Acapulco: la matanza de los copreros

Acapulco: la matanza de los copreros

Gerardo Peláez Ramos

gerardo_pelaez@hotmail.com

El 20 de agosto de 1967 ocurrieron, en Acapulco, Guerrero, hechos sumamente graves: fueron asesinados 32 ciudadanos, heridos más de 100 y detenidos 226. De esta manera, el gobernador del estado, Raymundo Abarca Alarcón; el líder de la Confederación Nacional Campesina, Amador Hernández, y el presidente de la Unión Regional de Productores de Copra del Estado de Guerrero, Jesús Flores Guerrero, enfrentaron la lucha de los campesinos copreros por la democracia interna en la URPCEG y en contra de un impuesto de 13 centavos al kilo de copra, implantado por la administración abarquista. La matanza estuvo precedida por la detención de líderes cívicos; la eliminación física de José Morales en Zacacoyuca y de Jesús Avilés en Iguala; el asesinato masivo del 18 de mayo en Atoyac de Álvarez, que dio origen a la lucha armada de Lucio Cabañas; el homicidio de 18 campesinos de Tierra Caliente en el mes de julio, y el asesinato el 4 de agosto de Alfredo López Cisneros, alias El rey Lopitos, famoso dirigente político y de colonos en Acapulco. Dichos acontecimientos aceleraron la radicalización de Genaro Vázquez Rojas, la Asociación Cívica Guerrerense y el Consejo de Autodefensa del Pueblo de Guerrero. El sur se adentraba en la lucha violenta.

En la masacre intervinieron los más famosos pistoleros de la entidad: Constancio Hernández, El zanatón; Gregorio Chávez, El animal; Eduardo Radilla, El niño, y los hermanos Gonzalo, Demetrio, Luis e Isabel Gallardo Solís, así como la Policía Judicial del Estado. Entre los primeros caídos ese fatídico 20 de agosto, estaban Alberto Béjar González y Félix Hernández, célebres gatilleros veracruzanos al servicio del diputado federal César del Ángel, asesor y organizador de la disidencia de la UROCEG que encabezaba Julio Berdeja Guzmán.

La masacre estuvo precedida por diversas actividades políticas y sociales. La CNC envió a las costas guerrerenses a Rubén Zuno Arce y Guillermo González Martínez para organizar las elecciones en la URPCEG, que se realizaron el 23 de abril de ese año para suceder al presidente de la Unión Regional, Rosendo Ríos Rodríguez. Se inscribieron tres candidaturas: Jesús Flores Guerrero, Julio Berdeja Guzmán y Lucio Ríos Gutiérrez (afamado acaparador de copra), “ganando” el primer candidato con 1,964 votos de un padrón de alrededor de 15 mil socios. El fraude quedó de manifiesto. La inconformidad se hizo presente de inmediato y una franja considerable de la militancia de la organización decidió separarse de la CNC.

Los disidentes recurrieron a la asesoría de César del Ángel, quien recorrió la zona coprera y visitó más de 100 ejidos, los cuales aceptaron celebrar un congreso de la URPCEG para destituir a Jesús Flores Guerrero, elegir una nueva dirección y suspender el impuesto de 13 centavos por kilogramo de copra, para regresar al anterior impuesto de tres centavos.

La agitación creció tanto en la Costa Grande como en la Costa Chica, por lo que el gobernador guerrerense buscó que Amador Hernández controlara y disciplinara a César del Ángel. Tales propósitos fracasaron. Los opositores a Flores Guerrero continuaron con sus medidas para realizar un congreso, y definieron como día de la asamblea el 20 agosto en el domicilio social de la Unión Regional. Con el apoyo del gobernador, el liderato formal de la URPCEG decidió atrincherarse el mismo día en el local de la organización, hacer acopio de armas de alto poder y concentrar a conocidos asesinos profesionales de la entidad federativa. La provocación estaba plenamente configurada. Todo estaba premeditado.

La ocupación del edificio de la Unión Regional por las tropas federales, tras la masacre, permitió encontrar como arsenal: más de 70 rifles M1 y varios M2; seis escopetas de diversos calibres, 22 pistolas 380 y otras 30 calibre 38 súper, más algunas decenas de ametralladoras tipo Mendoza. De los ocupantes no hubo ningún muerto y ningún herido, todos los caídos y heridos pertenecían a la disidencia. Los jefes oficiales de la URPC, Jesús Flores Guerrero, Eligio Serna Maciel, Severiano Ibarra Rivera y Amador Campos, detenidos en el terreno de los hechos, fueron liberados rápidamente. En cambio, se tuvo en prisión más tiempo a los disidentes.

Las acusaciones menudearon entre los líderes oficiales, el gobernador del estado y César del Ángel, pero no se castigó a los responsables de la masacre. El Consejo de Autodefensa del Pueblo de Guerrero, señaló con razón: “El 20 de agosto se escenificó la más descarada y sangrienta agresión a los campesinos productores de copra por parte de la Policía Judicial, grupos de bandoleros y guardias blancas al servicio del gobierno estatal y de los caciques acaparadores de copra. Fue el gobierno de Raymundo Abarca Alarcón y los caciques acaparadores de copra los que premeditadamente prepararon el crimen... El Consejo de Autodefensa se suma al clamor popular y demanda la consignación judicial de Raymundo Abarca Alarcón, Jesús Parra y Marquina (director de Seguridad del Estado), Jesús Flores Guerrero, Eligio Serna Maciel, Rosendo Ríos, Raúl Fernández y Rigoberto Pano, como principales responsables de la masacre de campesinos”.

La matanza de copreros impulsó algunos procesos en marcha: radicalización de Lucio Cabañas, quien desde la sierra creó un grupo de autodefensa y constituyó poco después el Partido de los Pobres y un movimiento guerrillero con amplia base popular; adopción de la lucha armada como medio de lucha por Genaro Vázquez Rojas y los cívicos, quienes formaron la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria y crearon un grupo guerrillero; la descomposición política del cacicazgo guerrerense, y los inicios en el país de la guerra sucia. El gobierno de Gustavo Díaz Ordaz continuó la represión política en contra de los trabajadores transitorios de Petróleos Mexicanos, las organizaciones estudiantiles de izquierda, el Partido Comunista Mexicano y el movimiento campesino. La derechización fue una realidad.