La impunidad es más fuerte: Márquez y Ackerman

Patricio Cortés

pcortesc@yahoo.com.mx

* La SFP cubre las espaldas * PGR, en el juego de la política * Jueces para cortina de protección * Un gobierno gerencial que burla los controles jurídicos y fomenta corrupción * Con fideicomisos que no son fiscalizables mueve miles de millones de pesos que no se sabe dónde quedan * Viola la ley para utilizar al Ejército en labores fuera de lo que constitucionalmente le corresponde * La responsabilidad implica sancionar al presidente de la República si comete un ilícito

Aunque no como se presume, ha habido un avance en la transparencia en cuanto a la información gubernamental. A la par que investigaciones periodísticas son hoy libros con importantes ventas. Ahora sabemos, respecto a la corrupción, lo que antes sospechábamos, sólo que los desfalcadores del país siguen impunes.
Seguramente al lector le vendrán a la cabeza muchos casos de corrupción de los que se enteró por los medios, cuyos responsables se pavonean impunemente. Algunos de estos fueron ventilados gracias a un avance en materia de transparencia, otros tantos por profundas investigaciones periodísticas y (quizá los más) por filtraciones que hacen los enemigos políticos del señalado, muchas veces muy cercanos al poder.
Si bien es importante reconocer que muchos textos periodísticos hacen temerarias afirmaciones basándose sólo en conjeturas, hay otros muy bien documentados, y sin embargo en términos jurídicos no pasó nada.
El especialista en derecho penal, rendición de cuentas y combate a la corrupción, Daniel Márquez Gómez nos dice: "El manto de impunidad ahora es más fuerte; las personalidades que incurren en actos de corrupción están conscientes de que no importa en cuantas columnas se publicite el acto de corrupción siempre van a contar, desde el punto de vista administrativo, con un órgano que les va a cubrir las espaldas, la Secretaría de la Función Pública (SFP). En el ámbito penal, atendiendo al juego de la política van a contar con la Procuraduría General de la República (PGR) para lo mismo y, en algunos casos, van a contar con una judicatura integrada por jueces que posiblemente desde el contexto de los intereses creados o del desconocimiento del derecho van a intentar poner también una cortina de protección. Saben que el aparato institucional se va a mover en términos de los intereses políticos en turno".
Refiere: "Nuestro país desafortunadamente enfrenta una carencia bastante fuerte de liderazgo. Se criticaba mucho al presidencialismo omnímodo de cierto partido político, pero habría que reconocer que cuando se dieron casos que llegaron a ser primera plana en medios de comunicación, las instituciones se movían. Si usted quiere interesadamente, para quitarle del fuego las castañas al presidente de la República; pero se movían y se defenestraba al corrupto, al que había sido exhibido y en casos extremos como Jorge Díaz Serrano, como Fausto Cantú Peña terminaban en la cárcel. Hoy en día no se da ese mecanismo".
"En el país ideal, el principio de legalidad debe ser la orientación y la guía de quien ejerza un cargo público. El problema que tenemos es nuestro país real donde parece haber una subordinación de la norma jurídica al interés político".
Critica la creación de comisiones en el Legislativo para investigar ilícitos, que por cierto no suelen dar resultados: "Advertimos que aparentemente el instrumento institucional (PGR, SFP, Hacienda, etcétera), no está haciendo lo que debe hacer. Entonces tiene que entrar otra parte de las instituciones, la Cámara de Diputados para generar una comisión cuyo gran problema es que queda sujeta al libre juego del interés político y en el momento en que la política entra a la justicia la contamina y parte de ello es la impunidad".
Los reporteros no solemos tener formación de investigadores criminalistas por lo que resulta increíble que nosotros encontremos los ilícitos y las autoridades no.
—La respuesta que nos podríamos dar es la siguiente: o de a tiro nuestros policías son brutísimos y no aprenden lo que en teoría les fueron a enseñar (cursos en el extranjero, conferencias, etcétera) o tendríamos que decir con mucha tristeza que los intereses políticos se entrecruzan e impiden que una buena investigación, que se pueda realizar, llegue a donde debe llegar: a imponer las sanciones a quien haya violado la ley.
A pesar de que somos el país de la transparencia todavía hay temas tabú, ocultos. Pero hay algo peor: la transparencia nos está colocando a los mexicanos ante un espejo brutal: Antes sospechaba que mis autoridades eran ladronas, ahora ya sé que son ladronas y corruptas. Me encuentro con el problema de ¿qué va a suceder? Sigo en el país de no pasa nada. Ahora las evidencias de que violaron la ley se presentan a cada momento, al menos desde la perspectiva de que yo veo un patrimonio que no pudo construirse con las contraprestaciones que el Estado otorga por el ejercicio de la función. Entonces yo digo: ahí sucedió algo y lo estoy viendo", agrega el también autor del libro Función jurídica de control de la administración pública.
Advierte que incluso gobiernos futuros podrían verse atados de manos para sancionar los ilícitos de hoy: "El problema son los mecanismos de prescripción de la pena. Por ejemplo, el caso del Fobaproa (Fondo Bancario de Protección al Ahorro), ya son más de 10 años y cualquier investigación que se pudiera realizar para lo único que serviría es para incrementar la memoria histórica. O por ejemplo esto que sucede con el 68, cuando se han integrado las averiguaciones previas llegan ante el juez y dice que prescribieron los delitos. Se diseñan los mecanismos de corrupción y la cortina de impunidad de manera tal que aunque llegue alguien a realizar algo honesto simplemente no se va a poder sancionarlos".
"Es el uso inadecuado de la prescripción lo que permite la impunidad. A la gente corrupta no la puedes acusar de tonta. Ellos quieren disfrutar del dinero que roban, los beneficios ¿Cómo logran esto? Diseñando mecanismo que les garanticen el máximo de impunidad", agrega el doctor Daniel Márquez, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (IIJ-UNAM).
Denuncia: "Se pierde de vista lo que jurídicamente está normado: Todo poder dimana del pueblo y se instituye para el propio pueblo. Parece ser que se trastoca el sentido de las cosas y se llega a la idea de que el poder debe ejercerse para obtener los mayores beneficios económicos".
Tenemos a una administración que so pretexto de gobierno gerencial, de la calidad y satisfacción al usuario, burla los controles jurídicos y fomenta corrupción. Acude a figuras del derecho privado, como el fideicomiso para que so pretexto de que no es fiscalizable mover miles de millones de pesos que después no sabe uno dónde se quedan. Acude a mecanismos vinculados con una supuesta emergencia de combate al narcotráfico y viola la ley para utilizar a nuestro Ejercito en labores fuera de lo que constitucionalmente le corresponde".
Difiere con la idea de un presidente intocable: "Tradicionalmente la ideología jurídica interpreta que durante el ejercicio de su cargo solamente puede ser sujeto a procedimiento por traición a la patria o delitos graves del orden común, que es una interpretación en mi opinión desafortunada que se hace del párrafo segundo del artículo 108 constitucional. El presidente cuando entra a su cargo jura cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen y además se deja en claro que si no lo hace así la nación se lo debe demandar. Demandar es la responsabilidad y la responsabilidad implica sancionar al presidente de la República si comete un ilícito".
Nos dice que puede haber un círculo virtuoso basado en la transparencia, la redición de cuentas y la responsabilidad de los servidores públicos, donde los ciudadanos puedan encontrar las desviaciones contrastando la información a la que tienen acceso con lo que el funcionario dice que hizo y solicitar sanciones como lo marca el 109 constitucional.
No obstante reconoce: "El gran problema es cuando entramos al diseño institucional. Tenemos a una Secretaría de la Función Pública cuyo titular lo designa el propio presidente de la República que llega al cargo perteneciendo a un partido político. Esto implica que tiene interés en un partido político y aquí viene un tema: ¿Cómo equilibramos los intereses del presidente de la República como integrante de un partido político con las responsabilidades que desde el punto de vista de la ley se le asigna?"
Por su parte, el también investigador del IIJ-UNAM John Mill Ackerman Rose, especialista en transparencia, señala: "Podemos afirmar que una Ley de Acceso a la Información Pública no es suficiente para combatir las practicas y las tradiciones del ejercicio autoritario de poder, en particular en la lógica de la razón de Estado que predomina en el comportamiento de los funcionarios públicos".
Complementa: "Incluso una ley de información pública a secas, aislada, puede en su caso estimular mayor opacidad porque una vez que los funcionarios públicos se dan cuenta de que cualquier documento que generen puede ser solicitado por los ciudadanos, la respuesta más inmediata, más natural es que el servidor público documente menos".
"Una encuesta reciente mandada a hacer por el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) demuestra que entre 25 y 30% de los servidores públicos aceptan que desde que entró en vigor la ley de transparencia documentan menos sus decisiones,
John Ackerman propone: "Para asegurar que la transparencia y un instituto de información pública provoquen un cambio de cultura y de prácticas de nuestros gobernantes, no es suficiente tener la ley, debemos tener autoridades dispuestas a hacerlo valer, aplicarlo. Complementar la ley de transparencia con una de archivo y generar una actitud independiente de los organismos.
Advierte: "La transparencia a secas puede tener el impacto negativo de generar mayor sensación de impunidad, porque solamente tenemos la transparencia y nos enteramos de todas las violaciones a la ley que ocurren, pero no podemos hacer absolutamente nada. Urge que se acompañe la ley federal de transparencia con nuevas legislaciones innovadoras, diseñadas para combatir la corrupción".
Diagnóstica: "La Secretaría de la Función Pública no ha sido efectiva en el combate a la corrupción. El auditor Superior de la Federación ha sido mucho más efectivo pero la Suprema Corte de Justicia en la misma ley lo ha atado de manos. El IFAI es dependiente del Poder Ejecutivo. Entonces no tenemos un sistema efectivo de rendición de cuentas, fiscalización y combate a la corrupción del Estado mexicano. Urge una reforma integral de este diseño institucional así como la aprobación de leyes complementarias: una ley de conflicto de intereses, una de archivos, una de combate a la corrupción específicamente, una ampliación a la ley federal de responsabilidades para mejorar el combate a la corrupción, una ley de estímulos a denunciantes".
En cuanto a la omisión frente a delitos hechos públicos por la prensa opina: "Hay una gran simulación e impunidad que son dos de las grandes claves de como se ejerce el poder en México. Y esto es lo que no ha cambiado, tenemos elecciones relativamente bien organizadas, más allá de lo que podamos opinar del 2006, pero siguen muy vigentes las prácticas de simulación e impunidad. Los periodistas hacen un mejor trabajo de investigación, eso es mejor que nada, pero nuestras autoridades deberían mostrar el mismo interés y efectividad en extirpar este cáncer de la corrupción del Estado mexicano".
El mismo IFAI ha demostrado no estar tan en favor de la libertad de expresión pues censuró un texto de John Ackerman, curiosamente hablaba del acceso a las boletas electorales. El argumento: falta de méritos académicos, lo cual llama la atención, pues el investigador ha publicado un sin fin de artículos en revistas especializadas, es consultor de USAID, OCDE, PNUD, Global Integrity, la Open Society Institute, el International Budget Project, la Secretaría de la Función Pública, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Cámara de Diputados y es presidente adjunto de la Asociación Internacional de Derecho Administrativo.
Frente al suceso comenta: "Esto es un acto de censura del IFAI una institución gubernamental encabezada por dos funcionarios públicos, dos dictaminadores externos pagados por el gobierno. No se vale que el IFAI intente escudarse en las opiniones de unos académicos cuando ellos toman la decisión y tienen que asumirlo como tal. Por la dependencia del IFAI del Poder Ejecutivo es su posición de censurar y eliminar los puntos de vista que no convienen al poder".
Critica al organismo en cuanto a sus decisiones: "Hay muchas cosas que son muy preocupantes sobre todo respecto a fotografías de funcionarios públicos y declaraciones patrimoniales. Es claro que la protección de los rostros de nuestros gobernantes sí podría facilitar impunidad y falta de rendición de cuentas en el ejercicio del poder público".
Hoy muchos trabajamos destapando cloacas, las autoridades se suelen hacer de la vista gorda y queda la pregunta en el aire ¿hasta dónde se los permitiremos?

Fuente: Forum en línea.