“La sociedad debe enterarse de lo que pasa en México”
Fuente: La Jornada de Jalisco
VIRIDIANA SAAVEDRA PONCE
A manera de rechazo por la “impunidad” con que se vive en el país, donde los defensores de los derechos humanos son señalados como guerrilleros, son desaparecidos, o incluso asesinados, diversas organizaciones civiles se manifestaron ayer en el centro de la ciudad mediante un recorrido en el que con ataúdes sobre los hombros, demostraron a la sociedad jalisciense que “ya están cansados” de la actitud de las actuales autoridades, así como de las muertes de dos de sus compañeros, Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rojas, indígenas mixtecos asesinados en Guerrero el pasado mes de febrero, y del hostigamiento que se ha ejercido hacia sus familias y hacia los activistas que piden se esclarezcan los hechos.
El posicionamiento de las organizaciones no gubernamentales, acompañadas de grupos mixtecos, sorprendió a los ciudadanos que transitaban por el centro tapatío, ya que la muerte de Raúl y Manuel, así como de los cientos de desaparecidos a nivel nacional es desconocido entre la sociedad, situación que indigna a los activistas, que exigen la intervención de la Procuraduría General de la República (PGR) en las investigaciones del asesinato, y la colaboración de los ciudadanos para que esos actos no se repitan.
“Nos impresiona que a nivel nacional y nadie sabe de este tema, queremos que el tema se conozca, queremos alzar la voz porque nos indigna esta situación, es como si los hubieran matado en Jalisco, porque para nosotros eran defensores de los derechos humanos y a todos los defensores de los derechos humanos nos arrancaron algo y nos corresponde alzar la voz cuando estas cosas ocurren, porque ahora son ellos, pero cuántos más faltan, quién sigue, cuántas criminalizaciones de movimientos siguen. Esto tiene que parar y necesitamos empezar ya”, fue la postura de Luis Orlando Pérez Jiménez, del equipo de Apoyo a Migrantes Indígenas, y uno de los organizadores del movimiento en Jalisco.
En un recuento de las represalias hacia activistas, explicó Pérez Jiménez, el Centro de Derechos Humanos Montaña Tlachinollan durante 2008 registró más de 200 desapariciones de luchadores sociales en el estado de Guerrero, la organización del Pueblo Indígena Amepa tiene 65 órdenes de aprehensión, el Movimiento en Contra de la Presa La Parota tiene a sus seis dirigentes en la cárcel, y la Radio Comunitaria Tlapaneca tiene 17 órdenes de aprehensión, lo que demuestra, dijo, la falta a la libertad de expresión y de reunión signada en la Constitución Mexicana, porque “en Guerrero bajo la justificación de que cualquier grupo indígena que se organice es guerrillero, se van contra de ellos, así como aquí en Jalisco”.
El asesinato de Raúl y Manuel es conocido a nivel mundial desde el 10 de febrero que ambos fueron advertidos de que “algo malo les podría pasar” y fue el 13 de febrero cuando desaparecieron, lo que provocó la intervención de miembros de Amnistía Internacional, pero fue hasta el 20 del mismo mes cuando llamaron a sus esposas para que identificaran los cuerpos.
El 24 de febrero los posicionamientos comenzaron a crecer, y diversos organismos civiles, entre los que se encuentran la Human Rights Watch, Latin America Working Group, Washigton Office on Latin America, y la Front Line, alzaron la voz en defensa de la dignidad de los activistas, pero lo que molestó a los defensores de los derechos humanos en México, fue que ninguna de las instituciones fuera de origen nacional, pues la Comisión Nacional de los Derechos Humanos inició una investigación hasta el 26 de febrero.
Para concluir, Pérez Jiménez refirió que el objetivo es “que la sociedad de Jalisco levante la voz y se entere de lo que está ocurriendo en el país y que no todo son asesinatos por narcotráfico, porque también aquí en Jalisco los defensores de los derechos humanos son perseguidos”.
Fuente: La Jornada de Jalisco
VIRIDIANA SAAVEDRA PONCE
A manera de rechazo por la “impunidad” con que se vive en el país, donde los defensores de los derechos humanos son señalados como guerrilleros, son desaparecidos, o incluso asesinados, diversas organizaciones civiles se manifestaron ayer en el centro de la ciudad mediante un recorrido en el que con ataúdes sobre los hombros, demostraron a la sociedad jalisciense que “ya están cansados” de la actitud de las actuales autoridades, así como de las muertes de dos de sus compañeros, Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rojas, indígenas mixtecos asesinados en Guerrero el pasado mes de febrero, y del hostigamiento que se ha ejercido hacia sus familias y hacia los activistas que piden se esclarezcan los hechos.
El posicionamiento de las organizaciones no gubernamentales, acompañadas de grupos mixtecos, sorprendió a los ciudadanos que transitaban por el centro tapatío, ya que la muerte de Raúl y Manuel, así como de los cientos de desaparecidos a nivel nacional es desconocido entre la sociedad, situación que indigna a los activistas, que exigen la intervención de la Procuraduría General de la República (PGR) en las investigaciones del asesinato, y la colaboración de los ciudadanos para que esos actos no se repitan.
“Nos impresiona que a nivel nacional y nadie sabe de este tema, queremos que el tema se conozca, queremos alzar la voz porque nos indigna esta situación, es como si los hubieran matado en Jalisco, porque para nosotros eran defensores de los derechos humanos y a todos los defensores de los derechos humanos nos arrancaron algo y nos corresponde alzar la voz cuando estas cosas ocurren, porque ahora son ellos, pero cuántos más faltan, quién sigue, cuántas criminalizaciones de movimientos siguen. Esto tiene que parar y necesitamos empezar ya”, fue la postura de Luis Orlando Pérez Jiménez, del equipo de Apoyo a Migrantes Indígenas, y uno de los organizadores del movimiento en Jalisco.
En un recuento de las represalias hacia activistas, explicó Pérez Jiménez, el Centro de Derechos Humanos Montaña Tlachinollan durante 2008 registró más de 200 desapariciones de luchadores sociales en el estado de Guerrero, la organización del Pueblo Indígena Amepa tiene 65 órdenes de aprehensión, el Movimiento en Contra de la Presa La Parota tiene a sus seis dirigentes en la cárcel, y la Radio Comunitaria Tlapaneca tiene 17 órdenes de aprehensión, lo que demuestra, dijo, la falta a la libertad de expresión y de reunión signada en la Constitución Mexicana, porque “en Guerrero bajo la justificación de que cualquier grupo indígena que se organice es guerrillero, se van contra de ellos, así como aquí en Jalisco”.
El asesinato de Raúl y Manuel es conocido a nivel mundial desde el 10 de febrero que ambos fueron advertidos de que “algo malo les podría pasar” y fue el 13 de febrero cuando desaparecieron, lo que provocó la intervención de miembros de Amnistía Internacional, pero fue hasta el 20 del mismo mes cuando llamaron a sus esposas para que identificaran los cuerpos.
El 24 de febrero los posicionamientos comenzaron a crecer, y diversos organismos civiles, entre los que se encuentran la Human Rights Watch, Latin America Working Group, Washigton Office on Latin America, y la Front Line, alzaron la voz en defensa de la dignidad de los activistas, pero lo que molestó a los defensores de los derechos humanos en México, fue que ninguna de las instituciones fuera de origen nacional, pues la Comisión Nacional de los Derechos Humanos inició una investigación hasta el 26 de febrero.
Para concluir, Pérez Jiménez refirió que el objetivo es “que la sociedad de Jalisco levante la voz y se entere de lo que está ocurriendo en el país y que no todo son asesinatos por narcotráfico, porque también aquí en Jalisco los defensores de los derechos humanos son perseguidos”.
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