TUNUARY Y CRISTIÁN CHÁVEZ
Soy, el pueblo mexicano estamos siendo testigos del actuar de un Estado militarizado, un Estado en el que población está siendo objeto de vejaciones, de abusos, de desapariciones, de asesinatos, todo esto con la frase de “Guerra contra el Narcotráfico y el Crimen Organizado”, el problema es que ese crimen organizado al que se refieren las fuerzas armadas de este país muchas veces pareciera ser más bien la sociedad civil organizada, una sociedad que lejos de ser criminal, es ciudadana, civil y pacífica que ejerce un derecho legítimo a la protesta.
Según Laura Carlsen en su publicación ¿Guerra contra el narcotráfico o la militarización de México?, la frase “guerra contra el narcotráfico” fue utilizada por primera vez por el Presidente estadunidense Richard Nixon, en 1971, en un contexto político y económico muy parecido al actual, en ese año Nixon declaró que las drogas eran el “enemigo público número uno”. Nixon entró a la presidencia con la promesa de mano dura contra el crimen. “Se dio cuenta que, en realidad, tenía pocas posibilidades de tener un impacto grande desde el Ejecutivo. Para dar un papel espectacular y preponderante al gobierno federal, creó de un problema preocupante, una verdadera crisis de drogas a través de la manipulación de las estadísticas.”
Hoy, esta militarización escudada con la invención de la guerra contra las drogas, tuvo un objetivo primordial: expandir extralegalmente los poderes de la presidencia y consolidar una imagen de líder fuerte frente a la sociedad en medio de circunstancias difíciles y debilidades políticas, fortaleciendo el Poder Ejecutivo sin contrapesos y transparencia, quitando poderes de los otros niveles de gobierno y restringiendo los derechos ciudadanos.
Según la analista Carlsen, esta situación que vive el país promueve la militarización de la sociedad y construye un poder de facto de fuerzas especializadas con pocos controles legales o sociales. El modelo de enfrentar el tráfico, venta y consumo de drogas con medidas militares, aumenta la violencia y debilita las instituciones civiles; Invariablemente se extiende a una guerra contra la oposición política, borrando la línea entre la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y disidentes; Existe una clara amenaza a la soberanía nacional; se desarrolla una economía dependiente de la ayuda militar desde afuera, y la imposición de un modelo de lucha contra el narcotráfico que no sólo no ha tenido resultados, sino que ha profundizado la violencia y la destrucción social y ambiental de gran parte del territorio, creando un círculo vicioso de miedo y caos que se utiliza para justificar la continuación de la intervención militar; en el caso de la aplicación de este modelo en Colombia, sólo la vigilancia de grupos ciudadanos y de derechos humanos en Estados Unidos lograba que se mantuviera un tope al número de soldados estadunidenses en territorio colombiano, y hubo un incremento paulatino de mercenarios yanquis de empresas particulares subcontratados para llevar a cabo funciones militares bajo el Plan Colombia.
Sobre esto, en días pasados se publicó en algunos medios alternativos de comunicación que durante la administración Bush, el Departamento de Justicia de Estados Unidos permitió allanamientos militares al interior de dicho país. Mientras tanto, en Colombia se ha denunciado de manera creciente la desaparición de civiles a manos de las fuerzas armadas, a raíz de una ley que otorga beneficios a soldados que demuestren haber matado a miembros de grupos armados.
En el modelo militarizado para México contempla el entrenamiento de las fuerzas mexicanas bajo el esquema de Estados Unidos y en particular la heredada por el gobierno de George W. Bush, la cual amplía la red de agentes antidrogas y aduanales estadunidenses que opera en el país, reduciendo así el espacio para aplicar políticas basadas en las prioridades nacionales, quedando estas por debajo de la agenda de seguridad nacional del gobierno de Estados Unidos.
En este sentido, la guerra “contra el narcotráfico” de Calderón, es una clara estrategia para ampliar la hegemonía de Estados Unidos en el país, esto encaminado al control violento de la protesta social, al saqueo de los recursos naturales de los pueblos indígenas y la consolidación bélica de un gobierno de dudosa legitimidad.
Esto se traduce en lastimosas acciones del Estado, en León, Guanajuato, se inició este martes el patrullaje militar de las calles. El subsecretario de Seguridad Pública del Estado, Pablo Antonio Sánchez Urbina, informó sobre los patrullajes del Ejército, que se “complementarán” con los retenes “para reforzar la seguridad”, que los militares actuarán” por su cuenta, independiente de las fuerzas del Estado”.
En Mazatlán, asumió como nuevo comandante de la 3ª zona militar con sede en el puerto, el general Arturo Pérez Cabello, la primera señal del nuevo comandante fue de hermetismo y lejanía con la prensa, ya que los medios presentes en el acto fueron arrinconados “en una especie de zona restringida” sin acceso a los funcionarios.
En Guerrero, desde el pasado 7 de febrero desapareció Salvador Nava Torres. Su esposa afirma que los dos últimos testimonios sobre su paradero lo ubican, primero, en un taxi con otros compañeros, mismo que fue detenido en el retén conocido como “El Crucero”. Posteriormente a ello varios testigos lo vieron con una “capucha” encima de un vehículo militar, que había dos testigos que fueron intimidados y golpeados por militares para evitar que declararan. Cabe señalar que los militares han aceptado ante la Coddheum, que Nava Torres fue detenido el 7 de febrero, pero alegan que fue liberado al día siguiente.
En Guerrero también, el pasado 13 de febrero fueron detenidos por presuntos policías y desaparecidos con violencia los indígenas Manuel Ponce Rosas y Raúl Lucas Lucía, tres días más tarde fueron asesinados encontrando sus restos ocho días después, mostrando huellas de tortura y tiro de gracia, en el momento de su secuestro y asesinato, Lucas y Ponce investigaban violaciones a derechos humanos por parte de militares. Antes ya habían denunciado cómo militares y policías han entrado en al menos 20 de las 28 comunidades mixtecas de Ayutla, cómo cerca de 100 uniformados robaron cultivos de caña a campesinos, en 2008 documentaron cuatro casos de violaciones a los derechos humanos consistentes en allanamientos, robo, daños, retenciones e interrogatorios ilegales efectuados por militares en poblaciones mixtecas y tlapanecas, estos casos llegaron ante la CNDH y se concretaron en denuncias penales.
En Ciudad Juárez los recientes ajustes a la estrategia militar de “lucha contra el narcotráfico”, llevó a una histórica participación militar en la vida social, en la operación cotidiana del ayuntamiento de Ciudad Juárez, Chihuahua. Si bien desde hace varios años existe presencia militar en labores civiles de seguridad pública, el caso de Juárez resulta emblemático de la creciente militarización del Estado, pues los militares tendrán participación inclusive en labores de la Dirección de Comercio municipal. El presidente municipal de Juárez, José Reyes Ferriz, anunció que militares ocuparán los principales mandos de la Secretaría de Seguridad Pública municipal, del Centro de Readaptación Social y de la Dirección de Tránsito.
En este sentido es que el profesor Claudio Albertani, en su charla magistral para el seminario Movimientos Sociales y Militarización en México, opinó: “Si los poderosos endurecen sus esquemas militares y de seguridad es porque temen nuevas oleadas de luchas sociales”. Es decir, que en estos momentos de hambre, crisis, devastación, pobreza, despojo e invasión, se suma la violencia de Estado a las dolencias de la sociedad.
Fuente: La Jornada de Jalisco
Soy, el pueblo mexicano estamos siendo testigos del actuar de un Estado militarizado, un Estado en el que población está siendo objeto de vejaciones, de abusos, de desapariciones, de asesinatos, todo esto con la frase de “Guerra contra el Narcotráfico y el Crimen Organizado”, el problema es que ese crimen organizado al que se refieren las fuerzas armadas de este país muchas veces pareciera ser más bien la sociedad civil organizada, una sociedad que lejos de ser criminal, es ciudadana, civil y pacífica que ejerce un derecho legítimo a la protesta.
Según Laura Carlsen en su publicación ¿Guerra contra el narcotráfico o la militarización de México?, la frase “guerra contra el narcotráfico” fue utilizada por primera vez por el Presidente estadunidense Richard Nixon, en 1971, en un contexto político y económico muy parecido al actual, en ese año Nixon declaró que las drogas eran el “enemigo público número uno”. Nixon entró a la presidencia con la promesa de mano dura contra el crimen. “Se dio cuenta que, en realidad, tenía pocas posibilidades de tener un impacto grande desde el Ejecutivo. Para dar un papel espectacular y preponderante al gobierno federal, creó de un problema preocupante, una verdadera crisis de drogas a través de la manipulación de las estadísticas.”
Hoy, esta militarización escudada con la invención de la guerra contra las drogas, tuvo un objetivo primordial: expandir extralegalmente los poderes de la presidencia y consolidar una imagen de líder fuerte frente a la sociedad en medio de circunstancias difíciles y debilidades políticas, fortaleciendo el Poder Ejecutivo sin contrapesos y transparencia, quitando poderes de los otros niveles de gobierno y restringiendo los derechos ciudadanos.
Según la analista Carlsen, esta situación que vive el país promueve la militarización de la sociedad y construye un poder de facto de fuerzas especializadas con pocos controles legales o sociales. El modelo de enfrentar el tráfico, venta y consumo de drogas con medidas militares, aumenta la violencia y debilita las instituciones civiles; Invariablemente se extiende a una guerra contra la oposición política, borrando la línea entre la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y disidentes; Existe una clara amenaza a la soberanía nacional; se desarrolla una economía dependiente de la ayuda militar desde afuera, y la imposición de un modelo de lucha contra el narcotráfico que no sólo no ha tenido resultados, sino que ha profundizado la violencia y la destrucción social y ambiental de gran parte del territorio, creando un círculo vicioso de miedo y caos que se utiliza para justificar la continuación de la intervención militar; en el caso de la aplicación de este modelo en Colombia, sólo la vigilancia de grupos ciudadanos y de derechos humanos en Estados Unidos lograba que se mantuviera un tope al número de soldados estadunidenses en territorio colombiano, y hubo un incremento paulatino de mercenarios yanquis de empresas particulares subcontratados para llevar a cabo funciones militares bajo el Plan Colombia.
Sobre esto, en días pasados se publicó en algunos medios alternativos de comunicación que durante la administración Bush, el Departamento de Justicia de Estados Unidos permitió allanamientos militares al interior de dicho país. Mientras tanto, en Colombia se ha denunciado de manera creciente la desaparición de civiles a manos de las fuerzas armadas, a raíz de una ley que otorga beneficios a soldados que demuestren haber matado a miembros de grupos armados.
En el modelo militarizado para México contempla el entrenamiento de las fuerzas mexicanas bajo el esquema de Estados Unidos y en particular la heredada por el gobierno de George W. Bush, la cual amplía la red de agentes antidrogas y aduanales estadunidenses que opera en el país, reduciendo así el espacio para aplicar políticas basadas en las prioridades nacionales, quedando estas por debajo de la agenda de seguridad nacional del gobierno de Estados Unidos.
En este sentido, la guerra “contra el narcotráfico” de Calderón, es una clara estrategia para ampliar la hegemonía de Estados Unidos en el país, esto encaminado al control violento de la protesta social, al saqueo de los recursos naturales de los pueblos indígenas y la consolidación bélica de un gobierno de dudosa legitimidad.
Esto se traduce en lastimosas acciones del Estado, en León, Guanajuato, se inició este martes el patrullaje militar de las calles. El subsecretario de Seguridad Pública del Estado, Pablo Antonio Sánchez Urbina, informó sobre los patrullajes del Ejército, que se “complementarán” con los retenes “para reforzar la seguridad”, que los militares actuarán” por su cuenta, independiente de las fuerzas del Estado”.
En Mazatlán, asumió como nuevo comandante de la 3ª zona militar con sede en el puerto, el general Arturo Pérez Cabello, la primera señal del nuevo comandante fue de hermetismo y lejanía con la prensa, ya que los medios presentes en el acto fueron arrinconados “en una especie de zona restringida” sin acceso a los funcionarios.
En Guerrero, desde el pasado 7 de febrero desapareció Salvador Nava Torres. Su esposa afirma que los dos últimos testimonios sobre su paradero lo ubican, primero, en un taxi con otros compañeros, mismo que fue detenido en el retén conocido como “El Crucero”. Posteriormente a ello varios testigos lo vieron con una “capucha” encima de un vehículo militar, que había dos testigos que fueron intimidados y golpeados por militares para evitar que declararan. Cabe señalar que los militares han aceptado ante la Coddheum, que Nava Torres fue detenido el 7 de febrero, pero alegan que fue liberado al día siguiente.
En Guerrero también, el pasado 13 de febrero fueron detenidos por presuntos policías y desaparecidos con violencia los indígenas Manuel Ponce Rosas y Raúl Lucas Lucía, tres días más tarde fueron asesinados encontrando sus restos ocho días después, mostrando huellas de tortura y tiro de gracia, en el momento de su secuestro y asesinato, Lucas y Ponce investigaban violaciones a derechos humanos por parte de militares. Antes ya habían denunciado cómo militares y policías han entrado en al menos 20 de las 28 comunidades mixtecas de Ayutla, cómo cerca de 100 uniformados robaron cultivos de caña a campesinos, en 2008 documentaron cuatro casos de violaciones a los derechos humanos consistentes en allanamientos, robo, daños, retenciones e interrogatorios ilegales efectuados por militares en poblaciones mixtecas y tlapanecas, estos casos llegaron ante la CNDH y se concretaron en denuncias penales.
En Ciudad Juárez los recientes ajustes a la estrategia militar de “lucha contra el narcotráfico”, llevó a una histórica participación militar en la vida social, en la operación cotidiana del ayuntamiento de Ciudad Juárez, Chihuahua. Si bien desde hace varios años existe presencia militar en labores civiles de seguridad pública, el caso de Juárez resulta emblemático de la creciente militarización del Estado, pues los militares tendrán participación inclusive en labores de la Dirección de Comercio municipal. El presidente municipal de Juárez, José Reyes Ferriz, anunció que militares ocuparán los principales mandos de la Secretaría de Seguridad Pública municipal, del Centro de Readaptación Social y de la Dirección de Tránsito.
En este sentido es que el profesor Claudio Albertani, en su charla magistral para el seminario Movimientos Sociales y Militarización en México, opinó: “Si los poderosos endurecen sus esquemas militares y de seguridad es porque temen nuevas oleadas de luchas sociales”. Es decir, que en estos momentos de hambre, crisis, devastación, pobreza, despojo e invasión, se suma la violencia de Estado a las dolencias de la sociedad.
Fuente: La Jornada de Jalisco
No hay comentarios:
Publicar un comentario