Reprueba Alarcón críticas “turbulentas y vehementes” de autoridades contra Tlachinollan
Descalificación del gobierno estatal abre la puerta a poderes no controlados, advierte
MARLEN CASTRO
CHILPANCINGO, 5 DE MARZO. La desaparición y asesinato de los dirigentes mixtecos Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas “es un ataque a la democracia, una señal de alarma” estableció el presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Distrito Federal, Emilio Alvarez Icaza, quien además calificó de “gravísimo” que el gobierno de Guerrero desacredite el trabajo de los defensores de derechos humanos, entre ellos el de Tlachinollan, porque manda una señal de impunidad a quienes operan desde la ilegalidad y abre las puertas a los grupos y poderes no controlados.
El ombudsman del Distrito Federal disertó sobre políticas públicas y derechos humanos en el marco de la firma del convenio de colaboración entre el Instituto de Estudios Parlamentarios Eduardo Neri y la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum), llevado a cabo en la sala José Francisco Ruiz Massieu del Congreso local.
A propósito del tema de la conferencia, Alvarez Icaza hizo un breve paréntesis y dijo: “Quiero hacer saber mi absoluta preocupación de lo que significa para la democracia las muertes de Raúl Lucas y Manuel Ponce”.
Nombró a cuatro organismos internacionales de derechos humanos que dirigieron una comunicación al organismo en la ciudad de México para hacer patente su preocupación por el secuestro y muerte de los dirigentes, y remarcó que eso sólo era un indicador de la indignación internacional que suscitaron los asesinatos.
Agregó que era “gravísimo” que desde el poder público se desacreditara la labor de los defensores civiles de derechos humanos –los dirigentes mixtecos secuestrados y encontrados muertos con señales de tortura eran defensores de los derechos de los indígenas– porque se les ponía en riesgo.
“Lo que se espera de la función pública no sólo es un rechazo enérgico a ese tipo de actos y un acompañamiento a los defensores, sino el ejercicio implacable de la justicia”, estableció.
Criticó el ataque reciente al centro de derechos humanos Tlalchinollan. “En vez de entender el riesgo en el que están se les considera parte del problema”, criticó.
Indicó que si los poderes públicos acompañan la labor de los organismos de derechos humanos y asumien la indignación por actos como las muertes de los dirigentes, “manda un mensaje de respeto a las reglas democráticas; de lo contrario, manda un mensaje pasivo de asumir la negación y abre las puertas a los grupos y poderes no controlados.
Antes de su disertación, el presidente de la Coddehum, Juan Alarcón Hernández, expresó su solidaridad a Tlachinollan y otros organismos defensores de los derechos humanos por los ataques “turbulentos, vehementes y virulentos” que han sufrido.
Recordó que en su momento también se atacó a la Coddehum y consideró que esta actitud desde el poder representa “riesgos reales para los defensores”.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local, el perredista Napoleón Astudillo Martínez –quien acude por vez primera a un acto en el que se trata de temas de la comisión que encabeza–, señaló que el movimiento de la defensa de los derechos humanos atraviesa en estos momentos “sus más aciagas circunstancias”, y reiteró que en la entidad hay un retroceso de 30 años en la materia.
En la firma del convenio para la formación y capacitación de cuadros en la defensa de los derechos y la difusión de la cultura de respeto a las garantías de las personas también acudió el director del IEPEN, Nelson Valle López.
Fuente: La Jornada de Guerrero
Descalificación del gobierno estatal abre la puerta a poderes no controlados, advierte
MARLEN CASTRO
CHILPANCINGO, 5 DE MARZO. La desaparición y asesinato de los dirigentes mixtecos Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas “es un ataque a la democracia, una señal de alarma” estableció el presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Distrito Federal, Emilio Alvarez Icaza, quien además calificó de “gravísimo” que el gobierno de Guerrero desacredite el trabajo de los defensores de derechos humanos, entre ellos el de Tlachinollan, porque manda una señal de impunidad a quienes operan desde la ilegalidad y abre las puertas a los grupos y poderes no controlados.
El ombudsman del Distrito Federal disertó sobre políticas públicas y derechos humanos en el marco de la firma del convenio de colaboración entre el Instituto de Estudios Parlamentarios Eduardo Neri y la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum), llevado a cabo en la sala José Francisco Ruiz Massieu del Congreso local.
A propósito del tema de la conferencia, Alvarez Icaza hizo un breve paréntesis y dijo: “Quiero hacer saber mi absoluta preocupación de lo que significa para la democracia las muertes de Raúl Lucas y Manuel Ponce”.
Nombró a cuatro organismos internacionales de derechos humanos que dirigieron una comunicación al organismo en la ciudad de México para hacer patente su preocupación por el secuestro y muerte de los dirigentes, y remarcó que eso sólo era un indicador de la indignación internacional que suscitaron los asesinatos.
Agregó que era “gravísimo” que desde el poder público se desacreditara la labor de los defensores civiles de derechos humanos –los dirigentes mixtecos secuestrados y encontrados muertos con señales de tortura eran defensores de los derechos de los indígenas– porque se les ponía en riesgo.
“Lo que se espera de la función pública no sólo es un rechazo enérgico a ese tipo de actos y un acompañamiento a los defensores, sino el ejercicio implacable de la justicia”, estableció.
Criticó el ataque reciente al centro de derechos humanos Tlalchinollan. “En vez de entender el riesgo en el que están se les considera parte del problema”, criticó.
Indicó que si los poderes públicos acompañan la labor de los organismos de derechos humanos y asumien la indignación por actos como las muertes de los dirigentes, “manda un mensaje de respeto a las reglas democráticas; de lo contrario, manda un mensaje pasivo de asumir la negación y abre las puertas a los grupos y poderes no controlados.
Antes de su disertación, el presidente de la Coddehum, Juan Alarcón Hernández, expresó su solidaridad a Tlachinollan y otros organismos defensores de los derechos humanos por los ataques “turbulentos, vehementes y virulentos” que han sufrido.
Recordó que en su momento también se atacó a la Coddehum y consideró que esta actitud desde el poder representa “riesgos reales para los defensores”.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local, el perredista Napoleón Astudillo Martínez –quien acude por vez primera a un acto en el que se trata de temas de la comisión que encabeza–, señaló que el movimiento de la defensa de los derechos humanos atraviesa en estos momentos “sus más aciagas circunstancias”, y reiteró que en la entidad hay un retroceso de 30 años en la materia.
En la firma del convenio para la formación y capacitación de cuadros en la defensa de los derechos y la difusión de la cultura de respeto a las garantías de las personas también acudió el director del IEPEN, Nelson Valle López.
Fuente: La Jornada de Guerrero
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