La banca promueve la privatización petrolera

Acuerdo PRI-PAN

Según el grupo financiero Banamex “existe un acuerdo básico entre la administración (del presidente Felipe) Calderón y el Partido Revolucionario Institucional (PRI)” para la reforma energética. El acuerdo incluye al PAN y se busca el apoyo de los partidos minoritarios para aprobar la privatización de Pemex en el período de sesiones que va de febrero a abril del año en curso.

La intención es obvia, imponer una mayoría parlamentaria dócil. Sin embargo, no todos los legisladores del PRI ni todos los partidos minoritarios parecen estar de acuerdo. El PRD y demás partidos que integran al Frente Amplio Progresista (FAP) han manifestado su rechazo a tal reforma.

Banamex se basa en las declaraciones que legisladores del PRI y el PAN han venido haciendo a los medios. Son legisladores proclives a la privatización petrolera. La banca se orienta por las decisiones de las cúpulas políticas ignorando la legalidad constitucional y al pueblo de México.

Van por el petróleo crudo

La pretendida reforma enérgica se centra en “autorizar” la participación privada en la exploración de petróleo en aguas profundas, así como en almacenamiento, transporte y distribución de productos petroleros.

Tales funciones están reservadas en exclusiva al Estado mexicano para que sean realizadas a través de Pemex. En 1995, se reformó la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo para permitir la participación del capital privado en la distribución, transporte y almacenamiento de gas natural en todo el territorio nacional. Hoy estas funciones, incluido el transporte por ductos de gas LP las realizan corporaciones transnacionales y sus filiales con base en 185 permisos privados otorgados por la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

Estas reformas son plenamente inconstitucionales porque contradicen a lo dispuesto por la Constitución en los párrafos 4º. y 6º. del artículo 27 constitucional. Las nuevas reformas que se promueven con relación al petróleo crudo también serían inconstitucionales.

Quieren reforma constitucional

Para Banamex, “la modificación de leyes secundarias puede no proveer de certeza legal suficiente a los inversionistas”. Eso es obvio, la inconstitucional reforma a la legislación secundaria petrolera significa operar en la ilegalidad. Lo que quieren los inversionistas privados es la reforma constitucional, es decir, modificar regresivamente los artículos 27 y 28 constitucionales.

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Contrariamente a lo que promueve la banca privada, los trabajadores proponemos REVOCAR todos los permisos otorgados ilegalmente por la CRE y desparecer a ésta.

Labastida busca opciones

Los promotores de la privatización de PEMEX están entrampados, saben que la reforma energética que auspician sería ilegal por inconstitucional. La reforma a las leyes secundarias debe ser congruente con al Constitución porque, esas leyes, reglamentan el pacto político de la nación expresado en la Carta Magna.

Tratando de eludir la ilegalidad, el senador Francisco Labastida (PRI) considera ahora establecer “un régimen especial para proyectos de inversión, restringido a ciertas zonas del Golfo de México y en las fronterizas a los límites territoriales del país.”

Se trata de salidas constitucionalmente falaces que, simplemente, adornan al proceso privatizador.Las zonas restringidas serían los 239 bloques que Pemex Exploración y Producción (PEP) ha identificado en el Golfo de México para la exploración y explotación de petróleo crudo y gas natural en las aguas profundas. El “régimen especial” no sería otro sino las llamadas alianzas estratégicas con las corporaciones petroleras. Las zonas identificadas tienen sus límites territoriales con los llamados Hoyos deDona que los Estados Unidos ya exploran.

Impedir la reforma energética

El PRI y el PAN constituyen una mayoría en el parlamento pero carecen de razones y fundamentos legales. Si intentan seguir adelante e imponer compulsivamente su reforma a la legislación secundaria incurrirían en ilegalidad plena. Esas reformas serían, desde ahora, inconstitucionales.

La banca privada quiere la reforma, sea constitucional o inconstitucional, porque esas medidfavorecerían la creciente ganancia capitalista. La banca privada protege sus intereses y la de sus socios,contra del interés nacional; esa banca debe ser re-nacionalizada y puesta al servicio del desarrollo democrático de la nación.

El FTE de México llama a los mexicanos (as) a movilizarse tomando todas las iniciativas al alcance, asumiendo una dinámica propia por parte de las organizaciones sociales existentes, creando nuevas organizaciones e integrando un Frente Nacional de Defensa de los Recursos Naturales para impedir la reforma energética neoliberal y promover una nueva política petrolera independiente.

Frente de Trabajadores de la Energía

De México