GUERRERO: Delegación internacional denuncia grave situación de Derechos Humanos. (Fuente: SIPAZ). Chilpancingo.

11 representantes de Organizaciones No gubernamentales (ONG´s) de Estados Unidos, Francia, Austria, Suecia, Suiza y América Latina, concluyeron hoy su visita de siete días por pueblos indígenas y campesinos de Guerrero, y manifestaron que se van “más preocupados que cuando llegamos”, al conocer que en la entidad persisten “graves” violaciones a los derechos humanos, y alertaron sobre la agudización de la violencia ante la impunidad, militarización y criminalización de la protesta social que aquí prevalece.

La delegación internacional llegó al estado el pasado viernes 7 de marzo y visitó las comunidades de Dos Arroyos y Los Huajes que serán afectadas con la construcción de la presa La Parota; asimismo sostuvieron encuentros con integrantes de la Radio Ñomndaa de Xochistlahuaca, de la Organización del Pueblo Indígena Me´phaa (OPIM) en Ayutla. Acudieron también a las sedes de la Policía comunitaria que están en San Luis Acatlán y Espino Blanco.

En Tlapa de Comonfort se entrevistaron con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y estuvieron en la comunidad de Chiepetepec en donde escucharon el testimonio de jornaleros agrícolas y migrantes internacionales.

Durante su estancia en Chilpancingo, de igual modo se reunieron con el presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum), Juan Alarcón Hernández, con miembros del Brigadas Internacionales de Paz (PBI), de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, de la Asamblea Popular del Pueblo de Guerrero (APPG) y estudiantes de la Normal rural de Ayotzinapa, así como con el secretario general de Gobierno, Armando Chavarría Barrera y otros subsecretarios. Los miembros de esta delegación internacional cuentan con amplia experiencia en varios estados de México y de otros países de América Latina en temas de derechos humanos, paz, reconciliación y conflictividad social.

La representante en México del Servicio Internacional para la Paz (SIPAZ), Marina Pagés, informó que “nuestra llegada a Guerrero parte de un denominador común entre los integrantes de esta delegación: Nuestra preocupación por la situación socio-política y de derechos humanos en el estado. Tenemos que decir que salimos todavía más preocupados que al llegar, incluso sabiendo que no hemos cubierto la totalidad del estado y que tan sólo llegamos a percibir la punta del iceberg”.

En conferencia de prensa que realizaron en las instalaciones de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, indicó que aunque las instancias gubernamentales “con las que nos entrevistamos no aceptaron el señalamiento de criminalización de la protesta social, en las entrevistas y reuniones que sostuvimos con organizaciones sociales, sus integrantes usaron reiteradamente esa expresión y más aún nos han hablado de amenazas, detenciones reiteradas e incluso masivas (caso de la Normal de Ayotzinapa) durante o después de manifestarse (Radio Ñomndaa), ordenes de aprehensión en contra de sus líderes o procesos legales que siguen su curso (La Parota)”.

Acompañada de integrantes de la delegación internacional, Marina Pagés, expresó que “se presentan versiones encontradas nuevamente en cuanto a espacios de diálogo se refiere: el gobierno del estado señala su disponibilidad y la gran cantidad de reuniones que ha tenido con organizaciones sociales. Dichas organizaciones en cambio señalan la cerrazón del gobierno frente a sus demandas, la mayoría de ellas que el mismo gobierno reconoce como legítimas. Se menciona por ejemplo la Agenda estatal para el desarrollo y autonomía de los pueblos indígenas de Guerrero al que el gobierno no ha querido dar seguimiento”.

Telón de fondo: impunidad y militarización

Marina Pagés destacó que “el gobierno señala la dificultad para proceder en ausencia de denuncias penales. Del otro lado, varias organizaciones sociales nos hablaron del contexto de impunidad en el marco de la guerra sucia a la fecha, por ejemplo en el caso de las desapariciones forzadas. Una situación que por lo demás no se ve como parte del pasado cuando se denuncia las violaciones de mujeres por parte del Ejército en la zona de Ayutla (casos que se presentaron en el 2002 y siguen sin solución hasta hoy). Frente a ello y al descrédito de las instancias de administración de justicia, muchas víctimas optan por dejar de denunciar legalmente, se mantienen a nivel de la denuncia frente a la opinión pública o acuden a otras instancias (en lo federal o internacional)”.

Resaltó que “otro factor también muy señalado por los actores sociales tanto a nivel estatal como federal es la fuerte militarización, bajo el argumento de la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo las autoridades deben reconocerse que la solución a esta grave problemática radica en la creación de oportunidades de trabajo que permitan a la gente vivir de manera digna”.

Extrema pobreza: tampoco puede ser una excusa

Dijo que durante el recorrido por Guerrero “presenciamos y escuchamos de la situación de extrema marginación económica, política y social en la que se encuentra gran parte del estado, principalmente en las zonas de mayor presencia indígena. De particular preocupación son los temas de salud, educación, alimentación, vivienda, empleo digna. Nos consternó que en cuestión de salud y alimentación, Guerrero pueda equipararse a países africanos”.

Agregó que “muchos guerrerenses consideran la migración como la única opción de sobrevivencia, lo cual no llega a ser una solución: escuchamos testimonios sobre las condiciones infrahumanas en las que viven los jornaleros. Y muchos ya sabemos de los riesgos de una migración ilegal a Estados Unidos, tan sólo al intentar cruzar la frontera como ya en la vida allá”.

“Aún reconociendo los retos que implica la pobreza, no podemos aceptar que el gobierno del estado justifique la falta de promoción y garantía de los derechos humanos”, indicó.

Alerta sobre riesgos de agudización de la violencia

Mencionó que “finalmente, más que todo al tener muchos de nosotros experiencia previa en el caso de Chiapas y Oaxaca, tememos que la sensación de cierre de espacios de diálogo por parte de los actores sociales pudiera llevarles a opciones violentas de lucha. En la totalidad de los casos, se han señalado, divisiones, polarización y deterioro del tejido social. Incluso, por ejemplo, en Ayutla de los Libres, recibimos denuncias de actividades paramilitares”.

Por ejemplo citó que “en Xochistlahuaca escuchamos decir: `Algunos indígenas se han levantado en armas. Nosotros nada más levantamos la voz y todavía, es un delito para el gobierno`, o también en La Parota decían: `Nos acusan de secuestradores, de terroristas, de grupos guerrilleros cuando lo que único que hacemos es defender nuestras tierras´, y en Ayutla mencionaron: ´No se han denunciado todas las violaciones (a mujeres) porque no hay garantías que prospere un juicio y todavía menos que se de una sanción´. Destacó: “tememos que las luchas de poder y la conflictividad en general pudieran incrementarse en el contexto electoral de este año. Ello todavía más por los señalamientos a los caciquismos que se presentan en el estado que hemos recibido”.

Propuesta de seguimiento por parte de la delegación

Enseguida expresó que “no consideramos como una situación ajena a nuestras realidades lo que pasa en Guerrero. Nos sentimos más bien corresponsables, ya que consideramos la situación de pobreza como parte de un contexto más amplio de violencia estructural, agudizado por la implementación de políticas neoliberales promovidas por nuestros países. Por ello nos comprometemos a redactar y difundir información sobre lo que vimos, así como a incidir sobre las autoridades respectivas en la temática”.