AGENCIAS / VIERNES, ENERO 11, 2013
A pesar de los estudios ambientales que demuestran la alta concentración de metales pesados en la cuenca del río Coatzacoalcos, las autoridades ambientales han sido omisas, y en algunos casos “cómplices” de PEMEX, quien ha causado derrames y descargas contaminantes a los afluentes, advirtió Beatriz Olivera, encargada de la campaña de Cambio Climático de la organización Greenpeace.
En entrevista, señaló que estudios realizados por instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), han revelado que la industria petrolera ha generado una grave contaminación, sin embargo los derrames de hidrocarburo ocurridos en 2004 y 2011, donde se vertieron más de 3 mil barriles de crudo al río Coatzacoalcos, han empeorado la situación.
Luego de que se diera a conocer un estudio donde se revelan concentraciones de mercurio en el cabello de pobladores de la cuenca del Río Coatzacoalcos, en niveles que exceden las recomendaciones de salud, advirtió que esta situación ha sido denunciada en innumerables veces.
El estudio coordinado por el Instituto de Investigación sobre Biodiversidad (BRI por su sigla en inglés), y realizados en México por Ecología y Desarrollo Sostenible en Coatzacoalcos, A.C. y el Centro de Análisis y Acción en Tóxicos y sus Alternativas (CAATA), analizó 22 muestras de cabello donadas por hombres y mujeres que son pescadores o que venden pescado de la cuenca del Río Coatzacoalcos y en las tres cuartas partes de la muestra se encontró mercurio en niveles más altos que la dosis aceptada.
Aunque la organización ambiental Greenpeace no participó en este estudio, Beatriz Olivera señaló que a pesar de la grave contaminación causada por Pemex, la limpieza y remediación han sido prácticamente nulas, y como ejemplo citó el caso del derrame de petróleo en el río, pues en su momento tomó cuatro meses llevar a cabo la limpieza de más de mil 500 barriles que se vertieron en las aguas del cauce.
Esto es una muestra de “la dilación en los procesos, cómo es que Pemex reacciona de una manera muy lenta a una contingencia ambiental y cómo las autoridades ambientales de alguna manera solapan esta forma de actuar y no hay como tal quien obligue a la paraestatal a hacerse responsable de lo que está ocasionando”, dijo.
Ante esta dilación lo único que le queda a la sociedad civil y en particular a las organizaciones como Green Peace, es demandarle a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) que se agilice el proceso de las demandas, pues son diversos sectores que están exigiendo atención en las afectaciones.
Reveló que el resultado de esta contaminación trae una elevación en el nivel de los metales pesados en el agua, y si bien no se puede decir que tenga un efecto inmediato o directo en la salud de la población, si se debe de reconocer que esto implica un riesgo.
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