Al conmemorar 60 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre pasado, dirigentes sindicales, periodistas independientes, trabajadores de los medios y estudiantes se congregaron en el monumento a Francisco Zarco –el periodista más destacado de la época liberal en México– para exigir que se detengan los crímenes contra periodistas y que el Estado cumpla con su obligación de garantizar el derecho a la libertad de prensa.
El Sindicato Independiente de Trabajadores de La Jornada (Sitrajor), el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa, la delegación sindical de Radio Educación D-III57 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el Sindicato Único de Trabajadores de Notimex, el Sindicato de Trabajadores de El Sol de Puebla y los periodistas y trabajadores de Contralínea, Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), Fundación Manuel Buendía y Reporteros Sin Fronteras anuncian una red nacional de autodefensa ante la violencia contra el gremio.
Judith Calderón Gómez, secretaria general del Sitrajor, dice que en la última década asesinaron a 300 periodistas en América Latina; de éstos, más de la cuarta parte son mexicanos. El ejercicio periodístico se convirtió en un oficio de alto riesgo en México, el país más peligroso, por el número de víctimas, sólo después de Irak, donde hay guerra.
El artículo tercero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos reivindica el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad. En su artículo 19 planea el derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir información y opiniones, y el de difundirlas sin limitaciones de frontera para cualquier medio de expresión.
En el discurso leído durante la concentración, Calderón Gómez refiere que la conmemoración de la Declaración, en lugar de ser una justa de celebración por los logros alcanzados, en México se convierte en un día de luto, de reclamo contra los gobiernos que hacen poco o nada para garantizar la libre expresión.
Además, se muestra en desacuerdo con el fiscal especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas de la Procuraduría General de la República, Octavio Alberto Orellana Wiarco, quien un día antes en rueda de prensa había minimizado las agresiones contra los reporteros en el país.
Orellana Wiarco dijo que de entre 38 y 45 periodistas asesinados de 2006 a 2008, sólo tres casos fueron por su trabajo profesional; pero no informó sobre el castigo que recibieron los victimarios.
La lideresa sindical considera que el fiscal debe renunciar no sólo por su evidente incapacidad que demuestra en el tiempo que lleva en ese cargo, sino por el deleznable procedimiento de investigar primero a las víctimas antes que a los victimarios.
Cacicazgos locales
Arturo Manzano, secretario general del Sindicato de Trabajadores de El Sol de Puebla, considera que el desarrollo de la actividad periodística en los estados no es ajena a la que se vive en la capital del país; sin embargo, “ésta se potencializa” por situaciones regionales que la hacen más compleja.
Además, dice, de la lucha diaria por hacerse de datos de interés público, el reportero debe sortear la dispersión, la inestabilidad laboral, los cacicazgos políticos y primarios en la localidad, la opacidad de los gobiernos, el control oficial de los medios, la censura, la autocensura y la amenaza.
“A este círculo vicioso habría que agregar la acción del crimen organizado que en diversos niveles no sólo se convierte en poder fáctico, sino en mecanismo garante de la estabilidad social en las regiones. Su expansión combinada en ocasiones con la autoridad condiciona, arremete, intimida, coacciona, elimina todo, incluidos periodistas y ciudadanos”, sostiene Manzano.
Castigo a los culpables
Judith Calderón Gómez exige castigo a los culpables de las muertes contra periodistas, y pide al Congreso de la Unión que elabore leyes que garanticen el libre ejercicio de la profesión, salarios decorosos para los trabajadores de los medios de comunicación y que se tipifiquen como de orden federal los delitos cometidos contra la libertad de expresión. Además, que se regule el gasto en medios para acabar con el manejo discrecional de los recursos públicos, por parte de los funcionarios en turno.
“En el escenario nacional hay periodistas que fueron agredidos por cumplir con su trabajo. Ejemplo de ellos son el caso del columnista Miguel Ángel Granados Chapa, acusado de daño moral por expresar su opinión en el prólogo del libro La Sosa Nostra; Miguel Badillo y Ana Lilia Pérez, de la revista Contralínea, quienes enfrentan siete demandas civiles, después de revelar los contratos que firmó en Pemex el exsecretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño”, expone la lideresa del Sitrajor.
Agrega que todos aquellos informadores que son víctimas de amenazas y agresiones por ejercer su oficio no están solos. Y lamenta la muerte de José Armando Rodríguez, de El Diario de Ciudad Juárez, quien fue ultimado el 13 de noviembre, cuando salía de su casa.
Omar Raúl Martínez, presidente de la Fundación Manuel Buendía, destaca el aumento de los casos de periodistas asesinados. De 2001 a 2003 se contabilizaron siete periodistas asesinados; de 2006 a 2008, la cifra se elevó a 25, de éstos el 55 por ciento corresponde a medios impresos. Además, los ataques provienen en su mayoría del poder público con una incidencia del 50 por ciento y un 10 por ciento del narcotráfico.
Carta abierta
El 1 de diciembre, los sindicatos y medios arriba citados, publicaron en el diario La Jornada una carta abierta dirigida al presidente, Felipe Calderón, con copia al Congreso de la Unión, donde exponen que la libertad de expresión está en riesgo; se incrementan las agresiones, la impunidad, la censura y la inseguridad para los periodistas; también se incrementan denuncias judiciales y los castigos a medios de comunicación críticos al gobierno panista. Todo ello, se argumenta, son mecanismos indirectos que coartan la libertad de expresión.
Fuente: Contralínea.
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