Cumple un año de impunidad el asesinato en Cherán del líder social Leopoldo Juárez Urbina

No habrá campaña ni elecciones electorales; no hay condiciones, afirman pobladores

Fuente: La Jornada de Michoacán

MARTIN EQUIHUA (Corresponsal)

 Cheran, 10 de mayo.- A un año del secuestro y ejecución del líder social Leopoldo Juárez Urbina en Cherán, el crimen permanece impune, con resultado nulo en la indagatoria judicial, en tanto que el movimiento social que lideró se fracturó en cuando menos dos facciones que intercambian acusaciones; si bien, hay un tercer bloque que simplemente se identifica “con el profesor”. Ambos aseguran que no habrá campaña ni elecciones el 5 de julio próximo porque no hay condiciones. Por su cuenta, el denostado edil Roberto Bautista Chapina despacha en oficinas alternas, pero anticipa a seguidores que pronto retornará al simbólico edificio del poder municipal.

El pasado fin de semana, con misa, marcha y mitin, cientos de personas recordaron que sigue impune el asesinato de Leopoldo Juárez Urbina, después que el 8 de mayo de 2008 un comando armado lolevantara de las oficinas regionales de la Secretaría de Educación en el Estado, y de que su cuerpo apareciera un día después en un basurero, entre las comunidades de Aranza y Cheranástico, del municipio de Paracho, ejecutado con disparos de arma de alto poder. Desde entonces, diversos testimonios, opinión pública y seguidores, ubicaron al edil Bautista Chapina y a otros integrantes del Ayuntamiento como los principales sospechosos de la autoría intelectual, quienes serían además los “principales beneficiados con el crimen”.

La presidencia municipal había sido tomada un mes antes de la ejecución, el 4 de abril, como parte de un conjunto de acciones mediante las que el Movimiento de Resistencia Pacífica encabezado por Juárez Urbina pedía la salida del alcalde. Tras su muerte, se reforzó latoma del edificio y se agregó la demanda del esclarecimiento del homicidio. La protesta no prosperó, sino por el contrario, agregó actos represivos, confrontaciones y mayor encono social. El Congreso del Estado resolvió a favor del edil y el Ejecutivo estatal logró la recuperación del edificio presidencial para su resguardo a mediados de febrero del presente año, bajo el compromiso de acelerar la investigación judicial, intensificar operativos contra tala clandestina y por la seguridad; indemnización a viuda y familiares del malogrado líder, y el desembolso de recursos para proyectos regionales.

Líderes sociales entrevistados coinciden en señalar que el avance en la investigación del crimen es nulo, que “extraoficialmente” saben que el fiscal especial ha dejado el cargo, y que los acuerdos mediante los que se levantó la toma presidencial han sido incumplidos.

Para Javier Gembe Pahuamba, representante de Bienes Comunales de la comunidad indígena de San Francisco Cherán, la movilización social de aniversario “demuestra el cariño con que se recuerda a mi compadre, hombre valioso, a quien no se le ha hecho justicia, como tampoco se han cumplido los acuerdos de la seguridad”. Sostuvo que junto a comunidades poseedoras de recursos forestales como Paracho, Cherán Atzícurin, Chilchota, Ahuíran y Carapan, darán ocho días más al gobierno del estado para que reinstale retenes contra talamontes, o “nosotros les vamos a responder porque es lo último que nos queda”, dijo, tras señalar que en días pasados sufrieron nuevos robos de madera y ataques armados “por la gente de Tanaco, pero ahí la policía no le quiere entrar”.

Sobre la muerte de Juárez Urbina, el líder agrario aseguró que “la investigación ha fracasado y ha sido opacada por otros intereses”, pero que en respuesta “se va a correr a todos los candidatos que vengan a hacer campaña, y no vamos a permitir que instalen casillas, porque no les ha interesado resolver un crimen”.

De facciones y cuentas

Un grupo de 50 cheranenses, entre comuneros y avecindados, se reunió por separado y “en privado” la tarde del sábado, para conmemorar el aniversario luctuoso. Se trata del grupo más afín a Leopoldo en el momento de su muerte, el que fue desplazado en la recta final de la negociación. Acordó que pedirá a la Procuraduría General de la República (PGR) que atraiga el caso del homicidio, porque la Procuraduría del Estado “fracasó en la investigación, a pesar de la información suficiente con que cuenta”.

Voceros del grupo –que pidieron proteger su identidad por temor a su ex aliado y ex alcalde Cristóbal Serfín, quien ahora “está protegido por los mismos que ejecutaron a Leopoldo”– aseguran que el conflicto se resolvió sólo para favorecer al ex edil, quien a pesar de que “dejó endeudado al municipio, que lo desfalcó con 3 millones en la obra de un puente”, estaría siendo tratado de forma especial en el proceso de aclaración de sus cuentas públicas, por lo que solicitan que el Congreso informe públicamente el balance de su administración.

El grupo lamenta además que el PRI “siga cobijando delincuentes como Roberto Bautista, quien continúa acosando sexualmente a secretarias… ya hasta se divorció, además de seguir alimentando a sus seguidores”.

Consultado al respecto, Cristóbal Servín dijo que exige “auditoría a mi administración”, porque está seguro del manejo honrado de recursos públicos, y que no se debe atender a “gente que se esconde, aunque sabemos quiénes son…”, en tanto que los 3 millones del puente, afirmó, “es cierto que retiramos el 30 de diciembre de 2007 los 3 millones y 2 más, pero fueron para pagar deudas ya establecidas sobre la misma obra”.

Respecto del crimen conmemorado, Servín Santacruz destacó que de investigación “no hay nada, y el descontento social es evidente. Ellos se hacen de la vista gorda y de oídos sordos, y no han cumplido tampoco los acuerdos de seguridad y otros con los que levantamos la toma del palacio municipal”.