LEIB CILIGA - MIÉRCOLES, MAYO 11, 2011
“Tomo el inadvertido aniversario, estos 90 años de ‘La suave patria’, y lo hago ocasión para decir mi fe en ese México tan diferente al de López Velarde, y tan igual al que pintó en ese mural hecho de palabras que es su poema testamentario. Mayor fue la violencia que conoció el jerezano. Pero los truenos de tempestad que oyó no lo hicieron mirar a la patria como algo duro o torvo, sino suave, con belleza y ternuras de mujer. Veamos así a México los mexicanos de hoy. Abracemos a nuestra suave patria. Abracémonos en ella. Hagámosla florecer, alacena y pajarera, de modo que llegue un nuevo día en el que todos sus hijos –nuestros hijos– puedan tener los dones de la canción y el pan”. (Reforma, De política y cosas peores, 6/V/2011).
Esto propone don Armando Fuentes Aguirre, Catón, para tener otra mirada de la hora mexicana actual. ¿Cómo construir esta nueva mirada en la sociedad mexicana? ¿Cómo si provenimos de un régimen autoritario y absolutista? El eje de este régimen consiste sólo en la falta de libertades y el incumplimiento de las leyes. Bajo el temor al castigo por el incumplimiento de las normas no escritas, se esconde la esencia de su cultura: la desconfianza. Y ésta tiene como sustento la impunidad. La patria actual no es suave sino violenta por desconfiada y por vivir bajo el yugo de la impunidad. Estamos perdidos. El camino que nos trajo hasta aquí es largo y sinuoso. Pero puede ser remontado. La condición es anteponer la razón a la emoción, condición propia de una sociedad que quiere ser moderna.
Resulta evidente que la crisis actual se expresa como una diferenciación (ahondamiento de la desconfianza), como una ruptura entre las bases sociales y las elites. El abismo reproduce la amplificación de los problemas y el alejamiento de las soluciones.
La confusión que vivimos puede orillarnos a crear mayores desencuentros. La Marcha por la Paz con Justicia y Dignidad, a diferencia de sus antecesoras, expresa una carga más emotiva, derivada del hartazgo por la inefectividad institucional para disminuir la violencia y por el temor ciudadano que nos aleja de la razón y de la claridad de los planteamientos de soluciones. ¿Puede esta marcha y sus demandas ayudar a la conciliación nacional? Lo deseo, pero lo dudo. Porque ha sido una marcha dominada por las consignas, el arrebato y la descalificación. La marcha, de origen cívico, ha sido parasitada por la política partidista de pseudoizquierda y por el mismo impulso de la delincuencia organizada. Y, por otra parte, expresa de manera paradigmática el desencuentro sociopolítico derivado de la incompetencia de las instituciones públicas y de la incapacidad de la sociedad civil para señalar verdaderas alternativas de solución.
Una buena parte de la confusión deriva de la mezcla de los reclamos sociales y de las acciones públicas, que entretejen indiscriminadamente tareas de táctica y estrategia, medidas de coyuntura y a mediano y largo plazos, exigencias y decisiones a los actores equivocados. La base de esta confusión está en la organización legal de los aparatos de vigilancia, control, procuración y administración de justicia. La asignación de competencias por niveles de gobierno para enfrentar a la criminalidad en México, nunca funcionó en el marco del estado de derecho y no fue pensada para enfrentar un desafío verdaderamente nacional, como el actual. Esta situación agrega, a la endémica impunidad, la posibilidad real de evadir responsabilidades por parte de los gobiernos estatales y municipales. Porque si bien el combate al narcotráfico es un delito que debe ser combatido legalmente por las instituciones federales, la inseguridad pública derivada de la delincuencia, organizada o común (homicidios, asaltos, secuestros, derecho de piso o extorsión) debe ser combatida por las instituciones de los gobiernos estatales y municipales. ¿En qué proporción? “En 2010 se ubicaron un millón 673 mil 23 ilícitos del fuero común y 132 mil 227 del ámbito federal”. (Henia Prado, Descarta SSP éxito sin la Policía Única, Reforma, 6/V/2011). La diferencia no es sólo cuantitativa. Expresa los ámbitos políticos, institucionales y geográficos del control policíaco y de justicia de los delitos. Veamos un ejemplo de la confusión antes enunciada.
En el estado de Morelos, los tres poderes constitucionales firmaron un acuerdo autista en el que no se consideran las opiniones de los ciudadanos. Pero sí recoge demandas que están en la discusión pública. El Acuerdo incluye, entre otros compromisos, los siguientes: “–Fortalecer y ampliar el sistema educativo; –Incrementar el fondo de becas para jóvenes estudiantes; –Generar más empleos y bienes públicos; –Consolidar el nuevo Sistema de Justicia Penal; –Fortalecer el Ministerio Público; –Fortalecer las unidades especializadas en combate al secuestro, extorsión, violencia familiar y robo con violencia (Héctor Raúl González, Plantea Adame pacto; elude hablar de marcha, Reforma, 6/V/2011). Éste es un ejemplo paradigmático de confusión entre órdenes de gobierno, entre medidas de coyuntura y estratégicas, entre niveles de responsabilidad, además de hacer evidentes la confusión de ideas en los altos funcionarios, el menosprecio por sus interlocutores y el alejamiento de las autoridades con su sociedad.
Javier Sicilia consideró el Acuerdo como una estupidez “las autoridades deberían guardar silencio, ‘el mismo silencio que estamos teniendo nosotros (...) No están entendiendo nada (…) es una falta de respeto que se firme este acuerdo (...) es un desaire” (Ibid). Con el mismo sentido se expresó sobre el mensaje presidencial. Diálogo de sordos, mutuamente descalificados que impide el debate político, es decir, el que se establece entre los diferentes, entre los ciudadanos con pensamientos e intereses distintos. Lo único cierto es que prevalece la confusión. No nos estamos entendiendo.
Patricia Bugarín, nueva titular de la SIEDO, relata: “En 2007, pensando en crear un esquema para impulsar a las policías municipales se crea el fondo federal Subsemun (Subsidio para la Seguridad de los Municipios) con tres ejes: control de confianza, sistemas para policías, medición y operación de la Policía (...) ese esfuerzo duró tres años. Se invirtieron en promedio de 4 mil a 5 mil millones de pesos anuales y a los tres años, cuando estaba a punto de despegar, cambian los alcaldes y, ¿qué creen?, no quedó nada, quitaron los policías, se cayeron los sistemas, todo se perdió” (Henia Prado, Ibid).
Estamos ante un problema de creencias (no de razones e ideas), de carencias institucionales, de falta de razonamiento, y, por lo tanto, de crisis política, cultural y espiritual. Tenemos una cultura anclada en el pasado, presidida por el ritual: creemos que todo es culpa del Presidente de la República y que debemos romperle su figura, desacreditarlo y desacralizarlo. No vemos que estamos enfrentando una nueva situación cultural de pérdida de autoridad pública, de quiebra de las instituciones y de las responsabilidades ciudadanas, y, al tiempo que erosionamos las tradiciones, no logramos construir nuevos modelos de conducta social e individual, de instituciones y de valores. La sociedad tiene que asumir que los cambios, por una parte y, por otra, la continuidad de la impunidad, la corrupción, la incompetencia gubernamental han permitido que crezcan los delitos, las degradaciones sexuales, los asesinatos y que el reducido mundo de los violadores, los agresores, los asaltantes, los secuestradores, los asesinos con sus sentimientos más degradados se expresen directa y brutalmente, y que nos acorralen, nos atemoricen. Es este hecho social complejo, formado por diversas crisis, por diferentes actores, por diferentes tiempos y acciones el que debe ser esclarecido, porque demanda diferenciar las decisiones inmediatas de las mediatas, y a largo plazo. Y este esfuerzo no ha sido propuesto por los gobiernos y tampoco discutido por los promotores de las tres grandes marchas por la seguridad. Por muy detestables e incapaces que nos parezcan nuestros interlocutores gubernamentales, es con ellos con quienes debemos dialogar las soluciones para cada municipio y para cada estado, por lo que a inseguridad pública se refiere. Deslindemos el combate al narcotráfico, con su propia estrategia, y procuremos definir, y exigir a nuestras autoridades locales, que diseñen las estrategias y las tácticas de seguridad para nuestro entorno, no sólo por municipio, sino por barrio o colonia.
La sociedad civil deberá asumir por su parte sus responsabilidades y obligaciones y conductas para evitar que en el seno de los hogares privados se geste el mundo de la violencia, de los actores ejecutantes de los sentimientos más bárbaros, más denigrantes, más primitivos y antihumanos que han florecido en nuestra sociedad. Dejemos de culpar a los otros, a entidades ficticias tales que las categorías como la pobreza, la riqueza, el desempleo que si bien pueden tener influencia, no determinan al 100 por ciento las conductas individuales y son problemas que no podrán ser resueltos si no se realizan las reformas fiscal, laboral, de seguridad social, la política y la de seguridad pública entre otros muchos pendientes.
Una nueva “Patria diamantina” es posible si la construimos entre todos. En Querétaro, unos integrantes del coro de su Universidad, disfrazado de meseros, iniciaron un experimento. Contagiaron de alegría y orgullo a sus escuchas. En un céntrico restaurante, los “meseros” empezaron a cantar Cielito Lindo y siguieron con México Lindo y Querido. Los comensales, primero sorprendidos y después, entusiasmados, los siguieron en el canto y en el baile. Los acompañaron transeúntes, niños y adultos. Se unieron en la alegría del pan y el canto, como propone Catón. En la ciudad de Monterrey, agobiada por la inseguridad, millares de ciudadanos brindaron su apoyo a los dos equipos de futbol de su ciudad. Se reunieron por miles en los estadios. Igual ha sucedido en otras ciudades del país. Son ejemplos de que estamos vivos y seguimos siendo alegres, más allá de la depresión de los intelectuales de izquierda del Distrito Federal. El problema de la seguridad pública puede ser federal o nacional, pero su solución es estatal y municipal. Exijamos a las autoridades locales las soluciones de estos problemas, estructural e institucionalmente irresolubles desde el ámbito federal. Una nueva Suave patria y un nuevo México lindo y querido son posibles si los construimos a partir de los ciudadanos, los hogares, los municipios y los estados. Esto significará la mayoría de edad del federalismo. Pero también de la autonomía individual de los ciudadanos, y colectiva, de las comunidades, que alguna vez fuimos provincia y periferia de la República Mexicana.
Fuente: La Jornada de Veracruz
baje el audio (disponible alrededor de las 17:00 ET)
