Alfredo Velarde
La incontrolada y al parecer incontrolable onda expansiva de la violencia que se difunde a todos y cada uno de los intersticios de nuestra desgarrada sociedad mexicana en crisis, obliga a un tipo de diagnóstico sobre las relaciones de causa-efecto y las motivaciones últimas del fenómeno . Infortunadamente, la estulticia congénita del (des) gobierno calderonista , al parecer, no puede ni quiere ofrecer tal procedimiento-diagnóstico , como se ha mostrado y demostrado ya en repetidas ocasiones con estremecedora elocuencia.
Este es, indudablemente, uno de los motivos cardinales que concurren en la explicación, de fondo, referida a por qué la cauda monumental de iniciativas que los tres órdenes de gobierno “desarrollan” (o dicen desarrollar) para paliar el crecimiento exponencial de la violencia , no encuentra como fenómeno de acompañamiento y correlato suyo, si no la erradicación , cuando menos el acotamiento de los hechos delictivos a niveles medianamente tolerables.
Las cosas se están haciendo al revés, no sabemos si deliberadamente, y, en éste caso, el orden de los factores sí altera el producto. ¿Su resultado? En el mejor de los casos, meros palos de ciego , en principio sin otras connotaciones que la malversación de fondos públicos tirados a raudales bajo pésimas prioridades, para “mantener a raya” a una delincuencia desatada que ha terminado por pintarle la cara al gobierno, toda vez que ha terminado por desbordarlo y exhibirlo puntualmente con toda la plenitud de su ridículo .
Y lo señalo así, porque la hasta hoy impune detonación de dos granadas de fragmentación que cobraran ya las vidas inocentes de 8 personas y decenas de heridos más de distinta gravedad, en ocasión de las fiestas patrias en la capital michoacana, el pasado 15 de septiembre, coloca en una situación-límite la ostensible condición de precaria gobernabilidad tambaleante que ya permea, reblandeciéndolo, al conjunto de los poros del Estado mexicano y que se difunde a todos sus gobiernos estatales y municipales . De suerte tal que, emitir declaraciones como las que el taimado gobierno del estado de Michoacán hizo, al frente del cual está Leonel Godoy , en el sentido de que los datos que hasta la fecha han recabado las autoridades policiales de la entidad y del propio gobierno federal, resultan insuficientes para la identificación de los autores materiales e intelectuales de los atentados en Morelia, no revelan sino la profunda incapacidad de las autoridades, y que, al parecer, están buscando en éste caso, como en muchísimos casos más, a los culpables de los eventos de violencia, donde éstos no están.
¿Lo dicen en serio o lo hacen a propósito? Persistir en ese encuadre, supone, de antemano, que no se conocerán a sus autores ni se les fincarán las responsabilidades judiciales por el incalificable hecho . Resulta sorprendente, en todo caso, el hecho de que entre los ríos de tinta que han corrido y las toneladas de papel en que se han impreso a lo largo de la semana las opiniones e impresiones de los oficiosos profesionales de la prensa del régimen, casi todos coincidan en apuntar, con su dedo flamígero y sin excepción, a la delincuencia organizada en abstracto, al hampa en general o acaso al narco , como los autores “evidentes” del atentado con granadas a la muchedumbre durante la verbena popular de Morelia. Hubo, sí, un imbécil, que en un exceso verbal sin sustento alguno, acusó enloquecido y directamente, al más fresa de los opositores al régimen, Andrés Manuel López Obrador , de la autoría del ominoso acontecimiento: Antonio Dávila , del canal 7 de la Televisión Coahuilense cuya frecuencia es XHRGC , pretendiendo con inutilidad fincar una responsabilidad política violenta, al más pacifista de los opositores light , en un malabarismo que lo convirtió, ipso facto , en un “terrorista” de hecho. Más allá de que al merolico responsable del despropósito se le debiera cancelar su licencia de locutor, ¡cuanta vulgaridad periodística!
¿Y si no fueran las cosas así? ¿Si quienes perpetraron la agresión con granadas a la multitud indefensa en Morelia, fueran, por ejemplo, sicarios a sueldo del gobierno federal? Nadie, entre los muchos opinadores profesionales que he tenido tiempo de revisar, a lo largo de la semana, manejó la especie de una suerte de “escalada terrorista” de tintes políticos , sino que la tendencia dominante, fue a señalar, no sin estrabismo , a los grupos delictivos sin más. Por de pronto, el grupo delictivo La familia de Michoacán, ya se deslindó del hecho, acusando a Los Zetas . Pero lo más curioso de todo, es que ningún grupo delictivo, desde la ilegalidad, podría obtener beneficio alguno de tan enloquecida empresa, que no sea su más insistente persecución.
¿Por qué habrían de hacerlo? ¿Acaso para mejorar los términos de una eventual negociación en lo oscurito con las autoridades federales? Por desgracia para la torpeza casi proverbial del gobierno calderonista, los únicos que parecen tener motivos, lo suficientemente poderosos para actuar de manera tan criminal, en contra de gente inocente, es, nada menos que el gobierno federal . Cualquier criminalista que se respete a sí mismo, sobradamente sabe que en una investigación policial, las causas de un ilícito se relacionan íntimamente con los beneficios que la comisión de un delito podría traerle a quien lo comete.
¿Quién podría beneficiarse directamente de la histeria colectiva creada por la crisis de seguridad que atraviesa al conjunto del país? El propio Estado y sus gobiernos, que están pidiendo facultades extra legales y meta constitucionales para hacer caminar al país en dirección al fascismo . Descontado el hecho de que el único terrorismo que mis ojos, astigmáticos o miopes, alcanzan a ver en México, es el terrorismo de la actual política económica que comandan los yuppies neoliberales , es evidente que en política, lo que parece, termina siéndolo . Sólo los que desean la implantación de la pena de muerte , la criminalización de la protesta social y la evaporación del respeto a los derechos humanos , podrían beneficiarse de los abominables acontecimientos de Morelia. ¿Quién más?
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