Amnistía Internacional (AI) lamenta la decisión de un Tribunal Federal en Tuxtla Gutiérrez de rechazar la petición de reconocimiento de inocencia de Alberto Patishtán. Lo cual significa que Alberto permanecerá encarcelado debido a una sentencia injusta. Él y su familia continuarán viviendo esta tragedia a consecuencia de las graves deficiencias del sistema de justicia en México.
La decisión del tribunal colegiado confirma que el sistema de justicia mexicano es incapaz o no tiene la voluntad para corregir las injusticias, en particular cuando estas personas pertenecen a comunidades indígenas u otros sectores vulnerables de la sociedad.
La obsesión de proteger la imagen formal del sistema de justicia por encima de la obligación de garantizar los derechos humanos es uno de los obstáculos más serios para asegurar un acceso igualitario a la justicia en México.
Es motivo de profunda preocupación que el sistema de justicia tome la decisión de ignorar las graves irregularidades del proceso contra Alberto Patishtán y mantenga la negación del derecho a un juicio justo.
Alberto Patishtán fue detenido y sentenciado a 60 años de prisión tras haber sido acusado de participar en una emboscada en la que fueron asesinados siete policías en el año 2000.
Patishtán es originario del Municipio de El Bosque en el estado de Chiapas y ha permanecido encarcelado 13 años cumpliendo una sentencia que Amnistía Internacional considera injusta.
La organización constató que durante el proceso judicial se pudieron observar graves irregularidades, incluyendo el que se admitieran testimonios contradictorios de parte de la acusación y se ignorara la evidencia que demostraba que él no se encontraba en el lugar de la emboscada.
En México, Amnistía Internacional ha denunciado reiteradamente cómo el sistema de justicia falla en garantizar procesos justos, especialmente cuando la persona acusada o la víctima es indígena.
La organización hace un llamado al gobierno mexicano a que tome todas las medidas necesarias para asegurar que haya justicia en este caso y para reformar el sistema de justicia de tal forma que se garanticen procesos prontos y justos a todas las personas, independientemente de su condición económica o pertenencia a un grupo indígena.
El resultado de esta decisión penosa parece ser que no existe un recurso efectivo dentro de México para lograr la rectificación de injusticias. Preguntamos: ¿Quién va a asumir la responsabilidad de hacer justicia después de este fallo?
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