pedro zamora briseño
Colima, Col., 26 de mayo (apro).- A casi dos años y medio de la reforma constitucional que otorgó al Senado de la República la facultad de dirimir los conflictos de límites territoriales entre las entidades federativas, dicha instancia legislativa sigue sin expedir la ley reglamentaria que le permita atender los diferendos de esa naturaleza que prevalecen en el país.
Y mientras llega ese momento, el conflicto limítrofe entre Colima y Jalisco sigue calentándose con frecuentes choques entre corporaciones policiales de ambos estados, como el ocurrido el pasado miércoles 7, cuando dos agentes de la Policía de Procuración de Justicia de Colima fueron detenidos durante varias horas por agentes jaliscienses, con el argumento de que estaban invadiendo su territorio sin contar con un oficio de comisión.
Los afectados de esta situación son los habitantes de las comunidades ubicadas en la superficie en disputa —más de 40 mil hectáreas—, quienes continúan en la indefinición jurídica bajo el riesgo de un posible enfrentamiento de las policías estatales.
Luego de varias décadas de divergencias en torno de la ubicación de los linderos entre ambos estados, a finales de 1997 el gobierno de Jalisco presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde le exigía a Colima la restitución de los territorios en disputa.
Sin embargo, luego de ocho años de juicio, el asunto pasó a manos del Senado de la República a principios de 2006, como consecuencia de una serie de reformas y adiciones a los artículos 46, 73, 76 y 105 constitucionales, publicadas en diciembre de 2005 en el Diario Oficial de la Federación.
La reforma constitucional dejó en poder del Senado de la República la decisión definitiva e inatacable en torno los conflictos de límites territoriales entre los estados, mientras que a la Suprema Corte le reservó únicamente la facultad de conocer, a través de controversia constitucional, los conflictos derivados de la ejecución del decreto de la Cámara de Senadores.
En su momento, Héctor Michel Camarena, senador por Colima en el periodo 2000-2006 y autor de la iniciativa, reveló en entrevista que existía un proyecto de resolución en la Suprema Corte que daba la razón al reclamo del gobierno de Jalisco y se le reconocía la soberanía sobre las tierras en poder de Colima, pero el documento se quedó en el camino debido a las modificaciones legales que obligaron al máximo órgano judicial del país a remitir los casos de diferendos territoriales a la Cámara alta.
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