Plantea tribunal popular para caso na savi
MARLEN CASTRO
CHILPANCINGO, 5 DE MARZO. El Comité de Familiares y Amigos de Desaparecidos, Secuestrados y Asesinados, denunció que a dos años de su integración para exigir la presentación con vida de Jorge Gabriel Cerón Silva, privado de su libertad el 14 de marzo del 2007, continúa la actitud de “indiferencia, apatía y hasta sorna” de las autoridades ante la exigencia de justicia de quienes tienen un familiar desaparecido o asesinado en circunstancias que aún no han sido aclaradas.
Acompañado de los familiares de Salvador Nava Torres –quien desapareció el 7 de febrero en Tlapa, de cuyos hechos se culpa a soldados del batallón 93 de infantería, ya que hay testigos de ello– el coordinador del Comité, Javier Monroy Hernández, indicó que desafortunadamente “este tipo de casos parecen no tener fin y ninguna autoridad nos da respuesta”.
Ante este silencio de las autoridades, el Comité de Familiares emplazó a los alcaldes de Acapulco, Iguala y Chilpancingo a que asuman el compromiso con la ciudadanía que los llevó a donde están y exijan la presentación con vida de los ciudadanos de esas demarcaciones que han sido desaparecidos e intervengan para que se castigue a los responsables de los asesinatos de Roberto Arcos Catalán y Carlos Edmundo Parra, mejor conocido como Dillerk.
Aparte del caso de Nava Torres, al Comité también se agregaron los casos de Pedro Benítez Vara y Dionicio Hernández Ventura, desaparecidos el 8 de enero de este año en Acapulco.
Los familiares de Nava Torres denunciaron que no sólo no han sido escuchados sus reclamos de que su pariente aparezca con vida, sino que los militares ya comenzaron a hostigarlos, pues su hermano ha sido agredido y su domicilio cateado, para que se queden callados.
El padre de Pedro Benítez, quien se llama igual, no sólo no ha encontrado una respuesta a su exigencia de justicia, sino que la propia Policía Ministerial le ha dicho que “no le mueva más”, pues se va a meter en problemas, que es mejor que se olvide de su hijo.
Pedro Benítez, de apenas 20 años, desapareció con el abogado Dionisio Hernández, quien acudió a la casa de Pedro a buscar al papá de éste. Como era alguien conocido de la familia, el joven, que en esos momentos salía a la escuela, pidió un raid al abogado y hasta la fecha no ha regresado a su hogar.
En el caso de Nava Torres, originario de esta capital pero quien vivía en Tlapa desde hace dos meses porque la empresa en la que trabaja, Construcciones Castro, lo mandó para allá, fue detenido por militares y a pesar de los testimonios de que ellos se lo llevaron, el Ejército no lo ha presentado ni ha dicho qué pasó con él.
Plantean tribunal popular
En otro tema, Monroy rechazó la creación de una fiscalía especial para investigar el asesinato de Raúl Lucas y Manuel Ponce, por lo que convocó a las organizaciones sociales y académicas a formar un tribunal popular.
Anunció un encuentro de organizaciones para el 20 de marzo, con el propósito de empujar la creación de esta instancia, que investigue los ataques a los defensores de los derechos humanos y luchadores sociales, así como la muerte de los indígenas.
Fuente: La Jornada de Guerrero
MARLEN CASTRO
CHILPANCINGO, 5 DE MARZO. El Comité de Familiares y Amigos de Desaparecidos, Secuestrados y Asesinados, denunció que a dos años de su integración para exigir la presentación con vida de Jorge Gabriel Cerón Silva, privado de su libertad el 14 de marzo del 2007, continúa la actitud de “indiferencia, apatía y hasta sorna” de las autoridades ante la exigencia de justicia de quienes tienen un familiar desaparecido o asesinado en circunstancias que aún no han sido aclaradas.
Acompañado de los familiares de Salvador Nava Torres –quien desapareció el 7 de febrero en Tlapa, de cuyos hechos se culpa a soldados del batallón 93 de infantería, ya que hay testigos de ello– el coordinador del Comité, Javier Monroy Hernández, indicó que desafortunadamente “este tipo de casos parecen no tener fin y ninguna autoridad nos da respuesta”.
Ante este silencio de las autoridades, el Comité de Familiares emplazó a los alcaldes de Acapulco, Iguala y Chilpancingo a que asuman el compromiso con la ciudadanía que los llevó a donde están y exijan la presentación con vida de los ciudadanos de esas demarcaciones que han sido desaparecidos e intervengan para que se castigue a los responsables de los asesinatos de Roberto Arcos Catalán y Carlos Edmundo Parra, mejor conocido como Dillerk.
Aparte del caso de Nava Torres, al Comité también se agregaron los casos de Pedro Benítez Vara y Dionicio Hernández Ventura, desaparecidos el 8 de enero de este año en Acapulco.
Los familiares de Nava Torres denunciaron que no sólo no han sido escuchados sus reclamos de que su pariente aparezca con vida, sino que los militares ya comenzaron a hostigarlos, pues su hermano ha sido agredido y su domicilio cateado, para que se queden callados.
El padre de Pedro Benítez, quien se llama igual, no sólo no ha encontrado una respuesta a su exigencia de justicia, sino que la propia Policía Ministerial le ha dicho que “no le mueva más”, pues se va a meter en problemas, que es mejor que se olvide de su hijo.
Pedro Benítez, de apenas 20 años, desapareció con el abogado Dionisio Hernández, quien acudió a la casa de Pedro a buscar al papá de éste. Como era alguien conocido de la familia, el joven, que en esos momentos salía a la escuela, pidió un raid al abogado y hasta la fecha no ha regresado a su hogar.
En el caso de Nava Torres, originario de esta capital pero quien vivía en Tlapa desde hace dos meses porque la empresa en la que trabaja, Construcciones Castro, lo mandó para allá, fue detenido por militares y a pesar de los testimonios de que ellos se lo llevaron, el Ejército no lo ha presentado ni ha dicho qué pasó con él.
Plantean tribunal popular
En otro tema, Monroy rechazó la creación de una fiscalía especial para investigar el asesinato de Raúl Lucas y Manuel Ponce, por lo que convocó a las organizaciones sociales y académicas a formar un tribunal popular.
Anunció un encuentro de organizaciones para el 20 de marzo, con el propósito de empujar la creación de esta instancia, que investigue los ataques a los defensores de los derechos humanos y luchadores sociales, así como la muerte de los indígenas.
Fuente: La Jornada de Guerrero
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