Margarito Jasso niega que se trate de una venta,"es una alianza", justifica
Fuente: La Jornada de San Luis
La asamblea del pasado 22 de marzo, celebrada en la comunidad de San Juan de Guadalupe, se convirtió en el triunfo por la venta de tierras que tanto ha ambicionado el empresariado potosino encabezado por Carlos El Chato López y validado por el mismo gobierno del estado, todo ello ajustado al punto número siete del acta, a la que estrategias legales le cambiaron el sentido, no tan sólo de regularizar el predio La Campana sino que de una vez por todas se acordó vender cinco mil hectáreas, o sea, los comuneros recibirán 250 mil pesos cada uno a cambio de ceder los 14 mil metros cuadrados que le corresponden.
Vía telefónica el abogado José Enrique González Ruiz expresó a La Jornada San Luis su preocupación pues él no estuvo presente en esa asamblea donde Margarito Jasso Menchaca no hizo caso, no respetó los puntos que con antelación el litigante había planteado; “los juanes perreros impusieron ahí su postura de vender La Campana o de entregarle parte de la comunidad a Carlos López Medina, la cosa está seria para mi, estoy preocupadísimo”, dijo.
Aunque Margarito Jasso Menchaca negó tal venta, se limitó a decir que “hizo una alianza” y cuando se le cuestionó sobre su encuentro con el operador del gobernador, Jesús Zarzosa, con quien fue visto el jueves pasado en conocido restaurante, el presidente del comisariado ejidal justificó que estaban coordinando las “acciones de seguridad en la comunidad”.
En entrevista con el abogado Noé Yair López García, el profesionista explicó que con esa negociación turbia que finalmente aprobó la comunidad de San Juan de Guadalupe, sus Anexos y Tierra Blanca y San Miguelito, El ChatoLópez estaría comprando a un precio de 18.85 pesos el metro cuadrado a cada comunero, “para lo que se va a especular es demasiado poco, porque hoy el metro cuadrado en La Garita vale unos cuatro mil pesos, aquí se trata de que el objetivo era el de cuidar la tierra, no de ceder al tráfico y a la especulación”, dijo airado.
Agregó que con este negocio que avaló la comunidad en conjunto con sus enemigos eternos, los juanes perreros, se terminan los años de lucha, de asesoría legal que el abogado González Ruiz venía haciendo con profesionalismo y entrega.
Mostró copia de dos documentos, uno, proveniente del expediente 357/2006 del Tribunal Unitario Agrario con fecha 26 de enero del 2009, el cual exige que en el convenio para dar por terminada la controversia agraria se acuerda en el punto quinto que tanto el presidente como el secretario y el tesorero de la comunidad “se obligan a expedir la convocatoria para celebrar la asamblea en la que establecerán como orden del día regularizar la situación del predio La Campana”.
Tal mandato de este punto no se respetó y se observa en el segundo documento, el acta del pasado 22 de marzo, en la cual de manera “tramposa y obscena se cambió la petición del punto quinto, por lo que dice el número siete de la orden del día: “realizar propuesta de distribución consistente en la entrega de una porción igual de tierra a los comuneros titulares, respetando las parcelas existentes y las posesiones de aquellos que se autorice en la asamblea”, o sea, ya no sólo se regulariza La Campana, sino que además en la página siete del acta se lee claramente: “considerando que estas parcelas constituyen la opción más viable para el desarrollo de los comuneros, tienen la oportunidad que representa esta asamblea de formalidades especiales, para acordar los puntos que hagan posible optimizar el uso y destino de estas tierras, aportarlas en cualquiera de los marcos legales”.
Noé Yair López García cree que el documento fue elaborado por los mismos empresarios y hasta por el equipo del gobernador Marcelo de los Santos: “siempre insistió Héctor Vega Robles que Margarito Jasso se reconciliara con los juanes perreros”.
El equipo accionista
En una carta que entregó el abogado a este medio, se observa un escrito con fecha 12 de diciembre del año pasado, donde el grupo promotor Espacios ene. Horizonte, SA de CV, que preside Carlos López Medina, se dirige a Juan Fidel Cruz Campos, el perrero mayor, quien es presidente de la sociedad de producción rural Artesanos de San Miguelito, a quien le dice textualmente “quedo enterado conforme a lo acordado para poder continuar con las gestiones para el cambio de uso de suelo de la superficie en materia de la asociación que estamos formulando”...
Y en otro párrafo le expresa: “le informo que debido a la situación global, nos obliga a replantear el proyecto, nos obliga a hacer ajustes o modificaciones al contexto o tamaño de los lotes, así como al esquema financiero y fiscal”…
La firma de López Medina se hace acompañar de sus “socios” y estos son el magnate minero José Cerrillo Chowell, Manuel Muñiz Werge, Miguel A. Torres Corzo, Manuel del Valle López , José Carlos Mahbub Sarquís y Juan Carlos Valladares García. Aparte, en una lista se enumeran las construcciones que este grupo accionista realizará en las tierras de los comuneros y se destacan áreas para casas habitación y departamentos habitacionales, áreas comerciales y de servicios, áreas recreativas, clubes deportivos, universidades y escuelas, vialidades y calles en una superficie de 15. 933.325.38 metros cuadrados.
“Se cumplió finalmente el convenio mañoso y ruin que llevaron los juanes perreros a la asamblea, todo ello para beneficiarse, para abrir la comunidad a la distribución de las 14 mil hectáreas que existen, todo ello para dárselos a 17.85 pesos a los ricos de San Luis, claro, con la mediación y engaños del operador Zarzoza, mandado por el gobernador Marcelo de los Santos. Seguramente él también será socio, con sus hijos, de muchos de esos negocios que se construirán en la comunidad”, concluyó.
Fuente: La Jornada de San Luis
La asamblea del pasado 22 de marzo, celebrada en la comunidad de San Juan de Guadalupe, se convirtió en el triunfo por la venta de tierras que tanto ha ambicionado el empresariado potosino encabezado por Carlos El Chato López y validado por el mismo gobierno del estado, todo ello ajustado al punto número siete del acta, a la que estrategias legales le cambiaron el sentido, no tan sólo de regularizar el predio La Campana sino que de una vez por todas se acordó vender cinco mil hectáreas, o sea, los comuneros recibirán 250 mil pesos cada uno a cambio de ceder los 14 mil metros cuadrados que le corresponden.
Vía telefónica el abogado José Enrique González Ruiz expresó a La Jornada San Luis su preocupación pues él no estuvo presente en esa asamblea donde Margarito Jasso Menchaca no hizo caso, no respetó los puntos que con antelación el litigante había planteado; “los juanes perreros impusieron ahí su postura de vender La Campana o de entregarle parte de la comunidad a Carlos López Medina, la cosa está seria para mi, estoy preocupadísimo”, dijo.
Aunque Margarito Jasso Menchaca negó tal venta, se limitó a decir que “hizo una alianza” y cuando se le cuestionó sobre su encuentro con el operador del gobernador, Jesús Zarzosa, con quien fue visto el jueves pasado en conocido restaurante, el presidente del comisariado ejidal justificó que estaban coordinando las “acciones de seguridad en la comunidad”.
En entrevista con el abogado Noé Yair López García, el profesionista explicó que con esa negociación turbia que finalmente aprobó la comunidad de San Juan de Guadalupe, sus Anexos y Tierra Blanca y San Miguelito, El ChatoLópez estaría comprando a un precio de 18.85 pesos el metro cuadrado a cada comunero, “para lo que se va a especular es demasiado poco, porque hoy el metro cuadrado en La Garita vale unos cuatro mil pesos, aquí se trata de que el objetivo era el de cuidar la tierra, no de ceder al tráfico y a la especulación”, dijo airado.
Agregó que con este negocio que avaló la comunidad en conjunto con sus enemigos eternos, los juanes perreros, se terminan los años de lucha, de asesoría legal que el abogado González Ruiz venía haciendo con profesionalismo y entrega.
Mostró copia de dos documentos, uno, proveniente del expediente 357/2006 del Tribunal Unitario Agrario con fecha 26 de enero del 2009, el cual exige que en el convenio para dar por terminada la controversia agraria se acuerda en el punto quinto que tanto el presidente como el secretario y el tesorero de la comunidad “se obligan a expedir la convocatoria para celebrar la asamblea en la que establecerán como orden del día regularizar la situación del predio La Campana”.
Tal mandato de este punto no se respetó y se observa en el segundo documento, el acta del pasado 22 de marzo, en la cual de manera “tramposa y obscena se cambió la petición del punto quinto, por lo que dice el número siete de la orden del día: “realizar propuesta de distribución consistente en la entrega de una porción igual de tierra a los comuneros titulares, respetando las parcelas existentes y las posesiones de aquellos que se autorice en la asamblea”, o sea, ya no sólo se regulariza La Campana, sino que además en la página siete del acta se lee claramente: “considerando que estas parcelas constituyen la opción más viable para el desarrollo de los comuneros, tienen la oportunidad que representa esta asamblea de formalidades especiales, para acordar los puntos que hagan posible optimizar el uso y destino de estas tierras, aportarlas en cualquiera de los marcos legales”.
Noé Yair López García cree que el documento fue elaborado por los mismos empresarios y hasta por el equipo del gobernador Marcelo de los Santos: “siempre insistió Héctor Vega Robles que Margarito Jasso se reconciliara con los juanes perreros”.
El equipo accionista
En una carta que entregó el abogado a este medio, se observa un escrito con fecha 12 de diciembre del año pasado, donde el grupo promotor Espacios ene. Horizonte, SA de CV, que preside Carlos López Medina, se dirige a Juan Fidel Cruz Campos, el perrero mayor, quien es presidente de la sociedad de producción rural Artesanos de San Miguelito, a quien le dice textualmente “quedo enterado conforme a lo acordado para poder continuar con las gestiones para el cambio de uso de suelo de la superficie en materia de la asociación que estamos formulando”...
Y en otro párrafo le expresa: “le informo que debido a la situación global, nos obliga a replantear el proyecto, nos obliga a hacer ajustes o modificaciones al contexto o tamaño de los lotes, así como al esquema financiero y fiscal”…
La firma de López Medina se hace acompañar de sus “socios” y estos son el magnate minero José Cerrillo Chowell, Manuel Muñiz Werge, Miguel A. Torres Corzo, Manuel del Valle López , José Carlos Mahbub Sarquís y Juan Carlos Valladares García. Aparte, en una lista se enumeran las construcciones que este grupo accionista realizará en las tierras de los comuneros y se destacan áreas para casas habitación y departamentos habitacionales, áreas comerciales y de servicios, áreas recreativas, clubes deportivos, universidades y escuelas, vialidades y calles en una superficie de 15. 933.325.38 metros cuadrados.
“Se cumplió finalmente el convenio mañoso y ruin que llevaron los juanes perreros a la asamblea, todo ello para beneficiarse, para abrir la comunidad a la distribución de las 14 mil hectáreas que existen, todo ello para dárselos a 17.85 pesos a los ricos de San Luis, claro, con la mediación y engaños del operador Zarzoza, mandado por el gobernador Marcelo de los Santos. Seguramente él también será socio, con sus hijos, de muchos de esos negocios que se construirán en la comunidad”, concluyó.
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