Precedente funesto
CITLAL GILES SANCHEZ
La doble ejecución de los defensores de derechos humanos Raúl Lucas y Manuel Ponce puede sentar un precedente funesto en caso de que el estado no evite más violaciones a los derechos humanos, alertaron diversas organizaciones sociales internacionales, estatales y municipales.
Además, enviaron una carta al procurador de Justicia, Eduardo Murueta Urrutia, en la que urgieron una investigación exhaustiva, inmediata y capaz de dar con los homicidas, ya que están involucrados policías ministeriales. De igual, forma enviaron una carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la que se detalla el secuestro y homicidio de los na savi.
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), Servicio Internacional para la Paz, Servicios de Asesoría para la Paz, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, reprobaron los asesinatos porque sucedieron en un contexto de hostigamiento, amenazas e intimidaciones, a pesar de que los integrantes de la OFPM cuentan con medidas cautelares pedidas por la CIDH.
Alertaron que la falta de interés e ineficacia del estado para presentarlos con vida tras la denuncia que hicieron el mismo día de su desaparición, “puede sentar un precedente funesto en caso de no realizarse acciones concretas para prevenir que se repitan violaciones graves en el futuro inmediato”.
Pidieron a las autoridades no dar declaraciones hasta que el proceso haya concluido, pues las descalificaciones contribuyen a la incertidumbre e impunidad y pueden alentar más violencia contra defensores de derechos humanos.
En tanto, las organizaciones de Estados Unidos Human Rights Watch, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, en inglés), el Grupo de Trabajo sobre América Latina (LAWG, en inglés) y la Fundación Debido Proceso Legal enviaron este miércoles una carta al procurador Murueta en la que externan su preocupación por el homicidio de los dirigentes, y le urgieron hacer una investigación exhaustiva, inmediata e independiente, por estar involucrados policías ministeriales, y enfatizaron que la responsabilidad de dar garantías a los defensores de derechos humanos recae en el gobierno.
La Fundación Internacional para la Protección de Defensores de Derechos Humanos, de Irlanda, envió una carta al secretario ejecutivo de la CIDH, Santiago Cantón, en la que detallan el día del secuestro de los dirigentes y la amenaza que recibió por teléfono la esposa de Lucas, Guadalupe Castro: “no empieces a chingar, quédate calladita o jodemos a tu esposo, esto les pasa por defender indios”.
Exigieron al gobierno de México y de Guerrero acabar con las intimidaciones a defensores de derechos humanos, así como el dar seguridad física y sicológica a los deudos de Lucas y Ponce.
Fuente: La Jornada de Guerrero
CITLAL GILES SANCHEZ
La doble ejecución de los defensores de derechos humanos Raúl Lucas y Manuel Ponce puede sentar un precedente funesto en caso de que el estado no evite más violaciones a los derechos humanos, alertaron diversas organizaciones sociales internacionales, estatales y municipales.
Además, enviaron una carta al procurador de Justicia, Eduardo Murueta Urrutia, en la que urgieron una investigación exhaustiva, inmediata y capaz de dar con los homicidas, ya que están involucrados policías ministeriales. De igual, forma enviaron una carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la que se detalla el secuestro y homicidio de los na savi.
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), Servicio Internacional para la Paz, Servicios de Asesoría para la Paz, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, reprobaron los asesinatos porque sucedieron en un contexto de hostigamiento, amenazas e intimidaciones, a pesar de que los integrantes de la OFPM cuentan con medidas cautelares pedidas por la CIDH.
Alertaron que la falta de interés e ineficacia del estado para presentarlos con vida tras la denuncia que hicieron el mismo día de su desaparición, “puede sentar un precedente funesto en caso de no realizarse acciones concretas para prevenir que se repitan violaciones graves en el futuro inmediato”.
Pidieron a las autoridades no dar declaraciones hasta que el proceso haya concluido, pues las descalificaciones contribuyen a la incertidumbre e impunidad y pueden alentar más violencia contra defensores de derechos humanos.
En tanto, las organizaciones de Estados Unidos Human Rights Watch, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, en inglés), el Grupo de Trabajo sobre América Latina (LAWG, en inglés) y la Fundación Debido Proceso Legal enviaron este miércoles una carta al procurador Murueta en la que externan su preocupación por el homicidio de los dirigentes, y le urgieron hacer una investigación exhaustiva, inmediata e independiente, por estar involucrados policías ministeriales, y enfatizaron que la responsabilidad de dar garantías a los defensores de derechos humanos recae en el gobierno.
La Fundación Internacional para la Protección de Defensores de Derechos Humanos, de Irlanda, envió una carta al secretario ejecutivo de la CIDH, Santiago Cantón, en la que detallan el día del secuestro de los dirigentes y la amenaza que recibió por teléfono la esposa de Lucas, Guadalupe Castro: “no empieces a chingar, quédate calladita o jodemos a tu esposo, esto les pasa por defender indios”.
Exigieron al gobierno de México y de Guerrero acabar con las intimidaciones a defensores de derechos humanos, así como el dar seguridad física y sicológica a los deudos de Lucas y Ponce.
Fuente: La Jornada de Guerrero
No hay comentarios:
Publicar un comentario