12 de noviembre de 2008
1. Es inadmisible la decisión adoptada el día de hoy por los magistrados del Tribunal Federal Electoral, de revocar la nulidad de la elección interna del PRD, pues constituye una clara intromisión del Estado en la vida interna de nuestro partido, que afecta su autonomía e independencia política, y sienta un grave precedente en la vida política del país. Se trata de una decisión de carácter político, que se estuvo administrando hasta la resolución de la reforma energética y el presupuesto 2009, lo que da cuenta de la naturaleza de las decisiones que adopta ese órgano electoral, que ratifica nuestra convicción de no haber acudido ante un órgano ajeno al partido, que no garantiza el respeto a la voluntad popular de los ciudadanos y en este caso, de los militantes del PRD.
2. Esta resolución es también consecuencia de la incapacidad de los órganos electorales del propio partido para garantizar un ejercicio democrático y transparente en nuestros procesos internos; de su falta de decisión para atender no sólo los asuntos logísticos, sino las prácticas y conductas ilegales que se presentaron durante el proceso, lo que aunado a la falta de apego a nuestra norma interna y al actuar sin ética de los órganos encargados por velar nuestros estatutos, profundiza la crisis de legalidad que vive nuestro partido.
3. La resolución del Tribunal legaliza y legitima las practicas fraudulentas que son del dominio público, al reconocer una “votación viciada y desapego a la legalidad”, así como la nulidad en el 22.8% de las casillas, pero al igual que en la elección presidencial del 2006, señala, que pese a existir prácticas ilegales estas no alteran el resultado final, sino que por el contrario la diferencia entre primer y segundo lugar se incrementa.
4. Lo que no señala el Tribunal, es que sólo tomó en consideración las casillas cuestionadas por Jesús Ortega y que en su revisión no consideró el recurso que Izquierda Unida y otros candidatos interpusieron ante la Comisión Nacional de Garantías.
Lo que tampoco toma en cuenta el Tribunal, es la denuncia pública de la que fuera presidenta de la Comisión Nacional de Garantías quien en su renuncia señaló que se dio validez a actas de casillas no instaladas en Chiapas, Oaxaca y Veracruz; que se contabilizaron votos fabricados ilegalmente; que los otros dos comisionados retrasaron deliberadamente la calificación de la elección de Presidente y Secretario General del PRD y sustituyeron los proyectos de resolución presentados originalmente, por otros que fueron elaborados por abogados de Nueva Izquierda y que fueron los enviados al Tribunal para esta resolución.
5. La legitimidad de una dirección la debe otorgar el voto libre de los miembros del partido, pretender una legitimidad desde un órgano del Estado, cuestionado de origen por nuestro partido, incluido el propio Jesús Ortega en su carácter de coordinador de la campaña presidencial, y que sea el que defina a su dirigencia, resulta lamentable para un partido de izquierda, que ha reivindicado la lucha democrática y el respeto al voto.
6. El país atraviesa por una difícil situación que reclama de una izquierda fuerte y unida. Convoco a Jesús Ortega a que de manera responsable no aceptemos esta resolución y que como lo he señalado anteriormente, es necesario construir una acuerdo político de fondo que de gobernabilidad al partido; lo consolide como una alternativa frente a la derecha y reivindique el programa de transformaciones que necesita el país.
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