José Gil Olmos
MEXICO, D. F., 22 de septiembre (apro).- Cinco grupos armados responsabilizaron al gobierno de Felipe Calderón del crecimiento del narcotráfico y de la violencia en el país, y reiteraron su propósito de formar una coordinadora nacional guerrillera.
En su octavo "Manifiesto a la Nación", los grupos Movimiento Revolucionario Lucio Cabañas Barrientos (MRLCB), Tendencia Democrática Revolucionaria-Ejército del Pueblo(TDR-EP), Organización Insurgente 1 de Mayo, Brigada de Ajusticiamiento 2 de Diciembre (BA-2D), y Unidad Popular Revolucionaria Magonista (UPRM) acusaron tambiénn a la clase política de estar vinculada con el crimen organizado.
En un comunicado, dichos grupos, que desde hace al menos dos años operan en unidad, fueron los que en noviembre de 2006 se adjudicaron las explosiones en la sede nacional del PRI, en el Tribunal Electoral y en oficinas bancarias, en protesta por el triunfo de Felipe Calderón al que consideran como un presidente "ilegítimo" por haber ganado a través del fraude y con el apoyo de grupos empresariales de derecha, y también por la impunidad con que el gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, salió del conflicto con la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).
En mayo pasado, esos grupos guerrilleros declararon una tregua en sus acciones militares, en solidaridad con la demanda del Ejército Popular Revolucionario (EPR) de presentar con vida a sus dos militantes Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, desaparecidos desde mediados de 2007.
Ahora, en su nuevo manifiesto, los cinco grupos guerrilleros sostienen que el crecimiento de la violencia en el país es producto de la pelea entre los narcotraficantes por el control de la producción, trasiego y venta de las drogas.
"El origen de este brutal enfrentamiento se encuentra en el desmantelamiento neoliberal de que ha sido objeto el Estado y, por tanto, en la reestructuración de mafias dentro del gobierno en sus distintos niveles (federal, estatal y municipal) y al interior de los cuerpos policiacos y militares", apuntan.
Sostienen, así mismo, que los cárteles de la droga tienen protección gubernamental y que se han infiltrado en el sistema financiero, así como en los procesos electorales, incluso en los presidenciales.
"Por eso nació muerta la más reciente cumbre de seguridad. Y por eso seguirá fracasando todo intento de mantener la cohesión entre los organismos encargados del orden y la seguridad pública, pues los funcionarios que encabezan a dichos organismos son, al mismo tiempo, los jefes de las mafias que se encargan de vender protección a distintos cárteles de la droga y responden, por tanto, a intereses opuestos", afirman.
La alianza guerrillera insiste en varias parte del comunicado en los lazos entre narcotraficantes y políticos, y señala: "El gabinete calderonista ha empezado a cosechar así, los vientos golpistas y fraudulentos que sembró no sólo con el apoyo del sector empresarial más reaccionario y rapaz, sino también con el apoyo de sus propias mafias y con dinero del narcotráfico".
Advierten que el atentado en Morelia, Michoacán, está siendo utilizado por el gobierno de Calderón como una cortina de humo para ocultar su política entreguista "y su participación en la guerra de las drogas"; además, para aplicar su política de represión amplificando el despliegue militar y policiaco en todo el país, mediante retenes, cateos, patrullajes, detenciones arbitrarias, registros y allanamientos de casas-habitación.
Muestra de esta política de represión a los líderes sociales, señalan el caso de Ignacio del Valle, del movimiento de San Salvador Atenco, estado de México, recientemente sentenciado a 112 años de cárcel "por negarse a aceptar de rodillas el autoritarismo y la injusticia gubernamental".
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