En una visita inédita, comitiva europea dialoga con integrantes de la OPIM
Fuente: La Jornada de Guerrero
Tratan el doble asesinato de na savis, violaciones a mujeres y esterilizaciones
CITLAL GILES (enviada )
Ayutla, 17 abril. Por primera vez, consejeros políticos de las embajadas de Alemania y Francia platicaron con los integrantes de la Organización de los Pueblos Indígenas Me’phaa (OPIM) a un año de su detención. Asimismo, estuvieron con las viudas de los dirigentes de la Organización para el Futuro de los Pueblos Mixtecos (OFPM), a fin de documentar los casos de violación a los derechos humanos y las agresiones que sufren sus defensores.
Al término de la visita, los representantes de los países europeos se comprometieron a pedir al gobierno mexicano la pronta liberación de Raúl Hernández Abundio, así como el esclarecimiento y castigo del doble asesinato de los na savi.
Durante la reunión con las viudas de Raúl Lucas y Manuel Ponce, los representantes de las embajadas hicieron algunas críticas sobre la forma en cómo se ha manejado el caso de la doble ejecución de los defensores na savi, como el argumento de que minutos antes de que se los llevaran detenidos, el director de Seguridad Pública del municipio de Ayutla se retirara luego de atender una llamada, “no estoy convencido de que pudiera ser un argumento”; de igual forma criticó que al día siguiente de la detención, no hubieran colocado retratos hablados de los captores para hacer la búsqueda.
A pesar de esos señalamientos, el presidente del Centro de Derechos Humanos de La Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, consideró importante el que no sólo los organismos de derechos humanos internacionales estén preocupados por los casos ocurridos con los indígenas me’phaa y na savi, sino que ya se sumaron gobiernos extranjeros.
Minutos antes del mediodía, los consejeros políticos de las embajadas de Francia y Alemania, Jean Baptiste Rémi Chauvin y Hans Gunther Walter Mattern, respectivamente, junto con una comisión de las Brigadas Internacionales de Paz (PBI) –por sus siglas en inglés– se reunieron con los cuatro integrantes de la OPIM que estaban presos en el penal de Ayutla y que fueron puestos en libertad el pasado 19 de marzo, luego de haber ganado un amparo; con la presidenta de la organización me’phaa, Obtilia Eugenio Manuel, así como con Inés Fernández, quien hace siete años fue violada por un militar.
La reunión se llevó a cabo en privado en las oficinas de la OPIM, donde también estuvieron los abogados de Tlachinollan.
Ahí, los ex presos informaron a los representante de Alemania y Francia los fines de la organización y los casos que han defendido como las violaciones sexuales contra Inés y Valentina, así como la esterilización ilegal de indígenas de El Camalote, el encarcelamiento que sufrieron durante 11 meses, acusados por el supuesto homicidio de un informante del Ejército, delito por el cual aún sigue preso Raúl Hernández.
Más tarde, la comisión europea se reunió con las viudas de Raúl Lucas y Manuel Ponce, en las recién cerradas oficinas de Tlachinollan.
La viuda de Raúl, Guadalupe Castro Morales, fue la que relató los hechos, desde que llegaron supuestos policías a llevarse a Raúl y Manuel hasta el día en que los encontraron muertos.
Además criticó que la Procuraduría General de Justicia del Estado no ha dado avances de las investigaciones que ha hecho, por lo que pidieron que el caso sea atraído por la PGR.
De igual forma denunció las diversas advertencias que recibió a los pocos minutos de que se llevaron a Raúl y las amenazas de muerte para su hija, “que dejara de investigar o que iban a mandar a mi hija en pedazos”.
Aunque los representantes de los países europeos admitieron que la procuración de justicia en Guerrero es “primitiva”, cuestionaron el argumento que dan las viudas y los abogados de Tlachinollan al señalar que el día en que se llevaron a Raúl y Manuel durante un acto publico, minutos antes el director de Seguridad Pública de Ayutla recibiera una llamada y se retirara del lugar con sus escoltas.
“Ustedes lo toman como argumento, pero no lo considero así, no estoy convencido de ello, uno llama y por cortesía se retira del lugar, pero sí es raro que también se haya retirado la banda de guerra”, comentó Hans Gunther.
Criticó que no se hayan hecho retratos hablados de las personas que se llevaron a los na savi y que fueron colocados en los postes al día siguiente de su desaparición, incluso, les recomendó a los abogados de Tlachinollan que fueran con las viudas a las oficinas de la PGJE para hacer estos retratos hablados y sean publicados para lograr alguna captura.
Al final de la reunión, los consejeros políticos externaron que durante la reunión del jueves con autoridades estatales, les argumentaron que en el caso de la detención de los integrantes de la OPIM por el homicidio del militar fue por motivos personales, mientras que en el caso de las amenazas contra Eugenio Manuel, las denuncias no se han presentado las pruebas suficientes de que recibió amenazas a través de mensajes de texto a su celular.
Sin embargo, se comprometieron a documentar los casos para poder hacer las peticiones al gobierno mexicano y de Guerrero para exigir la pronta liberación de Raúl Hernández Abundio, quien ayer cumplió un año de estar preso.
Para el presidente de Tlachinollan, la visita es importante porque deja la señal de que gobiernos europeos está preocupados por la situación que viven los defensores de derechos humanos en Guerrero, sobre todo en Ayutla.
Fuente: La Jornada de Guerrero
Tratan el doble asesinato de na savis, violaciones a mujeres y esterilizaciones
CITLAL GILES (enviada )
Ayutla, 17 abril. Por primera vez, consejeros políticos de las embajadas de Alemania y Francia platicaron con los integrantes de la Organización de los Pueblos Indígenas Me’phaa (OPIM) a un año de su detención. Asimismo, estuvieron con las viudas de los dirigentes de la Organización para el Futuro de los Pueblos Mixtecos (OFPM), a fin de documentar los casos de violación a los derechos humanos y las agresiones que sufren sus defensores.
Al término de la visita, los representantes de los países europeos se comprometieron a pedir al gobierno mexicano la pronta liberación de Raúl Hernández Abundio, así como el esclarecimiento y castigo del doble asesinato de los na savi.
Durante la reunión con las viudas de Raúl Lucas y Manuel Ponce, los representantes de las embajadas hicieron algunas críticas sobre la forma en cómo se ha manejado el caso de la doble ejecución de los defensores na savi, como el argumento de que minutos antes de que se los llevaran detenidos, el director de Seguridad Pública del municipio de Ayutla se retirara luego de atender una llamada, “no estoy convencido de que pudiera ser un argumento”; de igual forma criticó que al día siguiente de la detención, no hubieran colocado retratos hablados de los captores para hacer la búsqueda.
A pesar de esos señalamientos, el presidente del Centro de Derechos Humanos de La Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, consideró importante el que no sólo los organismos de derechos humanos internacionales estén preocupados por los casos ocurridos con los indígenas me’phaa y na savi, sino que ya se sumaron gobiernos extranjeros.
Minutos antes del mediodía, los consejeros políticos de las embajadas de Francia y Alemania, Jean Baptiste Rémi Chauvin y Hans Gunther Walter Mattern, respectivamente, junto con una comisión de las Brigadas Internacionales de Paz (PBI) –por sus siglas en inglés– se reunieron con los cuatro integrantes de la OPIM que estaban presos en el penal de Ayutla y que fueron puestos en libertad el pasado 19 de marzo, luego de haber ganado un amparo; con la presidenta de la organización me’phaa, Obtilia Eugenio Manuel, así como con Inés Fernández, quien hace siete años fue violada por un militar.
La reunión se llevó a cabo en privado en las oficinas de la OPIM, donde también estuvieron los abogados de Tlachinollan.
Ahí, los ex presos informaron a los representante de Alemania y Francia los fines de la organización y los casos que han defendido como las violaciones sexuales contra Inés y Valentina, así como la esterilización ilegal de indígenas de El Camalote, el encarcelamiento que sufrieron durante 11 meses, acusados por el supuesto homicidio de un informante del Ejército, delito por el cual aún sigue preso Raúl Hernández.
Más tarde, la comisión europea se reunió con las viudas de Raúl Lucas y Manuel Ponce, en las recién cerradas oficinas de Tlachinollan.
La viuda de Raúl, Guadalupe Castro Morales, fue la que relató los hechos, desde que llegaron supuestos policías a llevarse a Raúl y Manuel hasta el día en que los encontraron muertos.
Además criticó que la Procuraduría General de Justicia del Estado no ha dado avances de las investigaciones que ha hecho, por lo que pidieron que el caso sea atraído por la PGR.
De igual forma denunció las diversas advertencias que recibió a los pocos minutos de que se llevaron a Raúl y las amenazas de muerte para su hija, “que dejara de investigar o que iban a mandar a mi hija en pedazos”.
Aunque los representantes de los países europeos admitieron que la procuración de justicia en Guerrero es “primitiva”, cuestionaron el argumento que dan las viudas y los abogados de Tlachinollan al señalar que el día en que se llevaron a Raúl y Manuel durante un acto publico, minutos antes el director de Seguridad Pública de Ayutla recibiera una llamada y se retirara del lugar con sus escoltas.
“Ustedes lo toman como argumento, pero no lo considero así, no estoy convencido de ello, uno llama y por cortesía se retira del lugar, pero sí es raro que también se haya retirado la banda de guerra”, comentó Hans Gunther.
Criticó que no se hayan hecho retratos hablados de las personas que se llevaron a los na savi y que fueron colocados en los postes al día siguiente de su desaparición, incluso, les recomendó a los abogados de Tlachinollan que fueran con las viudas a las oficinas de la PGJE para hacer estos retratos hablados y sean publicados para lograr alguna captura.
Al final de la reunión, los consejeros políticos externaron que durante la reunión del jueves con autoridades estatales, les argumentaron que en el caso de la detención de los integrantes de la OPIM por el homicidio del militar fue por motivos personales, mientras que en el caso de las amenazas contra Eugenio Manuel, las denuncias no se han presentado las pruebas suficientes de que recibió amenazas a través de mensajes de texto a su celular.
Sin embargo, se comprometieron a documentar los casos para poder hacer las peticiones al gobierno mexicano y de Guerrero para exigir la pronta liberación de Raúl Hernández Abundio, quien ayer cumplió un año de estar preso.
Para el presidente de Tlachinollan, la visita es importante porque deja la señal de que gobiernos europeos está preocupados por la situación que viven los defensores de derechos humanos en Guerrero, sobre todo en Ayutla.
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