martes, 17 de febrero de 2009

El gobierno del estado protege a “caciques” como Alba: EPR

Represión social de la actual administración, similar a los tiempos de Figueroa, advierte


La Coddehum hace poco para detener las violaciones a derechos en el estado, acusa

Las acciones, para detener el trabajo de las organizaciones, señala el grupo guerrillero

LAURA REYES MACIEL

El Ejército Popular Revolucionario (EPR) acusó al gobierno del estado de “proteger y cobijar a caciques regionales y estatales” como Rogaciano Alba Alvarez, en un comunicado en el que exponen la situación económica y social del país y las violaciones a los derechos humanos en Guerrero.

En dos hojas de ese análisis publicado en la página de Internet de ese grupo, con fecha del 11 de febrero del presente año, también criticó a los integrantes de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (Coddehum) por hacer poco ante el clima de violaciones que sufren las organizaciones sociales.

“La Coddehum se compromete en el discurso pero en los hechos la realidad es distinta. Hace falta mayor compromiso con las víctimas de este crimen que ya debiera estar erradicado no sólo en Guerrero, sino en todo el país.

Guerrero de derecha fascista

En ese documento relaciona al gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo con el de “la ultraderecha que encabeza el gobierno espurio de Felipe Calderón”, y critica que en lo que va de su mandato no se ven medidas mínimas para terminar con la represión y las violaciones a los derechos humanos.

“Aquí no se trata de oponerse por oponerse a un gobierno que dice ser democrático. De lo que se trata es de que los revolucionarios no pueden omitir deliberadamente una realidad inocultable, no se pueden quedar mudos ante el clima de terror y represión que se está viviendo en Guerrero, por principio estamos obligados a denunciarlo y a tomar cartas en el asunto”, postuló.

Señaló que los últimos hechos que trasgreden los derechos humanos han demostrado que no existe diferencia alguna entre los pasados gobiernos del PRI y la política que mantiene Torreblanca Galindo; por el contrario, se han incrementado los actos de represión estructurados “como en los viejos tiempos de Figueroa”.

“Las violaciones a los derechos humanos universales y las garantías individuales se vienen dando de manera sistemática en la sierra, en La Montaña, en la Costa Chica, Costa Grande. Es parte de la criminalización de la protesta popular y social”, afirman.

El EPR aseguró que el gobernador sólo trata de eludir su responsabilidad al recibir una crítica, cuando lo que debería hacer es enfrentar y resolver una realidad inocultable.

Uno de los párrafos está dedicado al procurador del estado, Eduardo Murueta Urrutia, a quien señalan como el responsable directo de aportar elementos y supuestas pruebas contra quienes son víctimas de la criminalización, “arguyendo al cumplimiento de sus obligaciones”.

Fuente: La Jornada de Guerrero

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