El caos y la reforma energética

Luis Linares Zapata

El caos y la reforma energética

El sector energético nacional se ha convertido en una inmensa maraña de aberraciones estratégicas, conceptuales, organizativas, políticas y financieras. Las causas de tal mazacote apuntan a arraigadas pretensiones privatizadoras, tráfico masivo de influencias, cálculos errados, políticas públicas defectuosas o mal intencionadas, torpezas de sus directivos y sendos negocios particulares. Haciendo caso omiso del caos, se piensa, por exigencias de la derecha, nacional y foránea, lanzar una ofensiva de reforma (la misma de siempre) dirigida desde Gobernación. El resultado se anticipa dañino para los intereses y el futuro de los mexicanos.
Un primer punto a destacar es el falaz asunto de la carencia de recursos de inversión para Pemex. Transparente sinrazón con la que se quiere promover el auxilio del capital privado y que ha sido argüida a pesar de la innegable bonanza de los ingresos petroleros (con la concomitante utilidad de operación y flujo de efectivo disponible) durante los últimos siete o 10 años. Otro punto recuerda la inexplicable decisión de priorizar extracciones masivas de crudo para la venta externa. Con ello se han secado reservas y beneficiado a los transformadores externos que regresan gasolina a costo creciente. Al principio la compra de carburantes no era eslabón sustantivo, pero el incremento en las importaciones deviene ahora punto crucial en la balanza comercial, ya de por sí deficitaria. Lo importante de este modo operandi ha sido la posposición, hasta estos aciagos días, de refinerías propias (recuérdese el proyecto Fénix tan cacareado).
La injerencia desmedida del sindicato tiene sustento en el cínico empleo de sus líderes para apoyar financieramente las campañas del PRI. Trafiques descarados que se arrumban en la trastienda de las componendas y las presiones aliancistas del PRIAN. En esos trastupijes encuentra duro basamento el ya santificado cuan rampante contratismo que, ahora, ha sido elevado un escalón adicional e introducido al seno mismo de las administraciones de Pemex y CFE. Sensible nudo de la casi incomprensible madeja actual lo apunta el abandono presupuestal y de funciones relegadas a que se sometió durante ya más de dos décadas al Instituto Mexicano del Petróleo. De ahí el alegato de incapacidad tecnológica para la exploración en aguas profundas, sustento de las propuestas alianzas estratégicas con empresas trasnacionales. Y qué decir del uso inmisericorde de los ingresos de Pemex para financiar la hacienda pública y eludir con ello el castigo a los privilegios fiscales, piedra angular de todo el tinglado de malos manejos en el campo energético. La dependencia de la renta petrolera es monumental (40 por ciento del total del presupuesto) e inmoviliza las decisiones para invertir las sumas que la energía demanda y que se relegan año con año. Hay que señalar las feroces presiones de los gobernadores para apropiarse de los llamados excedentes petroleros. De tales recursos dependen sus ambiciones personales y el consiguiente manipuleo electoral. Así, el Ejecutivo se convierte en tierra de nadie, se truncan las inversiones en el propio sector e imposibilita una adecuada planeación de la industria.
Antes de legislar sobre este fantasmagórico mazacote hay que repensarlo todo desde sus bases mismas. Volver a plantear, por íntima sanidad, con datos verificables, el futuro de un sector, el más importante para la viabilidad de esta asediada República. Reconocer que la deuda con que se ha lastrado a Pemex no es más que deuda gubernamental trasladada a esa empresa. De similar manera como a la CFE y a LFC se les sobrecarga la política de subsidios para la industria y los consumidores individuales para luego proclamar con alevosía el déficit y aun la quiebra de ambas organizaciones que son muy rentables.
El proceso de enredos se inició con las susodichas modernizaciones planteadas en el ilegítimo sexenio de Carlos Salinas y su proclamada apertura (cogeneraciones) del sector eléctrico (Ley reglamentaria del 92). Siguieron los intentos de remate que pretendió llevar a cabo el más entreguista de los presidentes neoliberales: Ernesto Zedillo. Sus fracasadas negociaciones, llevadas a mal término por su amanuense (Luis Téllez), afortunadamente para la nación, terminaron en un aquelarre entre priístas y sus manoteos por la caja electoral. Sin embargo, dejaron señalada la ruta para que el vendedor de Coca-colas renovara la tendencia marcada por sus antecesores y patrones. Fox hizo cuanto ofrecimiento se le ocurrió ante propios y extraños para que le entraran al estratégico sector de la energía para hacer negocios. Sus esfuerzos de remate concluyeron en los famosos contratos de servicios múltiples para permitir la injerencia trasnacional en el ramo gasífero (Burgos), contratos que han resultado sumamente onerosos e inefectivos y que, sin embargo, se tratan de extender a la exploración y otros campos adicionales con previsibles malos resultados.
La parte más trascendente de las contrahechuras de Fox, ese ranchero rencoroso, se concretó en el ramo eléctrico, donde se dio cauce a una ruidosa privatización bajo distintas formas de cogeneración. Con ello se posibilitó que hoy más de 30 por ciento de la electricidad que se consume en México sea producida por empresas extranjeras, principalmente españolas. El resultado ha sido una energía más cara, enormes pasivos lastrados con altos intereses, intercambio indebido entre los titulares de las concesiones (dentro y fuera del ámbito y control nacionales), venta ilegal del fluido y derivadas criminales como las inundaciones de Tabasco que permanecen en la más profunda de las opacidades. Este cúmulo de innobles tareas, impulsadas por Fox y concretadas por Calderón, cuando era su secretario de Energía (apoyado por el interesado negociante de concesiones Mouriño) desembocaron en sendas denuncias de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que fueron combatidas, ante la Suprema Corte de las impunidades declaradas, por la presidencia de los gerentes.
La ASF ha quedado por acuerdo de la Corte incapacitada para aclarar la pertinencia y legalidad de los contratos eléctricos que apuntan, a juicio de los auditores, a serias irregularidades. Los negocios que se han incubado y que se desarrollan aquí son enormes sin que se les pueda airear ante la sociedad y menos hincarle el diente de la justicia. Lo hasta aquí explorado es una pequeña parte del diagnóstico pendiente. No al mañoso que Calderón se refirió en días pasados ante sus correligionarios, sino al que todos deben contribuir para defender lo propio.

http://www.jornada.unam.mx/2008/01/30/index.php?section=opinion&article=025a1pol