Por Eduardo Ibarra Aguirre
Un fracaso en toda la línea de la Guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado , decretada en diciembre de 2006 de manera espectacular y atrabiliaria por Felipe de Jesús Calderón Hinojosa , documenta el II informe especial sobre seguridad pública , presentado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
No existe ningún motivo, mucho menos causa, para festinar los fracasos de un gobierno --así esté integrado por panistas, foxistas y yunquistas-- que al comenzar el tercer año da muestras no tanto de soberbia e incompetencia, como de temprano agotamiento.
Tampoco es de festejarse el desbordamiento del gobierno y del Estado por bandas delincuenciales de todo tipo, incluidas las de cuello blanco, cuando las víctimas son las mayorías nacionales, pues el grupo gobernante posee el Estado Mayor Presidencial para que lo cuide las 24 horas, a cargo de los recursos públicos, y la plutocracia dispone de los mejores equipos de seguridad de la aldea.
Pero también es una falacia la apologética tesis: “Si le va mal al presidente le va mal a México”, de la presunta autoría de Joaquín López-Dóriga Velandia . ¡Cómo si automáticamente los intereses nacionales los representara el señor que despacha en Los Pinos!
Como fuere, el documento presentado por José Luis Soberanes Fernández , un doctor ajeno a toda sospecha de criticismo al gobierno de Calderón Hinojosa, por el contrario un camarada ideológico que lo refrenda con hechos y conductas deplorables, documentó siete secuestros diarios, 2 mil 500 por año o 20 mil en total desde que Vicente Fox Quesada inauguró el gobierno del cambio y hasta noviembre de 2008.
A diferencia de Luis de la Barreda Solórzano y su Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad que convirtieron al Distrito Federal en la ciudad más insegura del país, el mismo día que Marcelo Ebrard Casaubon rindió cuentas a la Asamblea Legislativa , Soberanes alzó la mira para informar que 48 millones de mexicanos fueron víctimas del delito, l6 millones por año y 43 mil 835 al día, de enero de 2006 a noviembre de 2008. Es decir: bajo el gobierno que rinde culto en los canales del duopolio al estado de derecho.
Las cifras anteriores significan ¡90 por ciento de incremento! En un país en que sólo uno de cada 10 delitos se denuncia. Y de los denunciados sólo 1.24 son consignados. ¡La impunidad es de 98.76 por ciento!
En el país de la impunidad desde la cúspide de la pirámide socioeconómica pero también hasta la base, el abogado y economista apuntaló sus estrategias contra las bandas criminales en el despliegue de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, tal y como lo prohíbe la ley de leyes, pero lo exige la Casa Blanca y el Pentágono; en buena medida porque requería justificar el apoyo castrense que recibió para poder tomar posesión de la Presidencia de la República ; también como la vía segura pero costosísima en legalidad y en derechos humanos para legitimarse como titular del Ejecutivo.
Mezclar una ingente necesidad nacional frente al narcotráfico y el crimen organizado con la urgencia de legitimidad presidencial, es quizá el error más grave cometido por Calderón y que ahora paga la nación con 5 mil 585 vidas en sólo 11 meses. Sin contar las de José Luis Santiago Vasconcelos y Juan Camilo Mouriño Terrazo , sus acompañantes y las víctimas inocentes.
El rediseño de estrategias en seguridad pública es inaplazable, como lo revela el fracaso estrepitoso del grupo gobernante, lo exigen millones de víctimas y familiares de los asesinados, lo documenta el demoledor informe de la CNDH que demanda “acciones más allá del discurso o muestras de buena voluntad”, recomienda políticas de seguridad serias y profundas que prevengan el delito y no sólo reacciones por la vía de la justicia penal; además de garantizar el acceso a la justicia.
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