viernes, 6 de marzo de 2009

Casos Ayutla, Tlapa y La Unión, los lastres


YAMILET VILLA

CHILPANCINGO, 4 DE MARZO. El asesinato del síndico de La Unión, Rolando Landa, la detención del regidor Rosendo Lario y alcalde suplente de Tlapa, Regino Zayas, por agentes de la SIEDO, así como la vinculación del presidente municipal de Ayutla, Armando García con los asesinatos de los líderes indígenas, Raúl Lucas y Manuel Ponce, afectará al PRI en la elección, reconoció el dirigente estatal Marco Antonio Leyva Mena, quien exigió a las autoridades correspondientes que informen los avances de las investigaciones.

Lo anterior, para deslindar al tricolor de una presunta relación con los grupos delincuenciales, ya que incluso el dirigente nacional del PAN, Germán Martínez, acusó al PRI de los hechos de violencia, la criminalidad y el narcotráfico.

“No sé nada (de ellos)”, respondió Leyva Mena a pregunta expresa sobre el secretario general de Tlapa, Regino Zayas Rosas y al regidor de Obras Públicas, Rosendo Larios Rosas, quienes se encuentran detenidos por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la Procuraduría General de la República (PGR) desde hace ya quince días.

Entrevistado antes de salir del estado para reunirse con su dirigenta nacional, Beatriz Paredes Rangel y conmemorar el 80 aniversario de su partido, Leyva solicitó a la PGR informar al ayuntamiento de Tlapa los avances de la investigación, pues recordó que sólo fueron requeridos como testigos en un caso “ajeno a ellos”, pero hasta el momento no han sido enviados a Guerrero.

Lo referente al secuestro y ejecución del síndico priísta de La Unión, Rolando Landa Hernández el pasado sábado, quien apareció con dos narcomensajes, también solicitó a la Procuraduría General de Justicia (PGJ) informar sobre el avance en las investigaciones.

A pregunta expresa, aseguró que sí afecta electoralmente que no se aclare cada uno de los casos en los militantes del tricolor se les ha vinculados con actos ilícitos, “se comienza a especular y a pensar una multiplicidad de cosas que muchas veces no son ciertas, por eso exigimos que la autoridad actúe”.

La fiscalía

Aunque en un primer momento respaldó la creación de una fiscalía especial que investigue el secuestro y la ejecución del presidente y secretario de la Organización para el Futuro de los Pueblos Mixtecos (OFPM), Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, Leyva manifestó que instancia por cada caso de este tipo, sólo demuestra que las instancias encargadas de investigar como la PGJE no están haciendo bien su trabajo.

“Yo exijo que se aplique todo el rigor de la ley, pero no podemos estar creando instancia cada vez que ocurran caso como el de los compañeros indígenas, los órganos encargados (como la PGJE) deben hacerse responsables de la investigación”, apuntó.

Fuente: La Jornada de Guerrero

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