ÁLVARO DELGADO
El martes 2 falleció el exsecretario del Trabajo y de Gobernación Carlos Abascal Carranza, a quien las cúpulas del empresariado, la derecha católica y del panismo y muchos medios de comunicación elevaron a la categoría de prócer, con aires casi de santidad. Si bien para ellos el activismo católico de este personaje, aun siendo funcionario público, no fue otra cosa que prueba de "congruencia", lo mismo puede decirse de su conducta intolerante, represiva y facciosa, congruente así mismo con su expresión confesa de repudio a la democracia. Ésta es, llegó a decir, "una farsa de la que se ha servido la masonería en México..."
Detrás de los alardes religiosos y el catolicismo militante de Carlos Abascal Carranza, que para la clase política que lloró su muerte son prueba de "congruencia", se encuentran acciones represivas con numerosos muertos, contubernio con líderes corruptos, promoción del sindicalismo blanco, contratos para amigos, negociaciones de la ley y maniobras para instaurar un Estado confesional contrario a la Constitución.
Activo dirigente patronal y promotor de diversas iniciativas católicas, elevado ya a prócer de la derecha, Abascal repudió la democracia la mayor parte de su vida -"es una farsa de la que se ha servido la masonería en México" -, pero murió como un prominente ideólogo del Partido Acción Nacional (PAN), al que su padre y maestro, Salvador Abascal Infante, detestaba.
Fue "un panista de los grandes", lo definió el presidente del PAN, Germán Martínez, a pesar de que Abascal militó formalmente en ese partido apenas seis años, desde el 2002, cuando ya era secretario del Trabajo del gobierno de Vicente Fox, con quien compartió escándalos a lo largo del sexenio por mezclar sus creencias personales con la función pública.
Abascal como secretario de Gobernación y Eduardo Medina Mora como secretario de Seguridad Pública federal -hoy procurador general de la República- formaron parte del gobierno de Fox que le heredó a su sucesor, Felipe Calderón, un Estado "doblegado", como éste se lo hizo saber, por escrito, al Congreso.
"Estaba doblegado por el poder de grupos criminales que conducían sus actividades delictivas (narcotráfico, secuestros y tráfico de drogas, entre las principales) con absoluta impunidad y el Estado no podía cumplir a cabalidad con su obligación de salvaguardar la integridad de las personas y su patrimonio", describió Calderón el momento en que tomó posesión, el 1 de diciembre de 2006.
Abascal y Medina Mora -también exdirector del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) en el sexenio de Fox- diseñaron la estrategia para reprimir, en medio del proceso electoral de 2006, movimientos sociales y sindicales, cuyas arbitrariedades permanecen impunes porque, precisamente, uno de los involucrados es el titular de la PGR.
En la incursión policiaca de San Salvador Atenco, Estado de México, el 3 de mayo de ese año, murieron dos personas y elementos policiacos cometieron violaciones tumultuarias contra mujeres, y en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, el 20 de abril, el embate de la tropa federal arrojó dos trabajadores mineros muertos con arma de fuego.
Los hechos en Michoacán eran parte del conflicto del sindicato minero en el que el gobierno de Fox tomó partido al negar la toma de nota a Napoleón Gómez Urrutia y dársela, con base en documentos falsos, a Elías Morales, el 20 de enero, un mes antes de la muerte de 65 trabajadores en la mina de Pasta de Conchos, Coahuila, el 19 de febrero del mismo 2006, que padecían peligrosas condiciones de trabajo ignoradas por funcionarios de la Secretaría del Trabajo designados por Abascal.
La política laboral del gobierno implicó establecer contubernios con líderes corruptos y autoritarios, como Víctor Flores, a quien el sucesor de Abascal en la Secretaría del Trabajo, Francisco Xavier Salazar Sáenz, validó la ilegal prórroga de su gestión al frente del Congreso del Trabajo.
Abascal operó también la política del gobierno de Fox para disolver el movimiento de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y mantener en el cargo al gobernador priista Ulises Ruiz: Primero mediante la cooptación de la cúpula del sindicato magisterial del estado y luego con la acción represiva de la policía federal.
"Calderón solicitó que el asunto quedara resuelto antes de asumir su responsabilidad. Fox se comprometió que así sería. El conflicto quedó en manos de Abascal", escriben Rubén Aguilar y Jorge Castañeda en su libro La diferencia, con base en lo que Fox les platicó y el exvocero sabía como protagonista de la trama.
Abascal procedió a convencer al secretario general de la Sección 22 del magisterio, Enrique Rueda, de separarse de la APPO a cambio de dinero, cancelar órdenes de aprehensión y excarcelar maestros, según se pactó en una reunión celebrada en 27 de octubre de 2006, tal como se consigna en una grabación reproducida en el libro Oaxaca sitiada, de Diego Enrique Osorno:
El líder asegura: "Tenemos otras cosas torales: el asunto de los compañeros detenidos en la jornada: Evangelino (Mendoza), Germán (Mendoza Nube)..." a lo que el secretario -¿reconvenido en magistrado?- responde: "Me comprometí. El lunes están libres" (...) La negociación continúa, el audio no miente. Rueda asegura: "El asunto de las órdenes, la revisión que hay contra los dirigentes...". Abascal contesta: "Eso está claro: se cancelan...".
Dos días después de ese arreglo violatorio de la ley, el 29 de octubre, más de 5 mil agentes de la Policía Federal Preventiva (PFP) y de la Agencia Federal de Investigación (AFI) recuperaron el centro histórico de Oaxaca, y el resto lo hizo ya Calderón: El 4 de diciembre siguiente fue detenido el líder de la APPO, Flavio Sosa, quien había sido citado a conversar por el sucesor de Abascal, Francisco Ramírez Acuña.
En gratitud a tales acciones en Oaxaca, Calderón asistió al funeral de Abascal, la tarde del martes 2 pasado, y aunque fue menos prolijo en elogios que a Juan Camilo Mouriño, el fallecido secretario de Gobernación, lo enalteció como un gran mexicano y un hombre congruente.
"Que descanse en paz Carlos Abascal y que seamos capaces quienes lo conocimos de poder seguir su ejemplo y su testimonio", expresó Calderón, quien compartió con él no sólo su repudio al Estado "ateo y antirreligioso" vigente en la Constitución, sino el proyecto de reformar ésta para impartir educación religiosa en las escuelas públicas.
Calderón, discípulo
Calderón, en efecto, comparte con Abascal la agenda de la derecha en materia religiosa y educativa, como lo escribió hace casi dos décadas, el 2 de diciembre de 1991, cuando el fallecido exsecretario de Gobernación apenas comenzaba a simpatizar con la democracia y a participar en la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
En "Educación religiosa", un artículo que publicó en el diario Uno Más Uno, justo cuando comenzó su gestión como diputado federal en la segunda parte del sexenio de Carlos Salinas, Calderón exigía una reforma constitucional para garantizar la educación religiosa, porque los católicos "han tenido que vivir una suerte de clandestinidad educativa, social y política".
En este contexto, exponía, es que debía analizarse la reforma educativa: "No es sólo el argumento difícilmente refutable de que la actual Constitución viola el universalmente reconocido derecho humano de los padres a escoger el tipo de educación de sus hijos, sino también el argumento de que la democracia implica pluralidad y que el sistema educativo actual no es estrictamente laico, sino ateo y antirreligioso, que no es lo mismo."
Inclusive Calderón proponía que el Estado apoyara económicamente la educación religiosa: "Esto significa que si una persona es marxista, católica, judía, protestante, anarquista, etcétera, tendría el derecho de educar a sus hijos en esas convicciones, con el apoyo del Estado".
Abascal pensaba igual y por ello exigió reformas al artículo 3 de la Constitución para impartir educación religiosa en las escuelas públicas, a todos los niveles, como lo ratificó en entrevista con el reportero, en junio de 2007:
"El Estado coadyuva con los padres de familia y el Estado debe asegurarse de que todos los niños tengan acceso a la educación. Si un padre de familia escoge que en la escuela su hijo reciba educación religiosa, debería ser posible."
-¿Aunque sean escuelas públicas?
-A ver: Los papás siguen siendo papás siempre, trátese de escuelas públicas y escuelas privadas.
-No lo establece así la Constitución.
-Pero no estamos hablando de la Constitución, sino de derechos humanos anteriores y superiores al Estado, y por tanto anteriores y superiores a la Constitución.
"Es como la vida: '¿Yo tengo derecho a la vida porque la Constitución me la dé? Yo tengo derecho a la vida. Punto. Y la Constitución tiene el deber de tutelar el derecho a la vida. ¿Tengo el derecho de educar a mis hijos? Lo tengo, aunque la Constitución no me lo dé'."
En esa medida, añadía, la Constitución debería consagrar el derecho de recibir educación religiosa en las instituciones de educación pública. "Habrá padres que digan: 'Yo no quiero religión para mi hijo'. Está bien. Pero que haya materias optativas para responder a ese derecho natural de los padres".
-¿En todos los niveles o sólo en educación básica?
-¡Es que la educación es un continuo! Cada edad y cada etapa del chico tienen sus propios requerimientos. Entonces, ¿por qué limitarnos tan sólo a la educación básica?
Contratos para los amigos
Abascal enarboló esta concepción cuando al inicio del gobierno, en abril de 2001, se quejó de que una maestra de su hija Luz del Carmen, Georgina Rábago, le había encomendado leer la novela Aura, de Carlos Fuentes, un episodio que el escritor evocó, hace dos semanas, en su homenaje nacional. "Hace poco tiempo un libro mío fue objeto de un acto de censura mínimo pero, como todo acto de censura, fue ominoso".
Aura, dijo Fuentes en presencia de Calderón, es "una simple historia de amor que no le faltaba al respeto a la vida privada ni de nada ni perturbaba la paz pública, aunque sí, lo admito, podría perturbar la moral de las buenas conciencias".
Las "buenas conciencias" han salido en defensa de Abascal en cada ocasión en que hizo ostensible su catolicismo, como cuando incitó a miembros de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) a encomendarse a la Virgen de Guadalupe, algo que había hecho en 1996 sin ser servidor público o, en marzo de 2001, cuando redujo el papel de la mujer a ama de casa y madre, porque el feminismo causaba "desastre moral".
Ya como secretario de Gobernación, cargo que asumió en junio de 2005, protagonizó otra acción congruente con su agenda de repudio al Estado laico: En julio, la Secretaría de Salud publicó en el Diario Oficial de la Federación el cuadro básico de medicamentos, que incluía la píldora de anticoncepción de emergencia (PAE).
Después de entrevistarse con el cardenal Norberto Rivera, Abascal declaró que la PAE estaba todavía sujeta a "revisión", pero el secretario de Salud, Julio Frenk, aclaró que no porque ya había habido una consulta de tres años con el aval de la Organización Mundial de la Salud.
En entrevista con los reporteros Rodrigo Vera y Jenaro Villamil, Abascal negó que hubiera asumido la postura de la Iglesia al condenar la PAE y ofreció abrir un debate para escuchar a las partes y "evitar un conflicto".
-El Diario Oficial había publicado la inclusión de la pastilla en el cuadro básico. ¿Esto no era ya una cuestión definitiva?
-En esta vida lo único definitivo es la muerte -respondió-. ¿Es intocable un artículo de la Constitución por el solo hecho de que ya se discutió y promulgó? ¡No! Nuestra Constitución ha tenido más de 300 enmiendas, cambios y correcciones. La vida humana es así: Vuelve a provocar discusiones que ya estaban apagadas.
Calificado de clerical y reincidente en violar el Estado laico, Abascal se vio defendido, en esa como en todas las acciones análogas, por la red de membretes de derecha, la mayoría de ellos creados por la Organización Nacional de El Yunque, cuyo jefe nacional, el expresidente de la Coparmex Bernardo Ardavín, recibió contratos de la Secretaría del Trabajo.
En efecto, Abascal entregó tres contratos a la empresa de Ardavín Migoni, ESEM, Estrategia Empresarial, S.C., de la que son socios sus hijos y Antonio Sánchez Díaz de Rivera, expresidente también de Coparmex y actual diputado federal del PAN.
En la Secretaría de Gobernación contrató, en 2006, al Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas (IPADE), la escuela de negocios del Opus Dei de la que es egresado, para el curso "relación efectiva jefe-colaborador".
Este curso costó 250 mil pesos, y otro al Instituto de Capacitación de Mandos Intermedios (Icami), institución también de esa congregación religiosa, fue por 178 mil pesos (Proceso 1535).
Sindicalismo blanco
Desde el inicio del gobierno de Fox comenzó el coqueteo de Abascal con dirigentes de sindicatos blancos, particularmente en Nuevo León y en zonas de El Bajío, entre ellos Juan Alberto Escamilla Garza, dirigente de la Unión de Trabajadores de Cuauhtémoc y Famosa (UTCyF).
Hasta principios de 2002, Escamilla era un desconocido en el sindicalismo nacional y sus méritos eran haber encabezado la UTCyF, la Federación de Sindicatos Libres (Fesil) y la Federación Nacional de Sindicatos Progresistas (Fenasip).
Estas tres organizaciones se unieron para formar la Confederación Nacional de Agrupaciones Sindicales Mexicanas (Conasim), cuyo secretario general fue nombrado Escamilla, a quien Abascal le tomó la protesta el 31 de enero de 2002.
Cuatro años después, Abascal vio los frutos de ese esfuerzo: Se creó la Alianza Sindical Mexicana (ASM) con el concurso de ocho agrupaciones, entre ellas Conasim, la Confederación Auténtica de Trabajadores (CAT), la Confederación Mexicana Sindical y la Confederación Nacional de Trabajadores de Sindicatos Independientes.
El 26 de abril de 2006, una semana después de la incursión policiaca federal en Lázaro Cárdenas, y ante el sucesor de Abascal en la Secretaría del Trabajo, Francisco Xavier Salazar Sáenz, Fox le tomó protesta a la dirigencia de la ASM encabezada por Ricardo Espinoza López.
No pasó mucho tiempo para saber de qué era capaz la ASM: En abierta -y tolerada- violación a la ley, suscribió la intensa campaña de spots, en radio y televisión, contra Andrés Manuel López Obrador, en los que se trasmitían proclamas e imágenes del golpe de Estado de Hugo Chávez, en 1992, en Venezuela.
Suscritos también por el Centro de Liderazgo y Desarrollo Humano (Celiderh), una agrupación de la familia Terrazas Torres de Chihuahua, de activa militancia en el PAN, los spots fueron declarados ilegales por el Instituto Federal Electoral y se solicitó a la Secretaría de Gobernación sacarlos del aire, pero Abascal fue omiso y todavía se trasmitió uno tras el spot final de López Obrador, en Canal 2, la medianoche del 28 de junio de 2006.
Los sindicatos blancos de la ASM y Celiderh transmitieron otra campaña de spots para exigir el fin del plantón de seguidores de López Obrador en el Paseo de la Reforma, en apoyo a las gestiones de Abascal ante el jefe de gobierno, Alejandro Encinas, para desalojar el Zócalo y que Fox pudiera dar el Grito de Independencia el 15 de septiembre.
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