MEXICO: Piden firmas de apoyo ante eminente legislación que permitirá privatización de biodiversidad y conocimientos tradicionales indígenas. (Fuente:

Les transmitimos la Carta a los Legisladores que las organizaciones indígenas, ciudadanas, campesinas, intelectuales etc les enviamos sobre nuestra postura ante la Iniciativa sobre Recursos Fitogenéticos que se pretende dictaminar en este periodo.

Como el texto de la Carta señala esta Iniciativa de Ley es un atentado a la Constitución, a los Convenios y Declaraciones Internacionales sobre Derechos a los Pueblos Indígenas, y diversas leyes secundarias, pues se pretende privatizar la biodiversidad y el conocimiento tradicional, mediante la convalidación de contratos mercantiles de explotación y la suplantación de la personalidad jurídica de los pueblos por parte de una entidad burocrática adscrita a la SAGARPA.

La situación es peligrosa, pues incluso algunos diputados del PRD han cambiado su oposición original y parecen estar de acuerdo a cambio de alguna ventaja en la negociación del presupuesto. Urge socializar la denuncia, presionar a los legisladores y tomar iniciativas para detener esta privatización del (definición de esa riqueza por parte de organizaciones chiapanecas)

México, D.F. a 12 de septiembre de 2008.
A las/los Diputad (a) os Federales de la LX Legislatura
P r e s e n t e

Por este conducto queremos expresarles nuestra preocupación por la Iniciativa de la Ley de Conservación y Aprovechamiento Sustentable de los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura presentada por el Diputado Héctor Padilla, del PRI y Presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería

Esta Iniciativa pretende ser Ley reglamentaria del artículo 27 Constitucional, pero ni este artículo, ni el 2º. Constitucional, sobre derechos de los Pueblos Indígenas, ni los Convenios Internacionales, son respetados. Supuestamente parte de la necesidad que tiene México de legislar en torno al aprovechamiento y conservación de los recursos genéticos, pero ilegalmente se extiende a la privatización del conocimiento tradicional y la biodiversidad. Este tema es sumamente delicado máxime hoy que estos recursos representan la base para la aplicación de la biotecnología moderna, por lo que algunos los han denominado como el “oro verde”, y la explotación mercantil del patrimonio cultural de los pueblos.

El Artículo 27 de nuestra Constitución regula los recursos naturales y determina el “derecho que tiene la nación de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana así como el de preservar y restaurar el equilibrio ecológico.” Y específicamente, en sus fracciones VI y VII reconoce los derechos de los núcleos ejidales y las comunidades sobre la tierra y sus recursos

Por consiguiente, en tanto no exista una reforma constitucional a los artículos citados, que modifique los actuales derechos, no existe sustento jurídico para reglamentar en sentido contrario, o eventual afectación a los derechos de los Pueblos Indígenas.

Aún más, la eventual aprobación de la Iniciativa pretende violar compromisos internacionales obligatorios para el Estado Mexicano. Puntualmente, el Convenio 169 de la OIT, parte del orden jurídico mexicano, establece: Artículo 2.1. Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad. Y el Artículo 6.1, señala que los gobiernos deberán: a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente.

Esto es únicamente el inicio pues a lo largo de la Iniciativa es evidente, tan sólo por el número de artículos dedicados al establecimiento de los convenios y contratos, el propósito central de insertar en el mercado internacional el llamado “oro verde” mexicano. Mientras que resultan casi inadvertidos los artículos referidos a los derechos de los agricultores y pueblos indígenas, la protección del conocimiento tradicional, así como el reparto justo y equitativo de beneficios; y mucho menos a la conservación.

Si bien el contenido de la Iniciativa a todas luces es cuestionable, por violentar la Constitución, lo que resulta más preocupante es que a nueve meses que se presentó la Iniciativa y aún cuando fue turnada para su dictamen a las Comisiones de Asuntos Indígenas, Desarrollo Rural, Medio Ambiente, no se haya dado a conocer y menos debatir abiertamente. Consideramos que una Iniciativa de tal trascendencia debe discutirse por lo menos con los directamente involucrados, los indígenas y campesinos de nuestro país que supuestamente resultarán beneficiados. Estamos seguros que son pocos los que la saben de ella y menos aún los que la aprobarían.

Señoras y señores Diputados estamos hablando de un bien nacional de trascendencia equiparable con el petróleo hoy no podemos permitir que se legisle a espaldas de la Nación. Exigimos un debate amplio y serio en torno a este tema y a esta Iniciativa.

Por todo lo anterior solicitamos que a la brevedad las Comisiones que deben dictaminar realicen un Foro amplio en el recinto legislativo para dar a conocer la Iniciativa y escuchar nuestro punto de vista.

A t e n t a m e n t e

Fuente: enviado por AIPIN