Fuente: La Jornada de Oriente (Puebla)
MARTÍN HERNÁNDEZ ALCÁNTARA
La Procuraduría General de Justicia (PGJ) inició los procedimientos administrativos que el recomendó la Comisión Nacional de Derechos Humanos del estado de Puebla (CNDH) en contra de los dos agentes de la Policía Judicial que trasladaron a finales de 2005 a la periodista Lydia Cacho Ribeiro de Cancún a la ciudad de Puebla en condiciones que violaron sus garantías universales.
Lo anterior fue dado a conocer ayer por el titular de la dependencia gubernamental, Rodolfo Igor Archundia, quien explicó en una entrevista con varios medios informativos:
“Estamos hablando sobre procedimientos que deben iniciarse a partir de los antecedentes que obran y que son precisamente los de la propia recomendación de la CNDH, que está siendo solicitada en estos momentos a la ciudad de México porque no contamos con el documento para poderle dar un trámite. Estamos hablando sobre procedimientos de ley y tenemos que ajustamos a ella para poder llevar a cabo lo mismo”, aseveró.
El funcionario también habló de la consignación de Joaquín Andrea Mendoza, quien era agente de la Policía Judicial y portaba la placa 291.
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