Yolanda Cristina Massieu Trigo
yola_massieu@hotmail.com
En semanas recientes hemos leído y escuchado opiniones encontradas sobre la reforma laboral propuesta por el PAN. Entre las opiniones vertidas hay aquellas llenas de alabanzas, básicamente hechas por su autor, el secretario del Trabajo, y hasta el presidente Calderón ha salido en defensa de la iniciativa. Ambos argumentan que de ninguna manera lesiona los intereses y conquistas logradas por los trabajadores. Otra historia nos cuentan diversos estudiosos y actores del ámbito laboral. La iniciativa propone, entre otras cosas, que se legalicen los contratos sin pago por capacitación, que se pague por horas (supuestamente conservando todos los derechos), que se facilite la subcontratación.
Llama la atención que la iniciativa ignora completamente la lacerante realidad en cuanto al empleo en el país: a partir del 2008 se han perdido cientos de miles de empleos formales y la mayor parte de la población mexicana en edad de trabajar gravita entre el franco desempleo o empleos precarios e informales. La informalidad, que ya desde antes de la crisis era mayor que el empleo formal, ahora se encuentra con mucha mayor presión para recibir más gente desesperada. Importa señalar que, en muchos casos, al decir informalidad estamos hablando desde comercio ambulante hasta la franca mendicidad.
La situación es terrible en cuanto a los jóvenes: se calcula que unos cinco millones entre 19 y 25 años no tienen ni empleo ni acceso a los estudios (la llamada generación ni-ni). A nadie debe extrañar que dichos jóvenes sean un ejército de reserva para las actividades del narcotráfico y la delincuencia en general, especialmente ahora que la migración a Estados Unidos se complica por la caída del empleo en el país vecino.
Quiero llamar la atención, en medio de esta polémica, sobre un asunto grave que también ignora la iniciativa: la Ley Federal del Trabajo no se cumple y existen millones de trabajadores en México para los cuales los derechos que ésta garantiza son inexistentes. Entre ellos, es dramático el ejemplo de los jornaleros agrícolas. Se trata de familias completas que salen de los municipios más pobres de Guerrero y Oaxaca para ir a trabajar a los campos agrícolas del noroeste, en los estados de Sinaloa, Sonora y Baja California. Muchos de ellos son indígenas monolingües (mixtecos, tlapanecos, triquis) y con escasa escolaridad. Están inmersos en un círculo vicioso de pobreza y miseria, por lo que aceptan salarios de $60.00 al día por jornadas extenuantes de 12 a 14 horas en el rayo del sol. Se calcula que llegan entre 200,000 y 300,000 mil jornaleros al valle de Culiacán en noviembre, para quedarse ahí trabajando hasta marzo. El viaje se realiza en camiones en malas condiciones, donde apenas se les da de comer, los niños muchas veces viajan enfermos (o se enferman en el camino), abandonan la escuela y trabajan con sus padres en los campos, a pesar de la condena de organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales.
Hace semanas, en Culiacán, el DIF local logró sacar a 23,000 niños de entre seis y 12 años del trabajo en los campos, justamente al final de la temporada. El problema es que sus padres necesitan el salario de los menores de edad y los patrones no están dispuestos a reponerlo. El pago es a destajo y, aunque los pequeños pueden cortar y cargar menos, su ingreso es necesario para la familia. No hay contrato escrito, los trabajadores son contactados por enganchadores que muchas veces les mienten sobre el monto del salario y las condiciones. Se hacinan familias enteras en pequeños cuartos de cuatro por cuatro metros, durmiendo en el suelo. No en todas las galeras hay letrinas, regaderas y lavaderos. Si al llegar encuentran estas malas condiciones y averiguan que el salario no es el prometido, ya deben el monto del viaje de ida y se tienen que quedar, en condiciones parecidas a la esclavitud (a muchos no se les permite salir de los campamentos y hay guardias que los vigilan). Por si fuera poco, los supermercados se encuentran lejos de los lugares donde se alojan y sólo pueden adquirir sus alimentos en tiendas locales que les venden todos los bienes básicos dos y tres veces más caros.
Las mujeres tienen que llegar a preparar la comida, lavar la ropa y atender a la familia, después de la jornada de las 5 a las 18 horas recogiendo jitomates, berenjenas, pepinos, calabazas. Muchas de ellas trabajan embarazadas, en ambientes riesgosos para su salud por el uso de agroquímicos. Es decir, condiciones laborales indignantes. Eso sí, sin consultarles están afiliados a un sindicato perteneciente a la CTM, que les cobra cuotas y no hace nada por ellos.
El derecho a contrato escrito, vacaciones, servicio médico, aguinaldo y demás prestaciones son letra muerta para ellos, así que pregunto: ¿es necesaria una reforma laboral para los jornaleros agrícolas, o bastaría con que se cumpliera la ley vigente?
Fuente: Forum
Difusión: Soberanía Popular
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