GLORIA LETICIA DíAZ
MÉXICO, D.F., 16 de enero (apro).- Elementos de la Policía Bancaria e Industrial de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal detuvieron al director de las revistas Contralínea y Fortuna, Miguel Badillo, por el presunto desacato a un exhorto girado por un juez del estado de Jalisco. El periodista fue liberado alrededor de las 8 de la noche gracias a un amparo, y expresó que la detención fue un ataque directo a la libertad de expresión. Badillo fue demandado, junto con la reportera Ana Lilia Pérez, por el empresario Jesús Alonso Zaragoza López, accionista mayoritario de Grupo Zeta Gas, luego de publicar, en diciembre pasado, una serie de reportajes relacionados con presuntos actos de corrupción con Pemex, así como difundir una entrevista sin autorización. La detención de Badillo ocurrió a las 9:50 horas de este viernes y el origen de la misma es una nueva queja promovida ante el juzgado Décimo Tercero de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Guadalajara, Jalisco, por la empresa Multigas, una de las 80 que integra el Grupo Zeta Gas, por el mismo cargo. En un comunicado difundido por la revista Contralínea, se específica que el juez de Jalisco emitió un exhorto al Juzgado 38 de lo Civil del DF para cumplimentar la orden de arresto. Sin embargo, el expediente 749 del caso no aparece consignado en dicho jugado, según declaró a la reportera el abogado de Badillo, Horacio Gómez Mendieta. En entrevista, Ana Lilia Pérez aseguró que de ese caso no recibieron ninguna notificación, "por lo que la detención por presunto desacato es ilegal". Badillo fue llevado a la cárcel de El Torito, donde deberá permanecer 36 horas por desacato a un ordenamiento judicial, a menos que consiga un amparo contra el arresto. Ana Lilia Pérez informó que la revista Contralínea presentó una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), contra los agentes de la PBI que intervinieron en la detención de Badillo. "Hablé con el secretario (Manuel) Mondragón y él me aseguró que tienen atribuciones para hacer esas detenciones, sin embargo nuestro abogado consideró que no es así, y por eso recurrimos a la Comisión", aclaró. Pérez, quien aseguró que contra ella también hay una orden de detención por desacato, señala que el hostigamiento contra la revista y contra ellos mismos inició después de que en la entrevista que le hizo al señor Zaragoza, éste "reconoció su estrecha relación con Felipe Calderón, desde que era secretario de Energía y que desde ese cargo le favorecía en sus negocios, además que lo apoyó económicamente en su carrera por la Presidencia". La entrevista grabada por la reportera fue una de las pruebas que los demandados presentaron en su defensa, y a pesar de que el empresario admitió haberla concedido, el fallo emitido fue en su contra. Durante el proceso del primer juicio, recordó, "fuimos amenazados por los abogados de Zaragoza de que iban a presentar 80 demandas en nuestra contra, porque ese es el número de empresas que tiene; también nos advirtieron que no sabíamos con quién no habíamos metido y nos amenazaron con desaparecerme a mí, a Miguel y a la revista". El 12 de diciembre del año pasado, los periodistas interpusieron una queja en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por el acoso judicial, así como por haber recibido amenazas de muerte. Antes, en noviembre, el periodista alemán Günter Wallraff, exponente del "periodismo encubierto" y autor de libros como Cabeza de turco y El periodista indeseable, firmó junto con comunicadores mexicanos que asistieron a un taller que impartió en la capital, un manifiesto en el que condenaba la situación generada en contra de Miguel Badillo y Ana Lilia Pérez, así como contra la violencia hacia quienes ejercen el oficio. Badillo y el empresario gasero ya habían tenido problemas legales antes. El 16 de agosto de 2007, Zaragoza López interpuso la primera demanda contra los periodistas de Contralínea por presunto "daño moral". En ese entonces, el Tribunal Superior de Justicia del D.F. falló a favor del empresario. Por la noche, el Club de Periodistas difundió un comunicado, en el que manifestó su repudio por la "arbitraria" detención del periodista.
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