San Cristóbal de las Casas, Chis. La junta de buen gobierno (JBG) El camino del futuro, en el caracol de La Garrucha, denunció la persecución judicial contra Alfonso Cruz Espinosa, base de apoyo zapatista, bajo el pretexto de la tala de “un árbol chiquito” de su propiedad, mientras los verdaderos taladores ilegales gozan de protección oficial.
El 23 de septiembre, la señora María Socorro Trujillo y sus hijas (madre y hermanas de Cruz Espinosa), quienes viven en la ciudad de Ocosingo y ya anteriormente han sido usadas por el gobierno estatal para hostigar judicialmente a Alfonso, “prefabricaron acusaciones contra nuestro compañero” que vive en San Antonio Toniná.
El árbol en cuestión sirvió para construir la casa de artesanías del municipio rebelde Francisco Gómez en las afueras del sitio arqueológico de Toniná. “Fueron las bases de apoyo zapatistas quienes tumbaron ese árbol, con autorización de la JBG y los cuatro municipios autónomos”.
La JBG exige la cancelación inmediata de la orden de aprehensión contra su compañero “porque es inocente”, y cuestiona: “¿Por qué no están en la cárcel esos cabrones que sacan, roban y destruyen los recursos naturales en los ejidos San Miguel, Nuevo Pataté, Tierra Negra, Pamalá y otras comunidades en territorio zapatista?”. Señala que “los tres niveles del mal gobierno le han dado permiso de talar maderas al señor Mauricio, de Comitán”, y ahora extrae “miles de pinos cada día en trozos y planchones”.
Las autoridades autónomas apuntan que “el gobierno federal cada día transmite en radio y televisión que hay que cuidar el medio ambiente”, pero es “su mentira”, pues en realidad “están acabando y destruyendo los bosques y árboles finos”. Exigen que sean encarcelados quienes sacan madera de las comunidades. “Como pueblos zapatistas defenderemos lo que es nuestro”, advierten.
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