la construcción de la presa hidroeléctrica La Parota, y advierten que no es viable desde el punto de vista ambiental ni social “ya que la construcción de la cortina de enrocamiento con cara de concreto, de 180 metros de altura, se corre el riesgo de acelerar más el calentamiento global de la tierra”.
En entrevista, Eloy Romero García, presidente de la agrupación, insistió en que con la cortina de enrocamiento “se formará el lago artificial de 14 mil 33 hectáreas de extensión y una capacidad de seis mil 790 millones de metros cúbicos, que va a acelerar el calentamiento global de la tierra al estar en peligro áreas que presentan vegetación y vida silvestre vitales para el equilibrio ecológico de la región”.
Recordó que en el estudio de manifestación del impacto ambiental (MIA) que fue realizado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) a petición de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y avalado por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), se incluyó lo relativo a la destrucción del ecosistema forestal en los municipios de Juan R. Escudero, San Marcos, y Acapulco de Juárez y parte de la cuenca del río Papagayo, al acabar con la vegetación presente de la zona, “no hay que olvidar que las plantas y árboles absorben entre 10 y 12 toneladas de bióxido de carbono por hectárea”.
El dirigente de los agrónomos aseguró que el impacto social sería demasiado drástico ya que “con la operación del proyecto, y de acuerdo al texto del MIA, desaparecerán 24 poblados, tierra agrícolas, la flora y la fauna silvestres del sitio de la presa”.
Reiteró que el proyecto no se justifica ambiental ni socialmente, aunque se hable por parte de la CFE de la reubicación de las familias campesinas, del rescate y reubicación de las especies de flora y fauna, del reordenamiento ecológico territorial, de la reforestación y restauración, de la compensación por uso de suelo forestal, así como de manejo y monitoreo ambiental, “nada de esto es comprensible ya que primero se causará el daño ecológico en la zona del proyecto y posteriormente se tratará de compensarlo”.
Por último Romero Gatica criticó a los tres niveles de gobierno de tener abandonado el tema del medio ambiente, por lo que planteó iniciar acciones para la protección del equilibrio ecológico de cada una de las regiones del estado, impulsando políticas sustentables en el uso de los recursos naturales”.
“Si el proyecto divide, que no se haga”
La Iglesia respaldará decisión de los comuneros: arzobispo
El arzobispo de Acapulco, Felipe Aguirre Franco, ofreció que la Iglesia va a respaldar las decisiones que se tomen auténticamente para bien de la comunidad, los ejidatarios dueños de las tierras en las que se pretende construir La Parota y afirmó que nadie deberá estar por encima de los derechos de los campesinos que se verían afectados por el embalse, “si el proyecto va a generar división, de nada sirve que se haga, no debe dividir a nadie”.
Entrevistado al término de la misa que ofició ayer en la catedral de Nuestra Señora de la Soledad, Aguirre Franco aclaró que la Iglesia no está a favor ni en contra de La Parota, pues están analizando que tan viable es el proyecto y esperan los resultados de la asamblea a realizarse en Aguacaliente entre funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y comuneros para dar a conocer la información relacionada con la presa tanto a los opositores como a los que están a favor y la decisión “que de ahí brote” tendrá el respaldo del clero católico.
Todavía sin conocerse los resultados de la asamblea en Aguacaliente, el prelado católico pidió tomar una decisión con serenidad respecto a la presa, pues no son ni el encono ni motivaciones viscerales para buscar decisiones en bien de la comunidad y de los derechos de los campesinos dueños de las tierras, que en primer instancia tienen que ser reconocidos para que partiendo de la seguridad del respeto a sus derechos, se tome la mejor decisión.
Recomendó a la CFE e impulsores del proyecto no tener “una mentalidad neoliberal capitalista” en la que importe solamente la riqueza que va a generar la presa ni tampoco ponderar la opinión de los que se van a enriquecer a causa de ella, más bien deben estar por encima de todo el interés y por el bien de la comunidad, de los mismos campesinos, no el bien individual sino el bien colectivo y global de todos estos lugares.
“No importa tanto si se hace o no La Parota, lo que importa es el desarrollo y el progreso de estas comunidades que ancestralmente han vivido en la más preocupante de las miserias, y vienen arrastrando una historia de pobreza, de tal manera que ven pasar en el río Papagayo un caudal de riqueza que no tiene efectos provechosos para sus comunidades, todo eso se debe tomar en cuenta sobre el caso de la construcción de la presa”, asentó el arzobispo.
Ratificó que la Iglesia valora los acuerdos entre los comuneros simpatizantes y opositores alcanzados para llegar a la asamblea de ayer, incluso se mostró dispuesto a apoyar el proceso de diálogo y reconciliación, como una aportación de la arquidiócesis de Acapulco que tiene cuatro parroquias establecidas en el área de conflicto. De igual forma anunció que como parte del plan de evangelización tiene proyectada una visita pastoral en las comunidades que se verían afectadas por el embalse “para desarrollar actitudes de diálogo en un encuentro de reconciliación entre todas las partes”.
Traido de http://resisteacapulco.blogspot.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario