miércoles, 15 de agosto de 2007

Carta al Presidente de la SCJN

ALIANZA DE TRABAJADORES DE LA SALUD Y EMPLEADOS PUBLICOS

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10 de agosto 2007

Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

PRESENTE

Estimado Ministro Ortiz Mayagoitia:

Venimos ante el máximo tribunal de nuestro país para demandar que se detenga el mayor atropello a las garantías sociales y laborales de los mexicanos, a que se evite el abuso del poder en la transgresión de la norma constitucional por el poder legislativo y el poder ejecutivo obligados hacer cumplir nuestra carta magna y que se garantice la protección de la justicia federal subsanando vicios y dilación en los juicios de amparo contra la expedición y aplicación de la nueva ley del ISSSTE, misma que contraviene la legislación vigente, elimina las conquistas alcanzadas en el siglo pasado por nuestro pueblo y rompe el estado de derecho que debe prevalecer. Sr Ministro, por su conducto, solicitamos la intervención inmediata del H. PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN y del H. CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. para que Poder Judicial de la Federación tome las medidas necesarias para la tramitación de los juicios de garantías referidos, que se radiquen y atiendan con prontitud, certeza y transparencia.

Solicitamos que el máximo tribunal de nuestro país en base a sus funciones, y en razón de los agravios cometidos al conjunto de la sociedad y a las instituciones, por las violaciones en la aprobación, expedición y aplicación de la ley señalada, analice y resuelva sobre la inconstitucionalidad de la nueva ley del ISSSTE, promulgada el pasado 31 de marzo para restituir el estado de derecho en México.

La nueva ley a la fecha, es desconocida por la inmensa mayoría de los empleados públicos y para los ciudadanos mexicanos, producto de un ilegítimo proceso de aprobación donde diputados y senadores, gobernantes y representantes de organizaciones sociales y sindicales, actuaron sin consultar a más de 10 millones de mexicanos interesados y a la sociedad en su conjunto. Además lo hicieron, sin tomar en cuenta las propuestas de diferentes actores sociales y sin conocimiento pleno. Es decir los representantes de la sociedad actuaron a espaldas de sus representados. En un procedimiento Express, el poder legislativo y el ejecutivo, resolvieron abrogar derechos y beneficios consignados en la ley del ISSSTE vigente hasta el 31 de marzo del año en curso. Actualmente se desarrolla una campaña publicitaria que desinforma y manipula el contenido de la nueva ley, oculta la perdida de derechos, la mercantilización de servicios y prestaciones de la seguridad social. Presenta el cumplimiento de las obligaciones del Estado y gobierno como beneficios de una nueva ley que secuestra el ahorro laboral de las últimas generaciones.

La ley que entró en vigor el 1º de abril, es ilegítima debido a que oculta el desfalco de los fondos de pensiones, de los fondos médicos, de prestaciones sociales, de vivienda y de retiro entre otros y oculta también, el saqueo de las instituciones, en particular del ISSSTE y del FOVISSSTE.

El incumplimiento de las funciones sociales del Estado, la evasión patronal de sus obligaciones y la manipulación de los derechos laborales y sociales por los seudodirigentes, constituyen los problemas centrales del cumplimiento de la legalidad en el trabajo.

Desde hace más de 10 años, los trabajadores mexicanos hemos reclamado la transparencia y rendición de cuentas en el manejo de las instituciones que tienen bajo su responsabilidad el ahorro laboral (beneficios y prestaciones sociales) mediante una auditoría al ISSSTE y al IMSS; el estricto cumplimiento de la responsabilidad del Estado de garantizar la protección social en el trabajo para todos los mexicanos. Hoy más de 28 millones de trabajadores y sus familias, se encuentran sin seguridad social; el incumplimiento de las normas laborales y sociales consignadas en la Constitución es admitida por gobernantes, convertida en ley de la selva por los legisladores y constituye un negocio de las mafias sindicales impuestas a los trabajadores.

El modelo de privatización de la seguridad social que aprobaron subrepticiamente diputados, senadores y gobernadores, es contrario a convenios y derechos sociales y humanos suscritos por el Estado mexicano con organismos internacionales. Más aún, el sistema que se impone ha fracasado en otros países y los organismos internacionales han señalado el alto costo social, la profundización de la desigualdad y el enriquecimiento inconmensurable de la banca, situación que genera una mayor inestabilidad social y política. Hoy la inmoral concentración de la riqueza a costa de la ilegal explotación del trabajo y los recursos naturales y el patrimonio cultural, constituyen el mayor agravio que vivimos los mexicanos. Sabemos que en México sí hay dinero para rescatar carreteras o a la banca, pero el gobierno y los empresarios se niegan a regresarnos nuestros fondos de ahorro acumulados con nuestro trabajo a lo largo de 40 años.

Además, la abrogación de la ley el 1º de abril, formaliza la ilegal contratación de más de 500 mil puestos de trabajo, fragmenta normas y condiciones laborales convenidas en los últimos 50 años, deja a las nuevas generaciones indefensas ante la voracidad de patrones y funcionarios. Para los trabajadores mexicanos y nuestras familias, para todos la sociedad es fundamental que se restituye la legalidad, para tal caso, consideramos fundamental que el H. PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN y del H. CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, examinen la nueva ley del ISSSTE, con todo el sentido social que tienen nuestra Constitución y el Estado emanados de una Revolución, que costó cientos de miles de vidas y restituyan las garantías individuales y los derechos sociales que se pretenden arrancar con la multicitada ley.

Sr. presidente del poder judicial: hoy, a más de 130 días de que entró en Vigor la nueva ley, no se han tramitado la totalidad de las demandas de amparo interpuestas por más de 700 mil mexicanos integrados en más de 160 mil expedientes. Al mismo tiempo que las audiencias se están programando para un año después y se está solicitando a los demandantes que viven a lo largo del territorio nacional, la acreditación de un domicilio en la Ciudad de México. El juzgado especial o auxiliar acordado por ustedes, no ha dado la certeza y celeridad en la administración de la justicia y el problema de fondo, la inconstitucionalidad de la nueva ley. La indefensión actual de los trabajadores y la incertidumbre de las nuevas generaciones, debilitan aún más la confianza en el sistema de justicia de nuestro país.

Hoy los trabajadores y la sociedad vivimos bajo la presión cotidiana del gobierno, legisladores y dirigencias sindicales para que aceptemos la renuncia de nuestros derechos y de nuestra historia, el mismo director del ISSSTE y el Jefe del Ejecutivo, han amenazado públicamente a quienes recurren a la justicia, con la suspensión de los servicios a que tienen derecho.

Los mexicanos estamos cansados y hartos de tanta impunidad, de tanta injusticia en nuestro país. Vivimos entre la desconfianza a las instituciones y la rabia de la vulneración de nuestros derechos. La inmensa mayoría ya no cree en la administración de la justicia, no obstante recurrimos a los juicios de amparo porque creemos en la ley, la cual deberá prevalecer a pesar de malos gobernantes, malos legisladores y malos jueces, el pueblo, los trabajadores mexicanos y la sociedad entera estamos empeñados en que se restituye el estado de derecho y la legalidad.

Estamos seguros, de que este tribunal será sensible al reclamo social de que se cumpla con el derecho al trabajo digno, la protección social del trabajo – seguridad social- y la libertad y la democracia sindical, derechos todos ellos consignados en nuestra Constitución Política y en la legislación laboral mexicana. Y en consecuencia aborde el análisis y la resolución de la inconstitucionalidad de la nueva ley del ISSSTE. Paralelamente, por nuestro lado estamos demandando que en el próximo período legislativo el Congreso restituya derechos laborales y sociales, abrogando la mencionada ley, petició que será acompañada del plebiscito nacional para que todos los mexicanos intervengan en la defensa del estado de derecho y en la solución de los
grandes problemas nacionales.

Esperamos y deseamos, que de inmediato se de trámite a todos los juicios de amparo y se asegure el acceso a la justicia a todos los demandantes a lo largo del país, lo que significa que el poder judicial ofrezca las condiciones económicas y laborales para que acudan a las audiencias a la Ciudad de México.

Atentamente.

José Antonio Vital Galicia, Reina Ayala, Juan Antonio García, Irma Acela,

Hasta el dia 10’ de abril se admitieron 127 mil demandas de amparo, faltan mas de 40 mil demandas que presentan cerca de 500 mil trabajadores. Las audiencias constitucionales se realizaran en la 2ª quincena de septiembre. Al 17 de mayo se registraron 167, 327 demandas suscritas por cerca de un millón de empleados públicos. Alrededor de 700 mil querellas en 150 mil amparos individuales y entre 10-15 mil juicios conjuntos con un promedio de entre 30 y 50 demandantes (existen hospitales con mas de 600 firmantes y grupos de escuelas que superan los 500 quejosos). Además se interpusieron amparos colectivos por los representantes de unas 3 decenas de sindicatos que representan aproximadamente 250 mil trabajadores (Gobierno del D.F., ISSSTE, Ind. Nuclear, UNAM y otros universitarios etc.)

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