La Jornada de Morelos
Escrito por ELIZABETH CUEVAS VILLALOBOS
Viernes, 27 de Marzo de 2009 00:00
CUERNAVACA. A unos días de que abandonen el cargo y busquen un nuevo puesto en el servicio público, los legisladores no han aplicado las últimas reformas al Código Penal para evitar que los delincuentes obtengan su libertad dentro de la nueva modalidad de juicios orales.
El juez del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes (TUJA), Armando David Prieto Limón, estableció que las modificaciones, que no han aplicado los actuales legisladores, incluyen la aplicación de prisión preventiva a los delincuentes que ejercen violencia en la comisión del delito y causen daños físicos y psicológicos a la víctima.
Actualmente y de acuerdo a lo establecido en la normatividad, los menores pueden obtener su libertad cuando cometieron un robo, aún y cuando hayan amagado a su víctima.
Con las reformas, comenta el especialista en derecho, los jueces tendrán que aplicar prisión preventiva a los menores de edad involucrados en delitos menores pero que hayan utilizado armas blancas y de fuego en la comisión del delito.
“De acuerdo al texto constitucional en cuanto a la prisión preventiva el juez tendrá que hacer de oficio este medio cautelar como es el caso del homicidio doloso y el secuestro, actualmente nuestras medidas cautelares están reguladas por el Código de Procedimientos Penales”.
La idea, explica el juzgador, es que las personas que utilicen violencia en la comisión de un delito –a través del uso de armas- no podrán obtener su libertad como sucede actualmente a criterio de los jueces.
Por lo pronto, el juez Prieto Limón estableció que el TUJA elabora una propuesta de modificaciones a la normatividad para sujetarlas a lo establecido en el artículo 19 de la Constitución mexicana que fue reformada desde junio del año pasado pero que a la fecha no se han hecho las adecuaciones correspondientes a la normatividad del estado.
Con esto se limitará la posibilidad de que un menor infractor pueda obtener su libertad por la no gravidez de su conducta antisocial.
Sin embargo, los diputados aún no han aplicado dichas modificaciones a las leyes estatales.
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