Reseña Estratégica, 01 de febrero de 2008 (www.msia.org.br).-El llamado de Andrés López Obrador y del amplio movimiento nacional que encabeza a defender la industria energética no podría ser más puntual a la luz de que Felipe Calderón nominó a Juan Camilo Mouriño como su nuevo Secretario de Gobernación para negociar reformas legislativas que permitan nuevas formas de inversión privada en las estratégicas Petróleos Mexicanos( PEMEX) y Comisión Federal de Electricidad (CFE), que pueden llevar de facto a una privatización de dichas empresas sin tener que modificar
Estas reformas son una ambición reiterada de los apologistas del neoliberalismo empeñados neciamente en impedir que el Estado ejerza sus potestades constitucionales como guía y garante del desarrollo nacional en beneficio de
Andrés Manuel López Obrador ha demostrado que no sólo es posible, sino que es una responsabilidad patriótica rescatar al sector energético al servicio del desarrollo nacional, ya que se cuenta con recursos gubernamentales para la expansión y crecimiento del sector, aun sin realizar modificaciones radicales de la política económica neoliberal pero sí modificando criterios en el gasto del Gobierno. Como es de sentido común en cualquier parte del mundo, es incomprensible que se califique técnicamente en bancarrota a PEMEX, productor y exportador de petróleo a precios internacionales sin precedentes. El engaño es mayúsculo y encubre una política perversa de menoscabo del interés nacional a favor de grandes aberraciones económicas, no sólo de una política decadente y probadamente incompetente en los objetivos que dice perseguir, si no descaradamente a favor de bucaneros y especuladores financieros.
Dado que a través de impuestos, derechos y aprovechamientos de PEMEX, la renta por exportaciones (restando su costo de ventas y gastos generales) es absorbido por el gobierno en su totalidad, y de hecho la empresa es forzada a endeudarse si sus recursos no cubren esas obligaciones fiscales, es del todo evidente que el imperativo de política económica debe ser la modificación de criterios de inversión y utilización de dichos recursos públicos.
La llamada inversión privada no pretende quedarse con la empresa sino que ésta sea administradora de servicios privados, mientras que los contratistas nacionales o extranjeros se apropian de la renta, es decir de las jugosas ganancias de la paraestatal. Según Mario Di Constanzo, Secretario de
Tales recursos son administrados por el Estado, que ha venido privilegiando gastos innecesarios y pago de deudas sin ton ni son, en vez de que, aún en una parte mínima, tales recursos se empeñen en el fortalecimiento y crecimiento de la industria petrolera nacional.
Contra esos criterios abyectos y traicioneros es a lo que se dirige la resistencia nacional. La octogenaria economista mexicana, Ifigenia Martínez, el día de la conformación del Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo el pasado 9 de enero reiteró que el petróleo es "patrimonio de todos los mexicanos y tiene un alto valor de mercado" pero es utilizado "en perjuicio de la capacidad productiva de
En sus permanentes giras por el país, AMLO viene reiterando que "es una política entreguita que se ha seguido en los últimos 25 años. Los gobiernos priístas privatizaron las minas, los bancos, los ferrocarriles y parte de la industria eléctrica, pero lo que más les interesa es el petróleo y para ello han llevado a cabo una estrategia consistente en quitar todos los recursos a la paraestatal, con el propósito de que se crea que está en crisis y el único camino es entregarla al capital privado extranjero. "¡Eso no lo podemos permitir, sería el acabose, ya que el país perdería los recursos que le permitirán desarrollarse!"
En este contexto amplio de resistencia nacional es que señaló a Felipe Calderón, Juan Camilo Mouriño y Jesús Reyes Heroles, entre otros, como "candidatos a traidores a la patria".
Fuente: Kaos en
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