Urge la UCEZ a destituir al presidente municipal de Ayutla para que rinda cuentas
Impulsarán reabrir los casos Aguas Blancas y El Charco, anuncia Hernández Cardona
LAURA REYES MACIEL
La desaparición, tortura y asesinato de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, dirigentes de la Organización para el Futuro de los Pueblos Mixtecos (OFPM), propicia que se retome la creación de la frustrada comisión de la verdad, promovida en 2007 para investigar y castigar crímenes de la guerra sucia y de lesa humanidad, y la aprobación de una ley de amnistía para liberar a presos políticos.
El dirigente de la Unión Campesina Emiliano Zapata (UCEZ) y miembro de la Asamblea Popular de los Pueblos en Guerrero (APPG), Arturo Hernández Cardona, precisó que diversos organismos no gubernamentales determinaron que es momento de volver a promover proyectos para contrarrestar las acciones del gobierno del estado “sordo y soberbio”.
La comisión de la verdad, la ley de amnistia y reabrir los casos de las matanzas de Aguas Blancas y El Charco serán sólo algunas de las acciones que impulsarán en los próximos meses, y se espera conseguir que se sumen más organizaciones para ejercer presión a la administración estatal, que es la principal barrera para tratar los temas de lesa humanidad con el pretexto de “no reabrir heridas”.
“Lo importante es que todas esas familias merecen justicia, merecen que se castigue a los responsables, merecen saber qué es lo que pasó. La ley de amnistía es importante porque pondrá en libertad a todos los presos políticos y de conciencia, tanto de gobiernos pasado como de éste, que se ha esmerado”.
Hernández Cardona, quien también es secretario de Movimientos Sociales del PRD estatal, aceptó que es grave la situación que enfrentan las organizaciones defensoras de derechos en Guerrero, y como muestra recordó que en los últimos meses van cuatro líderes indígenas asesinados en La Montaña por diferentes causas, como la defensa de la tierra y exigir cobros justos en los recibos de la electricidad.
Esta situación causará que en el PRD se reabra la discusión sobre el urgente deslinde público del gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo, por contraponerse a los lineamientos perredistas, además de su marcado divorcio con la lucha social: “su gobierno nunca ha sido nuestro gobierno, no es del cambio, no es de la alternancia, ni de la transición. Es una ruptura anunciada”.
Desafuero del alcalde de Ayutla
Como una medida urgente para agilizar las investigaciones en el caso del asesinato de Lucas Lucía y Ponce Rosas, señaló la necesidad de hacerle juicio político al alcalde priísta de Ayutla, Armando García Rendón, y a su secretario de Seguridad Pública, Luis José Sánchez Hernández, para que rindan cuentas como ciudadanos y no desde el poder.
Hernández Cardona aseguró que ambos funcionarios, así como el director de la Policía Ministerial, Erit Montúfar Mendoza, tienen participación en la desaparición y asesinato de los dos líderes na savi; mientras que la responsabilidad del procurador de Justicia, Eduardo Murueta Urrutia, radica en no atendió ni mostró voluntad en el caso desde un principio, lo que hace de la ejecución un crimen de Estado y con evidentes fines políticos.
“Nos preocupa porque no hay garantías, no hay seguridad para nadie. Por eso acusamos a las instancias policiacas y al gobierno del estado de haber creado las condiciones para que estos dirigentes fueran secuestrados y asesinados”, agregó.
Indicó que los miembros de la OFPM han externado su preocupación por la presunta intervención del alcalde priísta de Acapulco, Manuel Añorve Baños, en la protección de un grupo paramilitar en la Costa Chica, que le limpiaría el camino de opositores al aspirante del PRI a diputado federal en la Costa Chica, Angel Aguirre Herrera, hijo del senador Angel Aguirre Rivero.
Fuente: La Jornada de Guerrero
Impulsarán reabrir los casos Aguas Blancas y El Charco, anuncia Hernández Cardona
LAURA REYES MACIEL
La desaparición, tortura y asesinato de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, dirigentes de la Organización para el Futuro de los Pueblos Mixtecos (OFPM), propicia que se retome la creación de la frustrada comisión de la verdad, promovida en 2007 para investigar y castigar crímenes de la guerra sucia y de lesa humanidad, y la aprobación de una ley de amnistía para liberar a presos políticos.
El dirigente de la Unión Campesina Emiliano Zapata (UCEZ) y miembro de la Asamblea Popular de los Pueblos en Guerrero (APPG), Arturo Hernández Cardona, precisó que diversos organismos no gubernamentales determinaron que es momento de volver a promover proyectos para contrarrestar las acciones del gobierno del estado “sordo y soberbio”.
La comisión de la verdad, la ley de amnistia y reabrir los casos de las matanzas de Aguas Blancas y El Charco serán sólo algunas de las acciones que impulsarán en los próximos meses, y se espera conseguir que se sumen más organizaciones para ejercer presión a la administración estatal, que es la principal barrera para tratar los temas de lesa humanidad con el pretexto de “no reabrir heridas”.
“Lo importante es que todas esas familias merecen justicia, merecen que se castigue a los responsables, merecen saber qué es lo que pasó. La ley de amnistía es importante porque pondrá en libertad a todos los presos políticos y de conciencia, tanto de gobiernos pasado como de éste, que se ha esmerado”.
Hernández Cardona, quien también es secretario de Movimientos Sociales del PRD estatal, aceptó que es grave la situación que enfrentan las organizaciones defensoras de derechos en Guerrero, y como muestra recordó que en los últimos meses van cuatro líderes indígenas asesinados en La Montaña por diferentes causas, como la defensa de la tierra y exigir cobros justos en los recibos de la electricidad.
Esta situación causará que en el PRD se reabra la discusión sobre el urgente deslinde público del gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo, por contraponerse a los lineamientos perredistas, además de su marcado divorcio con la lucha social: “su gobierno nunca ha sido nuestro gobierno, no es del cambio, no es de la alternancia, ni de la transición. Es una ruptura anunciada”.
Desafuero del alcalde de Ayutla
Como una medida urgente para agilizar las investigaciones en el caso del asesinato de Lucas Lucía y Ponce Rosas, señaló la necesidad de hacerle juicio político al alcalde priísta de Ayutla, Armando García Rendón, y a su secretario de Seguridad Pública, Luis José Sánchez Hernández, para que rindan cuentas como ciudadanos y no desde el poder.
Hernández Cardona aseguró que ambos funcionarios, así como el director de la Policía Ministerial, Erit Montúfar Mendoza, tienen participación en la desaparición y asesinato de los dos líderes na savi; mientras que la responsabilidad del procurador de Justicia, Eduardo Murueta Urrutia, radica en no atendió ni mostró voluntad en el caso desde un principio, lo que hace de la ejecución un crimen de Estado y con evidentes fines políticos.
“Nos preocupa porque no hay garantías, no hay seguridad para nadie. Por eso acusamos a las instancias policiacas y al gobierno del estado de haber creado las condiciones para que estos dirigentes fueran secuestrados y asesinados”, agregó.
Indicó que los miembros de la OFPM han externado su preocupación por la presunta intervención del alcalde priísta de Acapulco, Manuel Añorve Baños, en la protección de un grupo paramilitar en la Costa Chica, que le limpiaría el camino de opositores al aspirante del PRI a diputado federal en la Costa Chica, Angel Aguirre Herrera, hijo del senador Angel Aguirre Rivero.
Fuente: La Jornada de Guerrero
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