ÁLVARO DELGADO
MÉXICO, D.F., 17 de diciembre (apro).- A mes y medio de ocurrido el accidente aéreo en el que murió Juan Camilo Mouriño, secretario de Gobernación, y 15 personas más, las investigaciones arrojaron ya un primer responsable: Carlos Alfredo Juraidini Rumilla, encargado de la licitación del Learjet de la tragedia.
Subordinado de Abel Cuevas Melo, oficial mayor de la Secretaría de Gobernación, Juraidini Rumilla formó parte del equipo que participó en la licitación del Learjet 45, que se vino a tierra el 4 de noviembre, y en el que murieron Mouriño, el exfiscal antidrogas José Luis Santiago Vasconcelos y otras 14 personas.
De acuerdo con información extraoficial, el funcionario --hermano del priista Jorge Juraidini Rumilla, directivo de Fomento Económico Mexicano (FEMSA)--, fue separado de su cargo por una solicitud de la Secretaría de la Función Pública (SFP), institución que encabeza las investigaciones. Sin embargo, hay otros cuatro funcionarios de la misma área que se encuentran en situación semejante.
La Secretaría encabezada por Salvador Vega Casillas inició la investigación después de que el avión se precipitó a tierra, en lo que hasta ahora oficialmente fue un accidente, y una de las vertientes era sobre posibles irregularidades en la compra y servicio del Learjet 45, adquirido seminuevo por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) en diciembre de 2003, a un costo equiparable al de una aeronave nueva.
De la licitación fue responsable Juraidini Rumilla, junto con Efrén Galindo Amador, subdirector de Adquisiciones; Araceli Guevara Sandoval, jefa del departamento de Licitaciones de Bienes; y Francisco González Muñoz, representante de la Dirección General Adjunta de Recursos Materiales y Servicios Generales. Como observador en el proceso, y miembro del Órgano Interno de Control (OIC), participó Gustavo Federico Jordán Ibarra.
Según información extraoficial, estos servidores públicos que están sujetos a investigación pueden ser también separados de su cargo y, eventualmente, fincárseles responsabilidad administrativa o inclusive penal.
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