Juzgará la Corte Interamericana el caso de indígenas violadas

Escapa de las facultades de los gobiernos cumplir recomendación de la CIDH: PGJE

Fuente: La Jornada de Guerrero

Inés Fernández y Valentina Rosendo no ratificaron su denuncia y eso traba el proceso, aduce fiscal

MARLEN CASTRO

CHILPANCINGO, 10 DE MAYO. Los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, las indígenas me’ phaa que denunciaron haber sido violadas por militares en 2002, se irán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, previó el fiscal especializado para la Protección de Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Manuel Amador Saavedra Flores, quien explicó que los gobiernos federal y estatal no han podido cumplir los puntos de la recomendación emitida por Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Será cuestión de semanas, quizá días, que la CIDH dé a conocer cuál ha sido el cumplimiento del Estado mexicano a su recomendación sobre el caso de Inés y Valentina, emitida en octubre y noviembre de 2008.

Al mismo tiempo, el fiscal reconoció que la ley mexicana debería incluir mecanismos para que las víctimas decidan qué autoridad debería investigar los hechos denunciados, aspecto que entrampó el cumplimiento de la recomendación, porque Inés y Valentina exigieron que, dado que se trataba de militares, debía ser la Procuraduría General de la República (PGR) la que conociera de las denuncias.

Sin embargo, en los primeros días del pasado abril, la PGR declinó la competencia para conocer de ambos casos, informó el funcionario.

Ante el próximo informe que emitirá la CIDH, Saavedra Flores anticipó que el gobierno mexicano “va a tener que defenderse en la Corte, porque algunos de los puntos de la recomendación a los gobiernos federal y estatal son cuestiones que no se pueden cumplir en el tiempo que se nos da, pues tendría que haber reformas a la Constitución federal”.

Una de esas reformas recomendadas por la CIDH es que el fuero militar ya no conozca ningún caso donde haya un civil agraviado, ya que en los casos de las indígenas ese sector investigó y luego de varios años de realizar pesquisas determinó que no había soldados involucrados.

El fiscal especializado de la PGJE explicó que el gobierno estatal ha incumplido con los puntos que le tocan por la imposibilidad en la que se ha visto de dar seguimiento a la denuncia, ya que Inés y Valentina, en los siete meses que han transcurrido desde la recomendación, no han querido presentarse a la procuraduría estatal a ratificar sus denuncias.

Indicó que Inés y Valentina tienen que hacer una ampliación de sus declaraciones para especificar qué tipo de personas las agredieron y hacer un reconocimiento fotográfico.

“Por eso yo creo que el caso sí se va a la Corte y ahí el gobierno mexicano tiene que defenderse”, previó el fiscal.

Aseguró que a una parte de la recomendación ya le dieron cumplimiento y tiene que ver con apegarse a la norma conocida como Protocolo de Estámbul, para probar la tortura, medida que ya salió publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado hace poco más de un mes.